Se dictó decisión mediante la cual esta Corte1.-QUE ES COMPETENTE para conocer de la regulación de competencia solicitada. 2.- COMPETENTE a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con solicitud de amparo constitucional. 3.- ORDENA al Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital remitir el expediente a la Sala Político-Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia. Se ordenó la notificación. 04

Esta Corte declaró: Por las razones expuestas esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley: ORDENA la remisión inmediata del presente expediente relacionado con el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el abogado Antonio José Meneses Díaz, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano ALONZO JOSÉ HEREDIA DAM, contra la decisión del CONSEJO UNIVERSITARIO DE LA UNIVERSIDAD DE CARABOBO dictada en sesión extraordinaria Nº 1436 de fecha 14 de diciembre de 2006, que acordó aprobar el dictamen emanado de la Dirección de la Consultoría Jurídica contenido en el oficio Nº CJ-729-2006-DISCU de fecha 30 de noviembre de 2006, negando en consecuencia los pedimentos administrativos del prenombrado ciudadano, al JUZGADO DE SUSTANCIACIÓN DE ESTA CORTE SEGUNDA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, a los efectos de que continúe su curso de ley. 04

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta que, de acuerdo al artículo 70 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se encuentra sometida la sentencia dictada en fecha 29 de marzo de 2007 por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2. PROCEDENTE la solicitud de reposición de la causa realizada por la abogada Cecilia Montes de Oca, en su carácter de apoderada judicial del ciudadano Carlos Ávila. 3.- REVOCA el auto de fecha 31 de mayo de 2007, dictado por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo, mediante el cual remitió en consulta obligatoria el referido fallo a esta Alzada. 4.- ORDENA al Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, practique la notificación dirigida al ciudadano Carlos Ávila, a los fines de que se ejerzan los recursos que considere pertinentes. 04

Esta Corte ordenó notificar a la representación judicial del Ministerio para el Poder Popular para la Educación con sede en el Estado Lara, para que dentro del lapso de cinco (5) días de despacho siguientes más cuatro (4) días como término de la distancia, remita el expediente administrativo del querellante, así como el Manual Descriptivo de Cargos o el Registro de Asignación de Cargos o cualesquiera otros documentos relacionados con el caso de autos, de los cuales pueda desprenderse las funciones correspondientes al cargo que desempeñaba la parte recurrente, igualmente el organigrama de la institución recurrida, con la advertencia que una vez transcurrido dicho lapso, se procederá a dictar sentencia con los documentos que consten en autos. 04

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- TERMINADO EL PROCEDIMIENTO por ABANDONO DEL TRÁMITE, en consecuencia: 2.- REVOCÓ la medida cautelar acordada en fecha 7 de diciembre de 2006, mediante la cual se suspendieron los efectos de la decisión dictada el 28 de noviembre de 2006, por el JUZGADO SUPERIOR (ACCIDENTAL) QUINTO AGRARIO, CIVIL Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN SUR ORIENTAL, y; 3.- Consideró inoficioso pronunciarse acerca de las pruebas promovidas mediante el escrito contentivo de la presente acción de amparo constitucional. 04

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró que ACEPTA LA COMPETENCIA declinada por la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia para conocer de la demanda por cobro de bolívares y daños y perjuicios interpuesta por el abogado Juan López Blanco, en su condición de apoderado judicial de la COOPERATIVA SUPROYET 929 R.L., contra la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS. ORDENA la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte, a los fines de continuar con la tramitación de la presente demanda. 04

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la apoderado judicial de la CORPORACIÓN MERIDEÑA DE TURISMO (CORMETUR), contra la sentencia dictada por el referido Juzgado en fecha 4 de febrero de 2003, que declaró "no tener materia sobre la cual decidir", en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por CARLOS LUIS LINARES VIVAS, contra la CORPORACIÓN MERIDEÑA DE TURISMO (CORMETUR). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- ANULA el fallo apelado. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 04

Esta Corte dictó decisión mediante la cual se declaró competente para conocer de la presente causa, SIN LUGAR la referida apelación; Se CONFIRMA la sentencia apelada con los términos expuestos en el presente fallo. 04

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- ACEPTA LA COMPETENCIA declinada el 29 de noviembre de 2006 por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Estado Apure para conocer de la demanda por daños y perjuicios incoada por el abogado Daniel Villanueva, identificado al inicio, actuando en su carácter de apoderado judicial del ciudadano PEDRO MIGUEL GUEDEZ CASTILLO, portador de la cédula de identidad N° 12.585.441, contra la entidad bancaria BANFOANDES BANCO UNIVERSAL. 2. ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte con la finalidad de que se pronuncie sobre la admisibilidad de la presente demanda. 04

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del Contralor General del Estado Mérida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, que declaró con lugar la querella funcionarial interpuesta, contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO MÉRIDA. ANULA la decisión dictada, así como de todas las actuaciones llevadas a cabo por el a quo anteriores a la emisión de la decisión que declaró con lugar la querella interpuesta. ORDENA reponer la causa al estado de admisión de conformidad con la Ley del Estatuto de la Función Pública. 04