Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1) QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 3 de junio de 2008, por la abogada María Bracho Reyes, actuando con el carácter de apoderada judicial del Estado Zulia contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 21 de mayo de 2004. 2) DESISTIDA la apelación incoada. 3) Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, CONFIRMA el fallo proferido por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, el 21 de mayo de 2004. Se ordenó la notificación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por los apoderados judiciales de la sociedad mercantil A.A. MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, C.A., contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 5 de marzo de 2010, mediante la cual declaró Inadmisible la acción de amparo interpuesta por la prenombrada sociedad mercantil contra la "ALCALDÍA DEL MUNICIPIO GUACARA DEL ESTADO CARABOBO". 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMÓ con las precisiones expuestas, el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 5 de marzo de 2010. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Gabriel Jesús Espinoza García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana JOSEFA GREGORIA CARVAJAL, en fecha 7 de julio de 2008, contra el fallo emanado del Juzgado Superior Sexto de lo Contenciosos Administrativo de la Región Capital, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS; 2.-SIN LUGAR, la apelación interpuesta; 3.- CONFIRMA el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por el apoderado judicial de la ciudadana MIRIAM RAMONA GONZÁLEZ, contra la decisión de fecha 24 de febrero de 2011, dictada por el Juzgado a quo, la cual declaró improcedente la medida cautelar de amparo solicitada, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra el CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO VARGAS DEL ESTADO VARGAS. 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la recurrente. 3.- SE REVOCA el fallo apelado, en cuanto a la declaratoria de improcedencia del amparo cautelar solicitado y se declara INADMISIBLE, en virtud de las consideraciones expuestas. 4.- ORDENA a la Secretaría de esta Corte abrir cuaderno separado, a fin de tramitar la apelación de la improcedencia de la medida cautelar solicitada por la parte recurrente.

Esta Corte dictó sentencia en la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Vicente D´ Angelo Piñerua actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Nacional De Geología Y Minería (INGEOMIN), contra la decisión de fecha 30 de noviembre de 2007, dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano RICARDO RUMARDO CASTILLO GARCÍA, actuando en su nombre y representación, contra el INSTITUTO NACIONAL DE GEOLOGÍA Y MINERÍA (INGEOMIN). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCAR la sentencia apelada. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil, Contencioso Administrativo y Agrario del Estado Apure y Municipio Arismendi del Estado Barinas, de fecha 23 de marzo de 2011, mediante el cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano DARWIN ALBERTO SILVA QUERALES, asistido por el abogado Marcos Goitia, identificados en el encabezado del presente fallo, contra el ESTADO APURE. 2.- Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, ANULA la referida decisión. 3.- SIN LUGAR el mencionado recurso 4.- Se ORDENA remitir copia de la presente decisión a la Contraloría General del Estado Apure.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 4 de noviembre de 2003, mediante la cual declaró Con Lugar la acción de amparo interpuesta conjuntamente con medida cautelar, por el apoderado judicial del "MUNICIPIO MARACAIBO DEL ESTADO ZULIA", contra la FUNDACIÓN PARA EL RESCATE, REPARACIÓN, MANTENIMIENTOS, ADMINISTRACIÓN Y CUIDO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO ZULIA (FUNIDEZ). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCÓ el fallo apelado. 4.- INADMISIBLE la acción de amparo constitucional. 5.- CESAN LOS EFECTOS DE LA MEDIDA CAUTELAR acordada en el marco de la acción de amparo constitucional de marras, por el Juzgado a quo. Se ordenó remitir el expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Alexander Gallardo, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ENRIQUE ANTONIO RIVAS GONZÁLEZ, identificado en el encabezado de la presente decisión, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 1º/11/2010, mediante la cual declaró inadmisible por caduco la querella funcionarial interpuesta contra el TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha 9/11/2010, por el apoderado judicial de la parte recurrente. 3.- SE REVOCA la sentencia apelada. 4.- SE ORDENA REMITIR el presente expediente al Juzgado de origen, a los fines que revise las causales de inadmisibilidad del recurso contencioso administrativo funcionarial, a excepción de la causal analizada en el presente fallo.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte consideró necesario solicitar al INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), que consignara ante este Órgano Jurisdiccional en un plazo de ocho (8) días de despacho, los antecedentes administrativos del presente caso, además de copia certificada de la "HISTORÍA CLINICA (sic) DE EMERGENCIA" de la ciudadana Luz Marina de Ramos, del día 2 de enero de 2005, todo ello de conformidad con lo dispuesto en los artículos 4 y 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Asimismo, se ordenó notificar a la PRESIDENTA DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS) y a la SOCIEDAD MERCANTIL ADMINISTRADORAS DE PLANES DE SALUD CLÍNICAS RESCARVEN C.A., a los fines de que esta última, tuviera conocimiento de los requerimientos antes expuestos.

Esta Corte dictó mediante la cual declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido conjuntamente con "medida cautelar de suspensión de efectos" presentado por el ciudadano Álvaro Yturriza Ruíz, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 9.779, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BANCO DE VENEZUELA S.A., BANCO UNIVERSAL contra la Resolución S/N, dictada por el Consejo Directivo del Instituto para la Defensa y Protección del Consumidor y del Usuario en fecha 26 de marzo de 2007, notificada el 15 de junio de 2007.