HOMOLOGACIÓN a los acuerdos alcanzados por las partes en el presente proceso, se exhorta a las partes a cumplir de buena fe los acuerdos contenidos en la referida acta, y en consecuencia se otorga EFECTO DE COSA JUZGADA,

DECLARA la NULIDAD ABSOLUTA de la de la audiencia preliminar celebrada en fecha 29/03/2011, por el Juzgado Quinto de Control Circunscripcional, en la causa seguida al ciudadano HUMBERTO JUNIOR CHIRINOS MENDOZA y los actos subsiguientes a esta, con excepción del presente fallo y, en su lugar ORDENA la celebración de una nueva audiencia preliminar ante un Juez de Control distinto al que pronunció el fallo aquí anulado, el cual deberá prescindir de los vicios aquí observados, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 190, 191 y 196 del texto penal adjetivo

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA de la ciudadana penada PATRICIA BEATRIZ CASTILLO SAMILLAN, quien es de nacionalidad venezolana (nacionalizada), natural de Lima-Perú y titular de la cedula de identidad Nro. 23.661.654, antes identificado por cumplimiento de la pena de DOS (02) AÑOS y OCHO (08) MESES DE PRISION, impuesta en fecha 07-05-2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 tercer aparte de la Ley Orgánica contra El Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas.

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA de la ciudadana penada MONICA FIGUEROA GIRÓN, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, (nacionalizada), y titular de la cedula de identidad Nro. 23.687.372, antes identificado por cumplimiento de la pena de DOS (02) AÑOS y OCHO (08) MESES DE PRISION, impuesta en fecha 07-05-2009, por el Juzgado Primero de Primera Instancia en Función Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por la comisión del delito de DISTRIBUCIÓN ILÍCITA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 tercer aparte de la Ley Orgánica contra El Tráfico Ilícito y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA LIBERTAD PLENA de la ciudadana penada MARIA ALEJANDRA FLORES RAMOS, quien dijo ser de nacionalidad venezolana, natural del estado Vargas, e identificada con cédula de identidad Nro. V.-16.225.365, antes identificado por cumplimiento de la pena de DOS (02) AÑOS y OCHO (08) MESES DE PRISION, impuesta en fecha 06-03-2009, por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Función Control del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, por la comisión del delito de DISTRIBUCION DE MENOR CUANTIA DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el tercer aparte del artículo 31 de la Ley Orgánica contra el Tráfico Ilícito y Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas

En virtud de lo precedentemente expuesto, este Tribunal de Primera Instancia en Función Segundo de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Vargas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA EXTINCIÓN DE LA PENA Y LA LIBERTAD PLENA del ciudadano penado YGINIO RAFAEL CASTRO PADILLA, quien es nacionalidad venezolana, natural de La Guaira, titular de la cedula de identidad Nro. V-10.583.531, antes identificado, POR CUMPLIMIENTO DE PENA de OCHO (08) MESES, por ser autor del delito de VIOLENCIA FÍSICA, previsto y sancionado en el artículo 42 de la Ley Orgánica Sobre el Derecho de Las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la cual fue debidamente ejecutada en fecha 23 de julio de 2009, conforme al artículo 376 de Código Orgánico Procesal Penal. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 479, numeral 1° del Código Orgánico Procesal Penal y 105 del Código Penal.

Este Tribunal Tercero de Sustanciación, Mediación y Ejecución en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme a lo dispuesto en los artículos 180 y 181 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, PROCEDE A LA EJECUCIÓN FORZOSA, en consecuencia, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO EJECUTIVO sobre bienes propiedad de la parte demandada.

SE DICTA SENTENCIA Y EN VIRTUD DE LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS 267 Y 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL, ANTES SEÑALADOS, ÉSTE TRIBUNAL, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, EN LO ATINENTE A LA CITA EN GARANTÍA DE LA CIUDADANA PIERA DI SILVI DE HERNANADEZ. EN CONSECUENCIA, SE ORDENA LA PROSECUCIÓN DEL JUICIO PRINCIPAL, EN EL ESTADO QUE SE ENCONTRABA CUANDO FUE PROPUESTA LA CITA EN GARANTÍA, A SABER, EN EL LAPSO PROBATORIO.DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 283 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS.

Tribunal comitente: Juzgado Decimo Primero de Municipio de la Circunscripción Judicial del Area Metropolitana de Caracas. Exp. Nº AP31-V-2010-0000151. Devuelta por falta de impulso procesal.

SE DICTA SENTENCIA Y EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA: DELA REVISIÓN DE LAS ACTAS PROCESALES QUE CONFORMAN EL PRESENTE EXPEDIENTE, SE EVIDENCIA QUE EL INMUEBLE OBJETO DEL PRESENTE JUICIO FUNCIONA COMO TALLER MECÁNICO Y EN EL YACEN PARTES DE MOTORES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO, ASÍ COMO ENSERES Y ÚTILES PRODUCTO DE LA ACTIVIDAD O NECESARIOS DE TAL ACTIVIDAD, AUNADO AL HECHO DE QUE EL CIUDADANO DAMIRO JOSE GONZALEZ MATA, MANTIENE UNA RELACIÓN LABORAL- VIGILANTE- CON EL DEMANDADO JUAN CARLOS COELLO, SIENDO ASÍ Y EN APLICACIÓN DE LAS NORMAS ANTES TRANSCRITAS , QUEDANDO DEMOSTRADO INDUDABLEMENTE QUE EL INMUEBLE OBJETO DEL JUICIO ES UN LOCAL EN EL CUAL FUNCIONA UN TALLER MECÁNICO Y NO LA VIVIENDA PRINCIPAL DEL CIUDADANO ANTES MENCIONADO, LO CUAL NO COMPORTA LA PERDIDA DE LA POSESIÓN O TENENCIA DEL BIEN TODA VEZ QUE NO ES A UNA FAMILIA A QUIEN SE LE ESTA CERCENANDO LA PROTECCIÓN DEL HOGAR, LA SEGURIDAD PERSONAL Y A LA FAMILIA, ES POR LO QUE ÉSTE TRIBUNAL NIEGA EL PEDIMENTO FORMULADO POR EL .....