Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por la parte actora de la siguiente manera: En cuanto a los documentos promovidos en el Literal "A" nums. 1 y 2 consignadas como anexos "A", "B", "C", "D", "E", "F", "G", "H", "I", "J", "K", "K", "L" y "M", las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes, salvo su apreciación en la sentencia definitiva; En cuanto al mérito favorable de los documentos indicados en el Literal "A" nums. 3 y 4 del escrito, las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de los mismos, en base a los principios de exhaustividad y comunidad de la prueba previstos en el art. 509 del CPC, al momento de dictar sentencia de fondo; En cuanto a la prueba de informes del literal "B", la admite cuanto ha lugar en derecho se requiere.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se niega la solicitud realizada por el representante de la República Bolivariana de Venezuela; se ordenó comisionar al Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los fines que practique la citación personal de la sociedad mercantil Dyanca, C.A., de conformidad con lo previsto en los artículos 218 o 227 del Código de Procedimiento Civil, según sea el caso.

Se dictó decisión mediante el cual, se admitió las pruebas documentales y la exhibición de documentos promovidos por la representación judicial de la parte demandante. Asimismo, se le indicó a la parte promovente, que el expediente administrativo per se, no constituye medio de prueba alguno.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual: niega la solicitud efectuada por el representante de la República Bolivariana de Venezuela, ordena comisionar al Juzgado (Distribuidor) de Primera Instancia Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, a los fines que practique la citación personal de la sociedad mercantil Bombeos de Concreto, C.A., (BOMDECO), de conformidad con lo erstablecido en los artículo 218 y 227 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal proveyó el escrito de pruebas presentado por la Abogada Pevir Carolina Machado Delgado, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el número 154.736, actuando en su carácter de representante de la República Bolivariana de Venezuela, parte demandada en la presente causa y admitió las documentales promovidas en el Capítulo IV Particulares "Primero" y "Segundo" del escrito de pruebas, consignadas en copia simple, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual este Tribunal proveyó el escrito de pruebas presentado por los Abogados José Valentín González y Alejandro Silva Ortiz, en su carácter de apoderados de MMC Automotriz, S.A., parte demandante en la presente causa y admitió las pruebas de informes, de exhibición y documental promovidas en los Capítulos I y II del escrito de pruebas, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte demandante de la siguiente manera: En relación a la Copia Certificada emanada del Registro Inmobiliario del Municipio Guaicaipuro del estado Miranda, inscrito bajo el Nº 26, Tomo 09 Protocolo Primero de fecha 21 de agosto de 1978, consignada con el escrito de pruebas, se admitió en cuanto ha lugar en derecho se refiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.-

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó escrito de pruebas presentado por el sustituto del PGR, de la siguienete manera: En relación a las documentales promovidas en el Capítulo I del escrito de pruebas, se admitieron por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes. En relación al principio de comunidad de la prueba señalado en el Capítulo II del escrito de pruebas, se advirtió que lo que consta en autos no constituye medio de prueba, sino que está dirigido al principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de exhaustividad previsto en el art. 509 del CPC, correspondiendo a la CSCA su valoración en la decisión.

Esta Corte declara Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 25 de febrero de 2005, por el abogado Milko Orellana, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano DANIEL SOSA GRADIZ, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 17 de diciembre de 2004, que declaro sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el abogado Enrique Dugarte actuando con el carácter de apoderado judicial del referido ciudadano, contra el MINISTERIO DE EDUCACIÓN, hoy Ministerio del Poder Popular para la educación; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMA el fallo proferido por el a quo.

La Corte declara su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el abogado Mauricio Subero, actuando con el carácter de apoderado judicial del Instituto Autónomo Fondo de Garantía de Depósito y Protección (FOGADE) contra la sentencia dictada en fecha 15 de marzo de 2005, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado contra el FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITO Y PROTECCIÓN BANCARIA (FOGADE) . SIN LUGAR la apelación interpuesta por el apoderado judicial de la parte recurrida; CONFIRMA el fallo apelado.