Por todo lo antes expuesto, éste Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo, Bancario y Marítimo del Municipio Puerto Cabello, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara convertida en divorcio la Separación de Cuerpos de los ciudadanos GERARDO ENRIQUE PINEDA MONASTERIOS y CARLA CRISTINA BARRIOS VEGA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las Cédulas de Identidad Nos. V- 13.332.689 y V-13.955.316, respectivamente, y en consecuencia, disuelto el vínculo conyugal que contrajeron por ante la Prefectura de la Parroquia Salom, Municipio Autónomo Puerto Cabello del Estado Carabobo, el día 27 de Diciembre del año 2000, según Acta N° 149 de la referida fecha.

En consecuencia se homologa dicho desistimiento y se acuerda tenerlo como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada.- Se ordena el Archivó del presente expediente.

Por todo lo anteriormente expuesto, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito, Trabajo, Marítimo y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, y en consecuencia EXTINGUIDO EL PROCESO.

DISPOSITIVA: Es por todo lo anteriormente expuesto, que este Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Transito, Trabajo, Marítimo y Bancario del Municipio Puerto Cabello de la Circunscripción Judicial del Estado Carabobo, Administrando Justicia, En Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y Por Autoridad de la Ley; Declara EXTINGUIDO el presente proceso, que mediante demanda intentará la Abogada BEATRIZ DE BENITEZ, actuando en su carácter de Apoderada Judicial del ciudadano JESÚS MARIA RODRIGUEZ, contra la entidad mercantil TRANSPORTE MI CARGA, C.A. y el ciudadano RICARDO CARMELO QUINTERO FERNÁNDEZ, todos arriba mencionados e identificados; cuyo motivo lo es el COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES; produciéndose el efecto señalado en el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil.