Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre la admisión de pruebas presentadas por la representación judicial de la parte demandada, mediante la cual entre otras cosas declaró improcedente la oposición propuesta por la parte demandante y admitió las pruebas documentales presentadas en cuanto a derecho se requiere, por cuanto no se observa que sean ilegales o impertinentes, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos al momento de dictar la sentencia de fondo y, por cuanto dichas documentales reposan en el expediente, se ordenó mantener en el mismo.

Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proveyó en relación al escrito de promoción de pruebas consignado por las apoderadas judiciales de la ciudadana DILIA VELASQUEZ de la siguiente manera: En cuanto al cap. I referente al mérito favorable de los autos que le corresponderá a la CSCA en la sentencia de fondo la valoración de la totalidad de las actas procesales que conforman el expediente. En cuanto a las documentales del Cap. II, fueron admitidas en cuanto a derecho se requiere por no son manifiestamente ilegales o impertinentes. En cuanto al Cap. III, del principio de la comunidad de la prueba de las documentales fueron admitidas en cuanto a derecho se requiere por cuanto no son manifiestamente ilegales o impertinentes, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos al momento de dictar la sentencia de fondo.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado por el apoderado judicial de la parte ddte. de la siguiente manera: 1.- En relación a las documentales promovidas y consignadas marcadas con las letras ´A´, ´B´ y ´C´, se admitieron en cuanto ha lugar en derecho se refiere, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, por no ser manifiestamente ilegales ni impertinentes; 2.- En relación a la pruebas de informes se declaró inadmisible por no ser el medio idóneo para solicitarla.-

Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proveyó en relación al escrito de promoción de pruebas consignado por CADIVI de la siguiente manera: En cuanto al cap. IV referente a la documental fue admitida en cuanto a derecho se requiere por no son manifiestamente ilegal o impertinente, quedando a cargo del Juez de mérito la apreciación y valoración de dichos instrumentos al momento de dictar la sentencia de fondo.

Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proveyó en relación a lo solicitado por la Abog. SORSIRE FONSECA, en su carácter de FISCAL DEL MINISTERIO PÚBLICO en la Audiencia de Juicio celebrada en fecha 4 de junio de 2014 de la siguiente manera: Se admite en cuanto a derecho se refiere por no ser manifiestamente ilegal ni impertinente, salvo su apreciación en la sentencia definitiva, la prueba de informes solicita al SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN, MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (SAIME), Para ello se le concede al referido Servicio, para que en un lapso de diez (10) días de despacho contados a partir de la consignación del correspondiente oficio en autos, informe y remita a este Juzgado de Sustanciación de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo la información requerida.

Se dictó decisión mediante la cual este Juzgado Sustanciador admitió de conformidad con el artículo 429 del Código civil las documentales promovidas por la representación judicial de la parte demandada, asimismo determino que el principio de la comunidad de la prueba será valorado por el Juez en la sentencia de fondo, configura una invocación al principio de la exhaustividad, previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

En fecha 18 de junio de 2014, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual se pronunció en relación a la admisibilidad de la demanda de nulidad interpuesta por el ciudadano GERARDO RAFAEL GOLLO REGARDIZ, asistido por la abogado DIANA SAAB SAAB, contra el acto administrativo de fecha 4 de abril de 2005, publicado en la Gaceta Oficial del Estado Mérida Nº 915, de fecha 15 de abril de 2005, dictado por la CONTRALORIA GENERAL DEL ESTADO MERIDA.