Con fundamento en lo anterior, y visto que este Órgano Jurisdiccional es el segundo en declararse incompetente, esta Corte de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 7 del artículo 266 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordancia con el numeral 19 del artículo 23 de la de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso administrativa, plantea el correspondiente conflicto de competencia para ante la Sala Político Administrativa del Máximo Tribunal de la República, por constituirse como la cúspide de la jurisdicción contencioso administrativa. En consecuencia, se ordena la remisión de las presentes actas procesales a la referida Sala, por considerarse que es la autoridad que le corresponde decidir del conflicto negativo para conocer, suscitado en el presente asunto. Así se declara.

En el recurso de apelación interpuesto por la representación judicial de la ALCALDÍA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS, contra la decisión dictada en fecha 21 de abril de 2003, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, por medio de la cual se declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LUIS GUILLERMO BYRNE PRADO, debidamente asistido por el Abogado Silvestre Martineau, esta Corte dictó decisión por medio de la cual Ordenó notificar a la ciudadana Procuradora General de la República de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, de conformidad con lo previsto en el artículo 96 del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, a los fines de que manifieste la ratificación de la suspensión o la renuncia respecto del lapso restante. Una vez notificada, la pressente causa, continuará su curso legal.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano EMANUEL BLUMHAGEN SCHILL contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO OBISPO DEL ESTADO BARINAS, esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, del fallo dictado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes, en fecha 1° de diciembre de 2006, mediante el cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto y 2.- IMPROCEDENTE la consulta del fallo dictado en fecha 1° de diciembre de 2006, por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región de Los Andes.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana HERMINIA VILLANERA DE SÁNCHEZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CEDEÑO DEL ESTADO BOLÍVAR, esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer la Consulta de Ley prevista en el artículo 70 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, aplicable rationae temporis, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del estado Bolívar, en fecha 10/03/2005, la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y 2. CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del estado Bolívar.

En el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial del ciudadano IVÁN GERARDO GUZMÁN YANES, contra la sentencia de fecha 28 de octubre de 2005, dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Apoderado Judicial del referido ciudadano, contra la "Providencia Administrativa dictada el 18 de marzo de 2005", por la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DE LOS MUNICIPIOS CARIRUBANA, FALCÓN Y LOS TAQUES DEL ESTADO FALCÓN. Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto; SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; CONFIRMÓ el fallo apelado con la reforma indicada.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por la ciudadana ANA MARÍA RODRÍGUEZ MUÑOZ, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por El Abogado Joan Cortez, actuando con el carácter de sustituto de la Procuraduría General del estado Anzoátegui, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor- Oriental, en fecha 13/03/2008, que declaró con lugar el recurso interpuesto, 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3.- CONFIRMA por efecto de la consulta de ley, la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Nor- Oriental, en fecha 13/03/2008, mediante la cual se declaró Con Lugar la querella interpuesta.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ ANTONIO ECHENIQUE, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA (hoy GOBERNACIÓN DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA), esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 19 de julio de 2006, por la Abogada Heidi Santoro Ojeda, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Procuraduría del Estado Bolivariano de Miranda, contra el fallo dictado en fecha 8/06/ 2006, por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, 2. CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto, 3. REVOCA el fallo apelado y 4. SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el recurso de nulidad interpuesto por la Abogada Josefina Zurita, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana Coromoto del Carmen Talavera Medina, contra el acto administrativo Nº CU 213 de fecha 11 de noviembre de 2003, dictada por la Dirección de Secretaría del Consejo Universitario de la Univerisidad de Carabobo, esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: Consumada la perención y extinguida la instancia en el recurso de nulidad interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 16 de julio de 2003, por la Abogada Maryanella Cobucci, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, contra la sentencia dictada en fecha 14 de julio de 2003 por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscipción Judicial de la Región Capital, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano José Nicolás García, contra la prenombrada Alcaldía, esta Corte dictó auto mediante el cual declaró: Ordena notificar a la ciudadana Procuradora General de la República de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, una vez que conste en autos dica notificación. Durante el referido lapso, deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 14 de agosto de 2003, por la Abogada Maryanella Cobucci, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del órgano recurrido, contra la sentencia dictada en fecha 8 de agosto de 2003 por el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Alcaldía del Distrito Metropolitano de Caracas, esta Corte dictó auto mediante el cual declaró: Ordena notificar a la ciudadana Procuradora General de la República de la presente causa, la cual se suspenderá por un lapso de noventa (90) días continuos, una vez conste en autos dicha notificación. Durante el referido lapso la ciudadana Procuradora General de la República deberá manifestar la ratificación de la suspensión o su renuncia respecto del lapso restante, siendo que una vez se tenga por notificada, la presente causa continuará su curso.....