Por las razones anteriormente expuestas. este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decreta el Sobreseimiento Definitivo por prescripción de la Acción Penal a favor de los jóvenes DATOS OMITIDOS; de conformidad con lo establecido en el articulo 561 literal d de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente en concordancia con el artículo 615 eiusdem y 318 numeral 3 y 48 numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal, en la causa seguida en su contra por el delito de Lesiones Intencionales Personales Graves previsto en el artículo 417 del Código Penal anterior. Notifíquese a la victima.

"ÚNICO": Cumplidos los requisitos del Artículo 185-A del Código Civil, este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara DISUELTO el vínculo que contrajeran los ciudadanos HECTOR JOSE RAMOS CASTILLO y GLORIA ELENA SANCHEZ DE RAMOS ya identificados, por ante la Jefatura Civil de la Parroquia Concepción Municipio Iribarren del Estado Lara, en fecha 05 de Febrero de 1.986. De dicha unión matrimonial procrearon (2) hijas, quienes son mayores de edad. Ofíciese a la Jefatura Civil y al Registro Principal. La presente sentencia queda firme en su misma fecha. Publíquese y Regístrese. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los diecisiete días del mes de mayo de dos mil siete. Años: 197º y 148º .

declara CON LUGAR la solicitud de cumplimiento y revisión de la obligación alimentaria, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 365 y 523 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, en concordancia con lo establecido en el artículo 362 del Código de Procedimiento Civil. En consecuencia, se ordena el CUMPLIMIENTO del auto interlocutorio con fuerza de definitiva dictado en fecha 14-02-2001 por este Juzgado, y por consiguiente, se condena al demandado, a pagar por concepto de pensiones alimentarias atrasadas,

a tenor de los establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del niño y del Adolescente, HOMOLOGA, el acuerdo suscrito entre las partes.