Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- IMPROCEDENTE LA MEDIDA CAUTELAR DE SUSPENSIÓN DE EFECTOS requerida por la sociedad mercantil T.E. 3000 TURISMO EJECUTIVO C.A., en el marco del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto contra el acto administrativo de fecha 8 de junio de 2011, emanado del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante el cual ordenó a la recurrente "proceda de manera inmediata a cancelar todos los gastos generados y que se puedan generar como consecuencia del accidente ocurrido objeto de la presente causa, previa presentación de las facturas", así como "la entrega de todos los instrumentos que tiene en su poder, propiedad de la parte denunciante, los cuales deben estar en perfecto estado; o en su defecto, la cancelación del monto equivalente al valor actual de los bienes", y le impuso multa de 5000 U.T. 2.- ORDENÓ notificar a la sociedad mercantil recurrente.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto el 23 de abril de 2008, por la apoderada judicial de la parte recurrida, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, el 26 de marzo de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ SANTIAGO CHANG HOA, asistido por el abogado Francisco Lepore Girón, contra el BANCO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL DE VENEZUELA (BANDES). 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo apelado, en consecuencia conociendo del fondo del presente asunto, declara: 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó notificar y la remisión del expediente al tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte consideró necesario requerir a la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario la Documentación relacionada con la Reestructuración realizada en el marco de la Resolución de la Junta de Emergencia Financiera tomada en sesión Nº 107 de fecha 15 de marzo de 1995, y en virtud de la cual se tramitó la mencionada reducción de personal, por la referida Institución, para lo cual concedió el lapso de diez (10) días de despacho, computados una vez que constara en el expediente la notificación. Asimismo, ordenó notificar a la parte querellante, de conformidad con el criterio establecido por esta Corte mediante decisión Nº 2008-00171 de fecha 8 de febrero de 2008. Se ordenó notificar.

Se dictó auto mediante el cual esta Corte ordenó de conformidad con lo previsto en el artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, y de acuerdo a lo pautado en el artículo 231 eiusdem, aplicables de manera supletoria de conformidad con lo previsto en el artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, librar edicto a los herederos desconocidos del ciudadano Luis Adolfo Pinto Salinas, para que concurran a darse por citados dentro del lapso de sesenta (60) días continuos siguientes al cumplimiento de la última formalidad establecida en el mencionado artículo 231. Este edicto se fijará en la cartelera de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo y se publicará en los diarios "El Nacional" y "El Universal". De igual manera, se ordenó notificar a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL TRABAJO, así como también a la ciudadana Dinorah Ron de Pinto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENÓ notificar a las partes para que tuvieran conocimiento del abocamiento de fecha 16 de enero de 2012, y a la abogada Aura Rincón de Kassar, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana NOEMÍ DEL CARMEN MARTÍNEZ DE SIVIRA, para que expusieran, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que constara en autos el recibo de las notificaciones ordenadas, si conservaba interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, expresara los motivos por los cuales mantenía el referido interés en el recurso de apelación interpuesto. En el entendido que de no realizar dicha exposición dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo consideraría la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

Se dictó auto mediante el cual esta Corte en atención a lo estatuido en el artículo 310 del Código de Procedimiento Civil, aplicable de manera supletoria al presente caso por mandato del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, se revocó el Oficio Nº CSCA-2006-0532, dirigido al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, siendo lo conducente librarlo al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, y ordenó de manera inmediata librar el Oficio correspondiente al mencionado Juzgado, a los fines de que diera cumplimiento a la brevedad posible a la decisión dictada por esta Corte en fecha 4 de agosto de 2005.

esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró: ORDENA notificar a las partes para que tengan conocimiento del abocamiento de fecha 16 de enero de 2012, y al abogado Genaro Rivas García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Diomira Rosa Santiago Terán, para que exponga, en un plazo máximo de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, si su representada conserva interés en continuar el presente proceso y de ser éste el caso, exprese los motivos por los cuales mantiene el referido interés en el presente asunto. En caso de que no realice respuesta, dentro del plazo que fue fijado, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo considerará la pérdida del interés en el recurso interpuesto.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: declaró La NULIDAD PARCIAL del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 25 de marzo de 2002, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- REPUSO la causa al estado de que se libraran las notificaciones a que hubiera lugar, para que se diera inicio al procedimiento de segunda instancia, establecido en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.-QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la representación judicial de la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de julio de 2002, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto conjuntamente con medida cautelar por el abogado Carlos Alberto Pérez, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 8.067, actuando con el carácter de apoderado judicial del ciudadano JOSÉ FRANCISCO ALBORNOZ GÓMEZ, titular de la cédula de identidad Nº 2.832.483, contra el INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA(hoy Instituto Nacional de la Vivienda y Hábitat). 2.- SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3.- CONFIRMA el fallo apelado en los términos expuestos en la presente decisión.

Se dictó decisión medainte la cual esta Corte: 1. Declaró la NULIDAD del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 12 de diciembre de 2011, únicamente en lo relativo al inicio del procedimiento de segunda instancia, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo. 2.- Se REPUSO la causa al estado de que se libren las notificaciones a que hubiera lugar, para que se dé inicio al procedimiento de segunda instancia contemplado en el Título IV, Capítulo III, artículo 87 y siguientes de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.