Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de la acción de plena jurisdicción interpuesta por el abogado Jesús Manuel Méndez Hernández, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Maquinarias Miranda, C.A., contra la Gobernación del Estado Táchira.

Auto mediante el cual se providenció el escrito presentado en fecha veintinueve (29) de febrero de 2012, contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por los abogados Jaime Heli Pirela Ruz y Alexandra Álvarez Medina, procediendo en su condición de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco Provincial S.A. Banco Universal, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 011.11 dictada por la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, de fecha diecinueve (19) de enero de 2012, notificada mediante Oficio N° SIB-DSB-CJ-PA-01014 de la misma fecha, que declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto el 7 de diciembre de 2011, contra el acto administrativo contenido en la Resolución N° 303.11 de fecha 24 de noviembre de 2011, por el que se impuso una multa a la demandante por la cantidad de ocho millones setecientos mil setenta y siete bolívares fuertes con cincuenta céntimos (BsF. 8.700.077,50).

Auto mediante el cual se fija para el tercer (3er) día de despacho siguiente a esta fecha la oportunidad para proveer lo conducente sobre la admisión de la presente acción.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación ejercida por la abogada Carmen Elena Cedeño Brito, actuando con el carácter de Síndica Procuradora Municipal del Municipio Caripe del Estado Monagas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Quinto Agrario y Civil Bienes de la Circunscripción Judicial del Estado Monagas y Contencioso Administrativo de la Región Sur Oriental, en fecha 3 de noviembre de 2005. 2.- REVOCÓ la sentencia apelada. 3.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana MARÍA LUISA MARTÍNEZ contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CARIPE DEL ESTADO MONAGAS. Se ordenó la notificación de las partes y la remisión del expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de hecho ejercido por la ciudadana María Eugenia García, asistida por la abogada Libia Briceño, contra el auto dictado en fecha 23/1/2012, por el JUZGADO SUPERIOR EN LO CIVIL (BIENES) Y CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CENTRAL, por medio del cual declaró extemporánea la apelación interpuesta el 20 de enero de 2012, por la precitada ciudadana contra la decisión dictada por ese Tribunal el 17/10/2011. 2.- CON LUGAR el referido recurso. 3.- Se REVOCÓ el auto dictado por el Juzgado a quo en fecha 23/1/2012. 5.- Se ORDENÓ reponer la causa al estado de que el aludido Juzgado deje transcurrir íntegramente el lapso de ocho (8) días de despacho para tener por notificado a la Procuraduría General del Estado Aragua y se inicien los lapsos para la interposición de los recursos a que haya lugar, previa notificación de las partes. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer del recurso de apelación ejercido por el abogado el apoderado judicial de la Procuraduría General de la República, contra la decisión dictada por el Juzgado a quo en fecha 12 de diciembre de 2008, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la representación judicial de la ciudadana DHANIELA SEILER CARVAJAL, contra la República Bolivariana de Venezuela por Órgano del MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA (hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRANSPORTE Y LAS COMUNICACIONES). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación. 3.- REVOCÓ la sentencia apelada, y en consecuencia declaró SIN LUGAR el referido recurso contencioso administrativo funcionarial. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE la suspensión de efectos solicitada por el apoderado judicial del ciudadano LEONARDO MAC QUHAE, en el marco del recurso de nulidad, ejercido en primer lugar contra el acto administrativo s/n de fecha 4 de noviembre de 2010, emanado del Auditor Interno de la sociedad mercantil C.V.G. BAUXILUM C.A., mediante el cual declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto, contra el acto administrativo de fecha 23 de septiembre de 2010, el cual declaró la responsabilidad administrativa del recurrente y le impuso multa de 318 unidades tributarias, y en segundo lugar contra el acto administrativo s/n dictado por la Auditora Interna (E) de la referida sociedad mercantil en fecha 23 de septiembre de 2010, mediante el cual declaró la responsabilidad administrativa y se impuso multa de 318 unidades tributarias al recurrente. 2.- SE ORDENÓ notificar de la presente decisión al ciudadano LEONARDO MAC QUHAE.

En contraposicion a lo establecido por el Juzgado A quo, se observa que no había transcurrido el lapso de 3 meses para la interposicion del recurso, en consecuencia, es forzoso para este Órgano Jurisdiccional declarar CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la parte recurrente en fecha 25 de enero de 2012, en contra de la decisión proferida por el Juzgado Superior Sexto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en consecuencia, se revoca la aludida decisión, y se ordena al citado Tribunal pronunciarse con respecto a las restantes causales de inadmisibilidad del recurso interpuesto, con excepción de la analizada por esta Alzada.

Se dcitó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la abogada Mariela Guillen de Lira, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Sociedad Mercantil CEDEL CASA DE BOLSAS C.A., contra el acto administrativo Nº 052, de fecha 2 de marzo de 2011, emanado de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES, notificado en fecha 28 de junio de 2011, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido contra el acto administrativo Nº 060 de fecha 30 de diciembre de 2010. Se ordenó el archivo del expediente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del fallo dictado por el Juzgado a quo, en fecha 25 de febrero de 2004, mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano PEDRO JOSÉ MONTILLA ARRÁEZ, contra la POLICÍA DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- ANULÓ las actuaciones suscitadas con posterioridad al auto de fecha 27 de agosto de 2003, mediante el cual el Juzgado a quo admitió el recurso. 3.- ANULÓ el fallo consultado. 4.- REPUSO la causa al estado de que se fije el lapso para que la parte querellada dé contestación al recurso, de conformidad con lo previsto en el artículo 99 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. 5.- ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado a quo, a los fines de que tramite el presente asunto conforme a lo previsto en la Ley del Estatuto de la Función Pública. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.