Ahora bien, luego de lo manifestado, no consta en autos que el trabajador insistiera en ejecutar la orden dictada por el órgano administrativo del trabajo, ni se observó interés en el procedimiento de multa tramitado. En consecuencia, es evidente la falta de interés actual del querellante en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto. Así se decide.

En conclusión, en criterio de quien sentencia plasmado en decisiones anteriores (KP02-N-2010-564 y KP02-N-2010-583), no corresponde el conocimiento al Juzgado de Primera Instancia de Juicio, sino a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, por lo que conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, declina la competencia en los mencionados órganos jurisdiccionales a quien corresponderá pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión propuesta en razón de la materia. Así se establece.-

El criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 establece que el conocimiento de los recursos de nulidad contra las providencias administrativas emanadas de los inspectores del trabajo en materia de inamovilidad, lo conocerán los Tribunales del Trabajo en Primera Instancia, no incluyendo en el conocimiento de éstos a las providencias dictadas por el mismo órgano administrativo del trabajo en otros procedimientos, como en este caso que se trata de una impugnación del acto administrativo dictado por la Inspectoría del Trabajo en la tramitación de un conflicto colectivo por el cierre ilegal de un establecimiento mercantil. En conclusión, en criterio de quien sentencia plasmado en decisiones anteriores (KP02-N-2010-564 y KP02-N-2010-583), no corresponde el conocimiento al Juzgado de Primera Instancia de Juicio, sino a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental,.....

El Artículo 133 de la Ley Orgánica del Trabajo establece el principio de primacía de la realidad salarial, según el cual, no interesa "la denominación o método de cálculo" y conforme al Artículo 135 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, el empleador tenía la carga de demostrar el pago y control sobre tales cantidades para evitar que entraran libremente en el patrimonio del trabajador. En casos similares a éste, el empleador cumplió dicha carga, pero en el presente asunto, no consta ni el pago, ni las declaraciones del trabajador sobre los gastos efectuados; por lo que el pronunciamiento será parcial en este sentido.

Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que el actor indica que era personal de confianza, y por ende no le correspondían los beneficios establecidos en la convención colectiva celebrada entre el empleador y el sindicato respectivo, razón por la cual se recuantifican los montos pretendidos, estableciendo como monto adeudado la cantidad de Bs. 600.000,00 el cual comprende todos los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. En virtud de la aceptación del actor, en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se evidenció el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.-