Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presntada por la representación judicial de la parte demandante: Capítulo I: El mérito favorable no es per se un medio de prueba admisible; Capítulo II se admitieron las documentales promovidas de conformidad con el art. 429 CPCP; Capítulo III: Se inadmitió la prueba de informes solicitada a CADIVI y se admitió la prueba de informes solicitada a Banco Exterior ordenándose oficiar a SUDEBAN a los fines de evacuar la referida prueba.

Se dictó decisión mediante la cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas promovidas en la audiencia de juicio celebrada el día 19 de marzo de 2014, por el abogado Juan Cristóbal Carmona Borjas, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PRODUCTOS DEL SUR I, S.A.; en consecuencia se admitieron en los siguientes términos: En cuanto a las pruebas promovidas en el capítulo V del escrito de consideraciones y pruebas, consistentes en el merito de las documentales indicadas se admitieron por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes y por cuanto cursan en autos se ordenó mantenerlas en el mismo. En cuanto al mérito favorable del expediente administrativo se advirtió que las mismas no constituyen medio probatorio en virtud del principio de exhaustividad previstos en el artículo 509 del CPC.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la sociedad mercantil demandante de al siguiente manera: En cuanto al mérito favorable del Cap. I del escrito de pruebas, este Tribunal advierte, que ello no constituye medio de prueba alguno, pues el Juez está obligado a pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en las actas en base a los principios previstos en el art. 509 del CPC; En cuanto al mérito favorable de los doc. indicados en los num.1 y 2 del Cap. I, las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, quedando a cargo del juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos, en base a los principios previstos en el art. 509 del CPC, al momento de dictar sentencia, en cuanto al doc. indicado en el num. 3 el mismo no consta a los autos, por tanto no se puede emitir pronunciamiento.

Se dictó y publicó resolución mediante la cuals e proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por la parte demandada admitiéndose las documentales y prueba de informes y se ordenó oficiar a la SIEX.

Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proeveyó sobre el escrito de pruebas interpuesto por la parte demandada admitiéndose las pruebas documentales del Capítulo I y la prueba de informes del Capítulo II ordenándose oficiar a SUDEBAN.

Frente a la evidente ruptura de los preceptos clásicos por parte de la actora que engloban la solicitud de un amparo cautelar, a decir, el carácter accesorio del mismo, así como la tutela cautelar o previsiva de un derecho constitucional, en aras de evitar precisamente la insuficiencia de la ejecución del fallo, así como de la decisión de fondo recaída en fecha 6 de agosto de 2013, debe forzosamente esta Corte declarar sin lugar el recurso de apelación ejercido contra la decisión proferida por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital de fecha 16 de diciembre de 2013, en consecuencia, se confirma la misma en los términos expuestos en la presente motiva, resultando improcedente la acción de amparo cautelar incoada.

Se dictó decisión mediante la cual declaró: 1.-ACEPTA LA COMPETENCIA para conocer de la Demanda por Abstención o Carencia, conjuntamente con Medida Innominada, interpuesta por las Sociedad Mercantil PULILAVADO V.I.P., C.A., CONSORCIO IMACA S.A. e INGENIERIA M.A. C.A., representadas por el abogado Francisco Lepore, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA DEFENSA (específicamente 3era Compañía, Destacamento 57, con Sede en Ocumare del Tuy) Y LA ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AUTÓNOMO INDEPENDENCIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- ADMITE la demanda. 3.-Ordena NOTIFICAR al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, por Órgano de la Guardia Nacional Bolivariana, específicamente, Tercera (3era) Compañía, Destacamento 57, con Sede en Ocumare del Tuy. 4.-Ordena NOTIFICAR la Alcaldía del Municipio Autónomo Independencia del Estado Bolivariano de Miranda. 5.-Ordena NOTIFICAR a la Procuraduría General de la República. 6.-Ordena REMITIR el presente expediente al Juzgado de Sustanciación.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido en fecha 10 de octubre de 2001, por la abogada Karina González Castro, inscrita en el Instituto de Previsión del Abogado bajo el Nº 69.496, actuando en su carácter de apoderada judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada el 26 de enero de 2001 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial de la parte recurrida. 3.- CONFIRMA el fallo dictado en fecha 26 de enero de 2001 por el a quo.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- DECLINA LA COMPETENCIA para conocer de la "demanda por abstención o carencia interpuesta" por interpuesta por la Abogada Josmir Segura actuando en su carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana, RUTH TOVAR RODRÍGUEZ, contra la abstención en que presuntamente incurrió el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA, al no emitir la certificación de ordinariedad como Docente del Instituto Universitario de Tecnología del estado Yaracuy, como consecuencia del concurso especial organizado por dicho Ministerio y subsidiariamente el pronunciamiento sobre la solicitud que la parte demandante realizó al mismo en fecha 4 de febrero de 2013. 2.- Se ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, para que se tramite, sustancie y decida el presente

En esta misma fecha, esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró:1. La NULIDAD del auto de fecha 10 de febrero de 2014 emitido por este Órgano Jurisdiccional, que dio inició al procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2. Se ORDENA la remisión de la presente causa al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, a los fines de que realice las actuaciones necesarias para la notificación de las partes y así poder dar inicio al procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.