Se dictó sentencia mediante la cual se proveyó sobre el escrito probatorio presentado por el abogado Carlos José Von Ruben, admitiéndose la documental con mérito promovida.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado por el apoderado juicial de la parte demandante de la siguiente manera: En relación a la reproducción del mérito favorable de todas las documentales que se desprenden de las actas procesales, se advirtió que lo que consta en autos no constituye per se medio de prueba alguno, sino más bien está dirigido a la apreciación del principio de la comunidad de la prueba y a la invocación del principio de exhaustividad previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil; por lo que corresponderá a la Corte su valoración en la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto debatido.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó sobre las pruebas promovidas por las representantes de la parte actora, de la siguiente manera: En cuanto al mérito favorable del exp. administrativo, se advierte, que ello debe entenderse como la promoción del mérito favorable de los autos, lo cual, se ha sostenido no es medio de prueba alguno, pues el Juez está obligado a pronunciarse sobre todo lo alegado y probado en las actas, en consecuencia, corresponderá a la CSCA la valoración de la totalidad del exp. administrativo, en la sentencia de fondo; en cuanto a las documentales promovidas, las mismas se admiten; en cuanto al exp. administrativo promovido como documental, resulta inoficioso pronunciarse por cuanto el mismo forma parte integrante del exp. Judicial y además fue promovido su valor probatorio; en cuanto a la prueba de informes, se admite.

Este Juzgado, se pronunció acerca del escrito de promoción de pruebas presentado por la abogada Berta Carolina Trujillo, actuando con el carácter de apoderada judicial de los ciudadanos Rafael Goyo y Dalia Gaidos de Sojo, en el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos ejercida por los referidos ciudadanos, asistidos por el abogado Luis Ángel Caruci, contra "el acto administrativo contenido en la decisión de fecha 17 de diciembre de 2009, dictado por la Oficina de Auditoría Interna del INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME), COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, mediante el cual se declaró la responsabilidad administrativa de los recurrentes.

Este Juzgado, se pronunció acerca del escrito de promoción de pruebas presentado por la abogada Janet Carolina Bravo Farias, actuando con el carácter de apoderada judicial del Instituto de Previsión Social y Asistencia Social para el Personal del Ministerio del Poder Popular para la Educación (IPASME), en el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos ejercida por los ciudadanos Rafael Goyo y Dalia Gaidos de Sojo, asistidos por el abogado Luis Ángel Caruci, contra "el acto administrativo contenido en la decisión de fecha 17 de diciembre de 2009, dictado por la Oficina de Auditoría Interna del INSTITUTO DE PREVISIÓN Y ASISTENCIA SOCIAL PARA EL PERSONAL DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (IPASME), COORDINACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y DETERMINACIÓN DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA, mediante el cual se declaró.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la apelación interpuesta por el abogado Carlos Luis Quintero Useche, actuando con el carácter de apoderado judicial del MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 22 de julio de 2008, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados José Gregorio Zaa Álvarez y Manuel Alfonso Parra, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano RUBÉN ANTONIO VÁSQUEZ MONTERO, contra el referido Municipio. 2.- DESISTIDA la apelación interpuesta. 3.- FIRME el fallo apelado. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación. 2.- VÁLIDA la fundamentación a la apelación presentada por la abogada Ana Ferrer, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 59.740, actuando en su carácter de sustituta del Procurador General del Estado Zulia. 3.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 4.- Se CONFIRMA el fallo apelado en los términos expuesto en la presente decisión.

Este Órgano Colegiado decreta la medida cautelar de embargo preventivo sobre bienes muebles propiedad de la empresa aseguradora C.A., Seguros Guayana., antes identificada de conformidad con lo previsto en los artículos 274, 286 y 527 del Código de Procedimiento Civil, por la cantidad de NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TRECE MIL NOVENTA Y UN BOLÍVARES CON CUATRO CÉNTIMOS (Bs. 9.813.091,4), lo cual corresponde al doble de la cantidad de la demanda establecida por la parte actora, vale decir Cuatro Millones Novecientos Seis Mil Quinientos Cuarenta y Cinco Bolívares con Siete Céntimos (Bs. 4.906.545,7), más un treinta por ciento (30%) de lo demandado estimado como lo concerniente a las costas procesales.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1. Declaró que es COMPETENTE para conocer y decidir el recurso de apelación ejercido en fecha 30 de octubre de 2012, por el apoderado judicial del recurrente, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital el 23 de octubre de 2012, a través de la cual declaró improcedente la medida cautelar de suspensión de efectos solicitada por el ciudadano ANDRÉS CIRO ROJAS CARRIZO, asistido por el abogado Luis Rizek Rodríguez, en el marco del recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO BOLIVARIANO LIBERTADOR DEL DISTRITO CAPITAL. 2. SIN LUGAR la apelación interpuesta. 3. SE CONFIRMA el fallo apelado en cuanto a la declaratoria de improcedencia de la medida cautelar de suspensión de efectos. Se ordenó remitir el expediente al Tribunal de origen.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte ORDENÓ notificar a la Presidenta del INSTITUTO DE LA CULTURA DEL ESTADO MONAGAS, para que acudiera en un plazo máximo de quince (15) días de despacho, más seis (6) días continuos que se le conceden como término de la distancia, computados a partir que conste en autos el recibo de su notificación, a exponer los motivos que a bien considere conveniente.