AVÍCOLA DE OCCIDENTE, C.A Vs. COMISIÓN NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). Este Juzgado de Sustanciación admitió las siguientes pruebas promovidas por la parte demandante: i) Documentales, ii) Informes e iii) Inspección Judicial. Asimismo, negó la promoción de la prueba denominada correo electrónico.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado por la parte demandante de la siguiente manera:1.-En relación a las documentales con mérito favorable se admitieron salvo su apreciación en la definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes.2.En relación a la prueba de exhibición se admitió en cuanto a lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, salvo su apreciación en la definitiva.3. En relación a la prueba de informes se admitió en cuanto a lugar en derecho se refiere salvo su apreciación en la definitiva, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, salvo su apreciación en la definitiva. 4. En relación a la testimonial promovida se admitió en cuanto ha lugar en derecho por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, salvo su apreciación en la sentencia definitiva. Para la evacuación de la pruebas de informes y la testimonial se comisionó al Juzgado de Municipio Gran Sabana del estado Bolívar.-

ADRIANA MARIA GUEVARA RODRIGUEZ y JOEL ALBERTO AZOCAR Vs. INSTITUTO VENEZOLANO DE LOS SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.). Se dictó decisión mediante este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda admitió la demanda por indemnización por daños y perjuicios y daño moral incoada por los abogados María Elena Silva Conde y Héctor Andrés Benchocrón Núñez, apoderados judiciales de los ciudadanos ADRIANA MARÍA GUEVARA, JOEL ALBERTO AZÓCAR Y SUS MENORES HIJAS; ordenó la intimación del IVSS, y la notificación de los ciudadanos PGR, Ministra del PPP la Salud, del apoderado judicial de los demandantes y de la ciudadana Aura Andreina Rodríguez, y una vez consten en autos las notificaciones ordenadas se fijará la audiencia preliminar.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación ordenó la citación de la ciudadana Procuradora General de la República, así como de los ciudadanos Alcalde del Municipio Maturín del Estado Monagas y Síndico Procurador del Municipio Maturín del Estado Monagas.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación ordenó notificar a las ciudadanas Procuradora General de la República y Fiscal General de la República, así como al ciudadano Superintendente de las Instituciones del Sector Bancario.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisión de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Armando Carmona Ghersi, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Veninfotel Comunicaciones (VITCOM,) C.A., contra el acto administrativo número PRE-VPAI-CJ-032306, dictado en fecha 2 de septiembre de 2011, por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI), mediante la cual se confirmaron las decisiones por las que dicho organismo había solicitado "el reintegro de las Autorizaciones de Liquidación de Divisas (ALD) de las solicitudes Nros. 850623, 9464460, 9464395, 9464500, 9493247, (sic) y 9369563 de la empresa VENINFOTEL COMUNICACIONES VITCOM, C.A.".

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Beatriz Gardelli, actuando con el carácter de apodera judicial del aludido órgano administrativo, contra la sentencia dictada en fecha 9 de junio 2011, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial que interpuso el ciudadano Richard Guevara Barráez contra la DIRECCIÓN EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA (DEM). CON LUGAR la apelación interpuesta por la apoderada judicial de la parte recurrida contra la sentencia dictada en fecha 9 de junio de 2011, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. REVOCA el fallo apelado. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 14 de mayo de 2004, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta.2.- REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 14 de mayo de 2004, que declaró parcialmente con lugar la querella funcionarial interpuesta.3.- INADMISIBLE la querella funcionarial interpuesta.

1.- QUE ES COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto por el abogado Miguel Reinoso, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada en fecha 10 de enero de 2011, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado los abogados Manuela Veitia, Elbes Acevedo y Elizabeth Arriojas, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana ANGGIE LISETH RIVAS IDROGO, contra el CONCEJO DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se REVOCA la decisión de fecha 10 de enero de 2011, proferida por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, y conociendo en fondo: 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la parte recurrente.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por de los abogados Fidel Alejandro Montañez Pastor y Juan Pablo Vargas Carballo, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 56.444 y 154.717 respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos BERNARDO VELUTINI OCTAVIO y RAFAEL GALLEGOS SANTAELLA, titulares de las cédulas de identidad números 3.658.528 y 953.234, en su orden, contra la Resolución Nº 128-11 de fecha 29 de abril de 2011, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE LAS INSTITUCIONES DEL SECTOR BANCARIO (SUDEBAN), mediante la cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración interpuesto contra el Oficio Nº SIB-II-GGIBPV-GIBPV2-06230 de fecha 18 de marzo de 2011.