Esta Corte dictó decisión mediante la cual : ORDENA notificar al apoderado judicial del ciudadano ROMÁN ENRIQUE SALINAS BOADA, así como a la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA, concediéndoles un lapso de cinco (5) días de despacho, contados a partir de la fecha en que conste en autos el recibo de la última notificación, para que consignen ante esta Corte copias certificadas de lo ut supra mencionado, que le permita a esta Corte realizar un mejor análisis y estudio de la presente causa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: NO ACEPTA la competencia declinada por el Tribunal de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Apure mediante sentencia de fecha 27 de junio de 2012, mediante la cual se declaró incompetente para conocer de la presente causa. 2.- QUE ES INCOMPETENTE para conocer en primera instancia de la Demanda de Indemnización de Daños Materiales y Morales derivados de accidente laboral interpuesto por el ciudadano LEONEL ENRIQUE PEÑA AVENDAÑO, representado por la abogada Carmen Jiménez, contra la GOBERNACION DEL ESTADO APURE. 3.- PLANTEA el conflicto negativo de competencia ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, por las razones expresadas en el presente fallo. 4.- SE ORDENA remitir el presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación contra el fallo dictado en fecha 20 de abril de 2007, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JUAN LÓPEZ ALZURO, asistido por el abogado Francisco Lepore Girón, previamente identificados, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta. 3.- Se REVOCA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de abril de 2007. 4.- Conociendo del fondo del presente asunto SIN LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso apelación interpuesto en fecha 23 de enero de 2012, por el abogado Maey Dey Fuentes Reyes, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 163.493, actuando con el carácter de representante judicial del ciudadano LUIS XAVIER GÓMEZ RIVAS, titular de la cedula de identidad Nº 15.540.165, contra la decisión dictada en fecha 18 de enero de 2012, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por el referido ciudadano contra el CONSEJO DISCIPLINARIO DEL INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICÍA Y CIRCULACIÓN DEL ESTADO VARGAS. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se CONFIRMA el fallo apelado de fecha 18 de enero de 2012 proferido por el referido Juzgado Superior.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por el ciudadano WALTER JESÚS BASALO GOTTO, titular de la cédula de identidad Nº 14.989.640, debidamente asistido por el abogado Manuel Hernández, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 119.932, contra el INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA INDUSTRIA (INAPYMI). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación; 3.- CONFIRMA el fallo dictado en fecha 11 de abril de 2012, emanado del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- ACEPTA la competencia declinada en fecha 19 de noviembre de 2012, por el Tribunal Superior Contencioso Administrativo del estado Falcón, en relación a la Demanda por Cobro de Bolívares interpuesto por los ciudadanos JUDITH CACERES DE RIVAS y CARLOS JULIO RIVAS, titulares de las cedulas de identidad Nros. 13.140.995 y 8.103.368, respectivamente, representados por los abogados Ariol Antonio López Calatayud, Osiris Josefina Jordán Yamarthe y Carmen María del Valle Sánchez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 154.283, 154.286 y 154.292, contra la ASOCIACION COOPERATIVA CENTAURO PARAGUANA 1534 RL., y PETROLEOS DE VENEZUELA, S.A., (PDVSA). 2.- SE REMITE el expediente al Juzgado de Sustanciación de esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo a los fines de que continúe la presente causa.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró que: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la solicitud de expropiación efectuada por el abogado Víctor Altuna García, actuando con el carácter de apoderado judicial de la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA del inmueble ubicado en las "posesiones proindivisas ´LA DANTA´ y la ´FUNDACIÓN RORIGUERA´ o ´HATO 5-A´ jurisdicción del Municipio San Francisco de Tiznados, Distritos Roscio del Estado Guárico, identificado con el Símbolo Catastral No. 01-10J-170-0095-T, propiedad presuntamente del ciudadano AYOUB ATTIAS RODRÍGUEZ, portador de la cédula de identidad N° 4.225.469; 2.- DECAIMIENTO DEL OBJETO de la solicitud de expropiación efectuada.

Considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez. Así se decide.

Considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez. Así se decide.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declara: DESISTIDA la Demanda de Nulidad interpuesta por la ciudadana CARMEN ZORAYA QUINTERO CALDERON titular de la cedula de identidad Nº V-8.081.363, representada por el abogado Ramón Esteban Becerra Guerrero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 141.175, contra el acto administrativo formado por la Resolución Nº CMABNº014-2010 de fecha 11 de noviembre de 2009, dictada por la CONTRALORÍA DEL MUNICIPIO ANDRÉS BELLO DEL ESTADO TÁCHIRA.