Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria de fecha 17 de marzo de 2005. 2.-IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria interpuesta por la abogada Cornelia Ruíz, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 26.569, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos GRISELL DELGADO, BRIZEIDA DELGADO, JAIME CARMONA MUÑOZ, DAISY MORALES, y otros, en el marco del amparo constitucional ejercido contra las actuaciones supuestamente ejecutadas, en fecha 27 de octubre de 2003, por el DIRECTOR DEL CENTRO REGIONAL DE COORDINACIÓN ESTADO MIRANDA DEL MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA, y que consistieron en el desalojo de los terrenos "(¿) que venía poseyendo por más de veinticinco (25) años el agraviado JOSÉ TRINIDAD HERNÁNDEZ VILORIA (¿)". Se ordenó notificar.

Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano REYNALDO VALDÉZ LÓPEZ, en su condición de ex director de la sociedad mercantil BANCO PRO-VIVIENDA, C.A. BANCO UNIVERSAL (BANPRO), asistido por el abogado HERIBERTO DURÁN, contra el acto administrativo de efectos particulares contenido en la Resolución Nº 338.10, de fecha 2 de julio de 2010, emanada de la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN) -hoy SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO-, a través de la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto por la parte recurrente, contra la Resolución Nº 108.10, de fecha 1º de marzo de 2010, emanada del mismo órgano, mediante la cual se sancionó a la parte recurrente con multa de Treinta y Un Mil Novecientos Ochenta Bolívares (Bs. 31.980,00). Asimismo, se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Silvia Rosmary Natera Torres, actuando en su carácter de apoderada judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DEL ESTADO TRUJILLO, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 28 de octubre de 2009, mediante la cual declaró improcedente tanto la solicitud de amparo cautelar contra el acto administrativo contenido en la providencia administrativa Nro. 00028-2008 de fecha 29 de septiembre de 2008, dictado por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO CON SEDE EN EL ESTADO TRUJILLO. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación. 3.- Conociendo en consulta, CONFIRMA el fallo apelado, en cuanto a la medida cautelar.

Se dictó decisión en la cual esta Corte declaro:1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el apoderado judicial del MUNICIPIO BARUTA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la sentencia dictada por el Juzgado a quo, del 2 de diciembre de 2010, mediante la cual declaró PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- ANULÓ el referido fallo. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, en consecuencia ordenó: La reincorporación al cargo de Abogado de Sindicatura II o a otro de similar o superior jerarquía; y el pago de los sueldos dejados de percibir con las variaciones del mismo desde la fecha de su remoción hasta su efectiva reincorporación, para lo cual se ordenó experticia complementaria del fallo. Se ordenó notificar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por el abogado Mario Gustavo Barrios, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 128.010, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana MARICELA VERGARA DÁVILA, titular de la cédula de identidad Nº 11.465.663, contra la decisión dictada en fecha 15 de febrero de 2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Los Andes, que declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES DE LA GOBERNACIÓN DEL ESTADO MÉRIDA. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la sustituta de la Procuradora General de la República, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 21 de abril de 2008, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ALICIA ACOSTA SÁNCHEZ contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte querellada. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 5.- ORDENA la reincorporación de la querellante al cargo de Escribiente I o a otro de igual o superior jerarquía, con el consecuente pago de los sueldos dejados de percibir desde la fecha de la ilegal destitución hasta el día de la efectiva reincorporación.

Esta Corte dictó Sentencia mediante la cual declaró IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el abogado Diego Lavegas Afelba, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 60.433, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil BAYARDS FINANCE CORP., contra el acto administrativo contenido en la resolución Nº 245.11 de fecha 9 de septiembre de 2011, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO.

Esta Corte dictò sentencia la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Germán García, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano VÍCTOR JOSÉ OCHOA SEIJAS, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 29 de enero de 2004, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, contra el INSTITUTO NACIONAL DE COOPERACIÓN EDUCATIVA (INCE) hoy INSTITUTO NACIONAL DE CAPACITACIÓN Y EDUCACIÓN SOCIALISTA (INCES). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Se ordenó remitir el expediente al Juzgado de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Declaró PROCEDENTE la solicitud de medida preventiva de embargo solicitada por la parte demandante, en consecuencia: 1.1.- DECRETÓ la medida preventiva embargo hasta por la cantidad de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y UN MIL OCHENTA Y UN BOLÍVARES CON VEINTE CÉNTIMOS (Bs. 10.261.081,20), a ejecutarse sobre los bienes de la empresa Dragas y Caminos Dracaminca, C.A. 2.- Se comisionó suficientemente al correspondiente Juzgado Ejecutor de Medidas, para proceder a la ejecución de la medida otorgada. 3.- Se ORDENÓ la tramitación del procedimiento pautado en los artículos 602 y siguientes del Código de Procedimiento Civil. 4.- Se ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, a los fines de continuar con la tramitación de la presente causa. Se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 2 de junio de 2011, por el sustituto de la Procuradora General de la República, contra la decisión dictada en fecha 9 de mayo de 2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, a fin de que el mismo proceda a pronunciarse en forma inmediata sobre la admisión o no del recurso de apelación ejercido en fecha 19 de mayo de 2011, por el abogado León Benshimol Salamanca, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, ello de conformidad con lo establecido en el artículo 293 del Código de Procedimiento Civil.