Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte demandante de la siguiente manera: 1. En relación al mérito de los autos se advirtió, que no constituye per se medio de prueba alguno sino que está dirigido a la apreciación del ppo. de la comunidad de la prueba y al ppo. de exhaustividad previsto en el art.509 del CPC; por lo que será la CSCA quien valore en la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto; 2. En relación a la documental promovida se admitió en cuanto ha lugar en derecho se refiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente.-

Este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la admisibilidad de la presente demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos por la sociedad mercantil Banco Caroní, C.A., Banco Universal, contra la resolución Nº 135.12 de fecha 04 de septiembre de 2012 emanada de la Superintendencia de Instituciones del Sector Bancario. Asimismo, se ordena notificar a las ciudadanas Procuradora General de la República y Fiscal General de la República; al ciudadano Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario. Finalmente, se ordena la apertura de cuaderno separado signado con el número AW41-X-2012-000091 a los fines que la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo se pronuncie sobre la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por la parte actora.

Se dictó decisión mrdiante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer la acción de Amparo Constitucional ejercida por el abogado Carlos Eduardo Castellanos Aguiar, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ RAFAEL VILLANUEVA RUÍZ, contra el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro-Norte, en virtud de la presunta "(¿) VIOLACION (sic) A LA TUTELA JURÍDICA EFECTIVA Y AL DEBIDO PROCESO (¿)". (Mayúsculas y resaltado del escrito). 2.- SE SOLICITÓ a la parte presuntamente agraviada que corrija el contenido del escrito contentivo de la acción de amparo constitucional presentado en fecha 18 de octubre de 2012, y aclare si existe o no pronunciamiento por parte del Juzgado señalado como presunto agraviante y cuál es su pretensión final con la interposición de la presente acción de amparo constitucional.

En la de la acción de amparo constitucional ejercida por los ciudadanos PILAR ELVIRA LUCERO DE OBERTO, IBRAHIM ALCIDES OBERTO LUCERO, PEDRO REGINO OBERTO LUCERO, NELSON JOSÉ OBERTO MEDINA contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MIRANDA DEL ESTADO FALCÓN, esta Corte declara. 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2.-SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.-CONFIRMA la sentencia de fecha 13 de julio de 2012, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Falcón.

En esta misma fecha, se dictó auto mediante el cual se ORDENÓ al ciudadano Presidente del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), remita a esta Corte en el lapso de diez (10) días continuos, contados a partir de la notificación del presente auto, los antecedentes administrativos relacionadas con la presente causa. Igualmente se hace saber que una vez recibido el expediente administrativo en esta Corte, se otorgará un lapso de cinco (5) días de despacho, los cuales comenzaran a correr una vez que conste en autos la recepción del mismo, para que las partes expongan lo que estimen pertinente.

En la querella funcionarial interpuesta por Magali Simancas contra el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, esta Corte dictó sentencia mediante la cual No ACEPTÓ LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Juzgado Suprior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia y planteó CONFLICTO DE COMPETENCIA ante la Sala Politico Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, asimismo ordenó remitir el expediente a la referida Sala.

En el recurso interpuesto por SIGILFREDO RODRíGUEZ SÁNCHEZ contra la GOBERNACION DEL ESTADO VARGAS, esta Corte dictó sentencia mediante la cual ordenó: 1.- La NULIDAD parcial de todas las actuaciones procesales suscritas por esta Corte incluyendo el auto de fecha 9 de agosto de 2011 mediante el cual se dio inicio al procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y 2.- ORDENÓ la reposición de la causa al estado que la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional efectúe las notificaciones a que haya lugar con la finalidad de poner a derecho a las partes y dar continuidad a la misma.

En la querella interpuesta por el ciudadano JOSÉ ALEJANDRO GONZÁLEZ ASCANIO contra el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores, esta Corte ORDENÓ al organismo querellado consignara en autos la documentación siguiente: i) registro de información del cargo (RIC), ii) manual descriptivo del mismo y en consecuencia ORDENÓ la notificación al Ministro del Poder Popular para Relaciones Exteriores, a los fines de que remita la documentación supra solicitada, para lo cual se le concede un lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en autos la diligencia del Alguacil consignando el referido oficio de notificación debidamente firmado y sellado en el expediente.

En el recurso interpuesto por los ciudadanos VICTOR MANUEL GARCIA y otros contra la CORPORACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO TÁCHIRA (CORPOINTA), esta Corte dictó sentencia mediante la cual: 1.- DECLARÓ la nulidad del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional el 17 de septiembre de 2012, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y 2. -ORDENÓ la remisión de la presente causa al Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Los Andes, para que realice lo conducente en aras de colocar a las partes a derecho.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por MARÍA SANTAELLA DE TERÁN contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer la consulta de Ley. 2.- CONFIRMA la sentencia objeto de consulta.