Así las cosas, de la revisión de las prueba de autos no se evidencia que la demandada haya consignado copias del supuesto expediente de nulidad interpuesto contra el acto administrativo ya mencionado; tampoco indicó el número de expediente asignado; ni se desprende por notoriedad judicial la existencia de una demanda de nulidad contra dicha providencia en el sistema JURIS 2000; por lo que no existe soporte que demuestre los hechos alegados en la contestación. En consecuencia, se declara sin lugar la cuestión prejudicial alegada por el accionado en el escrito de contestación de la demanda, ya que no demostró la existencia de un juicio de nulidad contra el acto administrativo que ordenó el reenganche y pago de los salarios caídos de la actora; ordenándose la continuación del juicio, por lo que una vez quede firme la presente decisión, se procederá a computar el lapso para la admisión de las pruebas, conforme al Artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Como ya se comentó, la parte actora no hizo acto de presencia ni por sí ni por medio de apoderado judicial alguno al momento de anunciarse la audiencia de juicio por el alguacil respectivo; por lo que este Juzgador se ve en la obligación de aplicar los efectos señalados en el Artículo 151 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en conexión con lo establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en la sentencia Nº 810, del 18 de abril de 2006, que permite al trabajador iniciar nuevamente el juicio. Verificado en autos que la audiencia se fijó conforme a lo dispuesto por la Ley, con suficiente antelación y estando las partes a Derecho, resulta forzoso para quien sentencia declarar terminado el procedimiento por la incomparecencia de la parte demandante a la audiencia de juicio. Así se estabelece.

Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que luego de establecer recíprocas concesiones; las partes determinaron como monto definitivo transaccional la cantidad de Bs. 37.000,00, con lo cual quedan satisfechas todas las prestaciones que originan el procedimiento de estabilidad; así como los beneficios laborales generados; no evidenciándose menoscabo de los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece. En virtud de la aceptación de la parte demandante en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.

En consecuencia, se declara ajustada a Derecho la corrección de la nomenclatura del presente expediente. Respecto a la redistribución del asunto, ordenada en el auto de fecha 18 de septiembre de 2013 (folio 109), se declara nula por carecer de fundamento jurídico, a tenor de lo que prevé el Artículo 207 del Código de Procedimiento Civil, decisión que se toma de oficio, por estar afectados trámites y principios procesales de orden público, en acatamiento del Artículo 212 eiusdem, revocatoria de auto de mero trámite prevista en el Artículo 310 del Código de Procedimiento Civil. Por lo expuesto, repone la causa al estado de que la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Estado Lara remita nuevamente el presente asunto al Juzgado que originalmente le correspondió –Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial- a los fines de pronunciarse sobre su admisión y continuar con el procedimiento, conforme lo previsto en el Artículo 211 .....