.- Se dictó decisión mediante la cual se inadmitieron las pruebas documentales promovidas en los incisos primero y tercero; en cuanto al mérito favorable de lo cursante en autos configura una invocación al principio de exhaustividad, previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y en ningún caso, un medio probatorio sometido a las normas adjetivas de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, corresponderá a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de fondo, la valoración de la totalidad de las pruebas promovidas.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por la parte actora:En cuanto al mérito favorable de los autos, advierte que ello no constituye medio de prueba alguno; En cuanto al mérito favorable de los doc. del Cap. III y consignados como anexos B, C, D, E-1, E-2, F-1, F-, las admite quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de los mismos, en base a lo previsto en el art. 509 del CPC; En cuanto a las documentales promov. en los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 del Cap. III, literal (B), las admite; En cuanto a la prueba de exhibición del Cap. III, literal (C), las admite; En cuanto a la prueba de Inspección Judicial del Literal (D) del Cap. III, se admite; En cuanto a la ratificación de documento privado emanado de un tercero, se admite; En cuanto a la prueba testimonial del Literal (F) del Cap. III las admite; En cuanto a la prueba de informes del literal "G" del Cap. III, la admite.

-Se dictó y proveyó escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte demandante de la siguiente manera: 1.- En relación a las pruebas documentales promovidas en el Capítulo I del escrito de pruebas se admitieron por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes. 2.- En relación al mérito favorable de los autos se indicó que lo que consta en autos no constituye per se medio de prueba alguno, sino más bien está dirigido a la apreciación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de exhaustividad previsto en el artículo 509 del CPCl; por lo que corresponderá a la Corte su valoración en la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto debatido.-

Decisión mediante la cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en esta instancia por el abogado José Antonio Pagliarani, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Compañía Anónima Hidrológica de la Región Capital (HIDROCAPITAL) y asimismo, en relación a la oposición formualda por la abogada Marianella Villegas Salazar, actuando con el carácter de apoderada judicial de la sociedad mercantil Urbanizadora Gran Valle De Chara, C.A.

Auto mediante el cual se providenció el escrito de pruebas presentado el día veinticuatro (24) de abril de 2012, por los abogados Andrés Enrique Alfonzo e Ignacio Pages, asistiendo al ciudadano José Migliorato Ciarrochi Márquez, actuando en su carácter de apoderados judiciales de Ecoinvest Casa de Bolsa, C.A., y se ordenó notificar a la ciudadana Procuradora General de la República.

1.- Expediente Nº AP42-N-2005-000958, siendo las once de la mañana (11:00 am), se publicó la Decisión Nº A-2012-000001 mediante la cual la Juez MARILYN QUIÑÓNEZ de esta Corte declaró: 1. Consumada la Perención y Extinguida la Instancia en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por la ciudadana LILIAN ROSALES, titular de la cédula de identidad Nº 3.882.443, contra la Resolución Nº SPPLC/0024-2005 de fecha 20 de Mayo de 2005, emanada de la SUPERINTENDENCIA PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA (PROCOMPETENCIA); Ordenó el archivo del expediente. ____________________________________

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1-. SU COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por el ciudadano DOMÍNGO SILVA, asistido por el Abogado Efraín Sabino Pérez Salazar, antes identificados contra la UNIDAD DE AUDITORÍA INTERNA DE LA FUNDACIÓN GRAN MARISCAL DE AYACUCHO y 2-. DESISTIDO el procedimiento del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

En la demanda por cobro de bolívares e indemnización de daños y perjuicios interpuesta por PILAR JOSÉ BALZA GUEVARA, BONIFACIO LABARCA, LUIS FELIPE ANDRADE, PASCUALE NIGRO AULISA, RAFAEL GAINZA, TIBURCIO MANUEL PERÉZ ARVELO y PEDRO EMILIO SÁNCHEZ UTRERA contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA Y TIERRAS, esta Corte declara: 1. COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido en fecha 27 de julio de 2009, por la parte demandante. 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3. CONFIRMA la decisión dictada por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte, en fecha el 16 de julio de 2009.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 7/10/2011, por la parte recurrente contra la sentencia dictada en fecha 30/09/2011, por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los ciudadanos LUZMILA DEL CARMEN ZAPATA, VÍCTOR RUBÉN DEL POZO, ANTONIO JOSÉ ESCORIHUELA CAMARIPANO y CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ ROJAS, contra la Resolución Nº 13162, de fecha 16/06/2009, dictada por la Dirección General de Inquilinato del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDAS, hoy MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT, 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto y 3. CONFIRMA el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 25/10/2011, por el Apoderado Judicial de la parte accionada, contra la sentencia dictada en fecha 11/10/2011, por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Zulia, que declaró Con Lugar la acción de amparo constitucional interpuesta por la Abogada Sonia Barboza de Romero actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana KIM CASTRO GONZALEZ, contra la FUNDACIÓN PARA EL RESCATE, ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL ESTADO ZULIA, 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. REVOCA el fallo apelado y 4. SIN LUGAR la acción de amparo constitucional interpuesta.