Se dictó y publicó decisión en la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas del apoderado judicial de Seguros Guayana, C.A. de la siguiente manera: En cuanto al mérito favorable de los documentos indicados en el Cap. I numerales 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 y 1.7, las admite cuanto ha lugar en derecho se requiere, quedando a cargo del juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos, en base a los principios previstos en el art. 509 del CPC, al momento de dictar sentencia de fondo; En cuanto a la prueba de exhibición del Cap. II, se admite cuanto ha lugar en derecho se requiere la exhibición de la minuta del "2 de mayo de 2008" salvo su apreciación en la definitiva, por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente e inadmite la exhibición solicitada sobre "los memorándum y oficios emitidos en consecuencia" que se desprenden de la referida minuta; En cuanto a la confesión del Cap. III, se declara inadmisible; En cuanto a la prueba de informes del Cap. IV, se admite.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en esta instancia por la abogada Peglys Melissa Bolívar Rangel, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en esta instancia por el abogado José Ignacio Hernández González, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Diageo Venezuela, C.A., así como en relación al escrito presentado en fecha 10 de noviembre de 2011, por la abogada Peglys Melissa Bolívar Rangel, actuando con el carácter de apoderada judicial de la Superintendencia para la Promoción y Protección de la Libre Competencia, mediante el cual se opuso a la admisión de la prueba promovida por el mencionado representante judicial de la sociedad mercantil Diageo Venezuela, C.A.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido por los abogados Antonio Canova González, Karina Anzola Spadaro, Luis Alfonso Herrera Orellana, actuando como apoderados judiciales de la sociedad mercantil Banco de Venezuela S.A., Banco Universal, contra el acto administrativo S/N dictado el 26 de marzo de 2007, por el CONSEJO DIRECTIVO DEL INSTITUTO PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y DEL USUARIO (INDECU), hoy INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), y en cosecuencia: 1.1.- Se ratifica la sancion de multa impuesta por el antiguo INDECU, en su acto administrativo S/N de fecha 5 de noviembre de 2002.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la consulta a la cual se encuentra sometida la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en fecha 17 de diciembre de 2004. 2.- IMPROCEDENTE la consulta prevista en el artículo 35 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales. 3.- FIRME la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 17 de diciembre de 2004. 4.- ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte, en acatamiento a lo dispuesto en el fallo N° 1.307 emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en fecha 22 de junio de 2005.

Esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la apelación ejercida por el abogado Jesús David Rojas Hernández, antes identificado, actuando en el carácter de apoderado judicial del INSTITUTO DE FERROCARRILES DEL ESTADO (IFE), contra la decisión dictada en fecha 28 de mayo de 2010, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la parte recurrente contra la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS VALLES DEL TUY, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA la decisión apelada. 4.- CON LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, y en consecuencia, se declara NULA la Providencia Administrativa Nº 00062, de fecha 27 de febrero de 2009, dictada por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS VALLES DEL TUY, ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA.

Esta Corte declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer del recurso de la apelación interpuesto por el abogado Francisco Lépore Girón, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana INÉS MARÍA VELIZ, contra la sentencia dictada en fecha 15 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto la mencionada ciudadana contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO MIRANDA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- ANULA el fallo dictado en fecha 15 de abril de 2011, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 4.- Conociendo del fondo del asimismo declara, SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Inés María Veliz, contra la Alcaldía del Municipio Sucre del estado Miranda.