Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido por la abogada Mercedes Satrústegui Goitia, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 139.160, en su condición de apoderada del Municipio Simón Bolívar del Estado Anzoátegui, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Nor-Oriental, en fecha 26 de junio de 2012, mediante la cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada. Publíquese y regístrese. Remítase el expediente al Juzgado de origen y déjese copia certificada de la presente decisión. Cúmplase lo ordenado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 21 de marzo de 2007, por el abogado Rubén Maestre Wills, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PRECOMPRIMIDO C.A., contra el auto de fecha 15 de marzo de 2007, mediante el cual el referido Juzgado, otorgó una prórroga a los expertos designados para la entrega de la experticia evacuada, en el marco del recurso contencioso administrativo inquilinario de anulación, interpuesto por los abogados Teresa Borges García y Nora Rojas, anteriormente identificados, respectivamente, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil DHL DANZAS AIR & OCEAN VENEZUELA, C.A., contra la DIRECCIÓN GENERAL DE INQUILINATO DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA INFRAESTRUCTURA, proceso judicial en el cual se adhirió la sociedad mercantil PRECOMPRIMIDO C.A. 2.- La EXTINCIÓN DE LA APELACIÓN. Se ordenó la notificación.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- NO ACEPTÓ LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Tránsito y Bancario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Sucre, en fecha 9 de octubre de 2012, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda por indemnización de daños y perjuicios interpuesta por el ciudadano SIMÓN ANTONIO ALCALÁ, asistido por los abogados Héctor Ramón Velásquez Márquez y Luis Guillermo Medina, contra la sociedad mercantil PDVSA GAS, S.A., filial de Petróleos de Venezuela.2.- PLANTEÓ EL CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA y en consecuencia, ORDENÓ la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte, declaró: 1.-Que es COMPETENTE para conocer en consulta la decisión proferida por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de mayo de 2010, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 2.-Conociendo de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, REVOCÓ PARCIALMENTE, el referido fallo consultado en lo que respecta al pago de la diferencias de prestaciones sociales-fideicomiso y CONFIRMÓ sólo el pago de los intereses moratorios. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del ciudadano MARUF AMADOR HALAGUI HERNÁNDEZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 29 de febrero de 2012, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C). 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer en consulta del fallo dictado por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, de fecha 29 de enero de 2009, mediante el cual declaró parcialmente con lugar la querella funcional interpuesto por la la abogada Marisela Cisneros Añez, actuando como apoderada judicial del ciudadano ARTURO GARCÍA, contra la Policía Metropolitana de Caracas adscrita anteriormente a la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas hoy adscrita al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES Y JUSTICIA. 2.- PROCEDENTE la consulta del fallo dictado en fecha 7 de febrero de 2006, por el Juzgado a quo. 3.- Conociendo de la consulta de Ley, se CONFIRMÓ con la modificación expuesta el referido fallo. Se ordenó noticar y remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del presente recurso de apelación. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la Defensa Pública. 3.- PROCEDENTE la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República. Y conociendo en consulta, 3.1.- Se REVOCA PARCIALMENTE el fallo sometido a consulta, unicamente en cuanto a la reincorporación del ciudadano Emiliano José Ibarra Rendón. 3.2.- Se CONFIRMA PARCIALMENTE el aludido fallo, en cuanto al pago de los sueldos dejados de percibir desde el 2 de junio de 2011, hasta el 7 de julio de 2012. 3.3.- Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Por las razones anteriormente expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el abogado Cristian José Rivero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 144.492, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana LAURA NAVARRO MENDOZA, titular de la cédula de identidad número V-4.270.101; contra la providencia administrativa número 01-00-13-05/2010-0010 de fecha 29 de agosto de 2011 emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL AMBIENTAL DEL DISTRITO CAPITAL Y ESTADO VARGAS.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida en fecha 9 de mayo de 2012, por la abogada Liliana Abreu Pacheco, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCÓ el fallo apelado. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado, en consecuencia: 4.1.- IMPROCEDENTE la solicitud del pago de prestación de antigüedad. 4.2.- IMPROCEDENTE el pago de intereses sobre prestaciones. 4.3.- IMPROCEDENTE el pago de antigüedad adicional. 4.4.- IMPROCEDENTE el pago de conceptos por vacaciones. 4.5.- PROCEDENTE el pago de bonificación de fin del año, correspondiente al año 2009. 4.6.- PROCEDENTE el pago de los intereses moratorios. 4.7.- SE ORDENÓ la realización de una experticia complementaria del fallo. Notificar y remitir el exp.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria y ampliación del fallo de fecha 30 de julio de 2012, requerida en fecha 17 de septiembre de 2012, ratificada el 26 del mismo mes y el 6 de noviembre de 2012, por el apoderado judicial del recurrente. 2.-IMPROCEDENTE la solicitud de aclaratoria y ampliación requerida por el apoderado judicial del ciudadano JOSÉ TOMÁS PATRIA PÉREZ, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el recurrente contra el MUNICIPIO MARIÑO DEL ESTADO NUEVA ESPARTA. Se ordenó notificar y tener la presente decisión como parte integrante del fallo dictado en fecha 30 de julio de 2012.