En fecha 24 de enero de 2018, este Juzgado de Sustanciación dictó decisión mediante la cual ADMITIÓ la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con amparo constitucional por los ciudadanos LEOVIGILDO ANTONIO ROJAS CHACÓN, JOHNNY ROSSVELTH D´OCCHIO VIVAS, LUIS ALFREDO GUERRERO HERNÁNDEZ, FÉLIX RAMÓN CASTILLO DÍAZ y HENRRY ANTONIO FIGUERA LUGO, asistidos por el Abogado José Ángel Mongue Abache, actuando en su carácter de Apoderado Judicial, contra la Providencia Administrativa Nº 002-2016, dictada por la SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO (SUDECA), ORDENÓ la notificación al FISCAL GENERAL DE LA REPÚBLICA, a la SUPERINTENDENCIA DE CAJAS DE AHORRO (SUDECA) y a la PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, INSTÓ a la parte demandante consigne las copias fotostáticas, ORDENÓ solicitar el expediente administrativo a la mencionada Superintendencia y ORDENÓ remitir el expediente judicial a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaro: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la parte recurrente el 20 de octubre de 2015, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 13 de octubre de 2015, mediante la cual se declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ GREGORIO ZERPA URBINA, titular de la cédula de identidad N° V-11.198.091, debidamente asistido por el abogado Maximino Antonio Álvarez Rengifo, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 89.128, contra el SERVICIO BOLIVARIANO DE INTELIGENCIA NACIONAL (SEBIN). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la abogada Adriana Velásquez, antes identificada, actuando con el carácter de representación judicial del Municipio Sucre del estado Bolivariano de Miranda, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 31 de marzo de 2014, mediante la cual se declaró con lugar la demanda de nulidad interpuesta por los ciudadanos JULIANA CASTRO, MARIBEL CASTRO y TEODORO CASTRO debidamente asistidos por el abogado Luis Enrique Romero, antes identificado, contra el MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA. SIN LUGAR la apelación. Se CONFIRMA la sentencia dictada en fecha 31 de marzo de 2014, por el Juzgado Superior Séptimo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por la parte recurrente el 29 de junio de 2017, contra la decisión dictada por el Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de junio de 2017, mediante la cual se declaró improcedente la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos y la inscripción y mantenimiento en el seguro médico colectivo solicitado por los abogados Diego Barboza Siri, Donatella Blumetti, Lorena Morales Calderón, César Sánchez Medina y José Briceño Sanabria, en su carácter de apoderados judiciales de la ciudadana BELKIS ANAÍS CAGUANA DE LUGO, contra el SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN ADUANERA Y TRIBUTARIA (SENIAT). 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto, en consecuencia, 3.- FIRME el fallo apelado.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer en consulta del fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, de fecha 29 de septiembre de 2009, mediante el cual declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano TULBACAÍN FLORES VERA, asistido por el abogado Alis Eduardo Duarte, plenamente identificados, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO ZULIA. Conociendo de la consulta prevista en el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, se CONFIRMA el fallo proferido en fecha 29 de septiembre de 2009, por el a quo.

Esta corte dictó decisión mediante la cual declaró Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra la decisión dictada por el A quo, en fecha 9 de marzo de 2017, mediante la cual declaró inadmisible la demanda de contenido patrimonial por cobro de bolívares, y ejecución de hipoteca, interpuesta por el apoderado judicial de la Compañía Anónima Nacional TELÉFONOS DE VENEZUELA (C.A.N.T.V), y la Sociedad Mercantil TELECOMUNICACIONES MOVILNET, C.A., contra la Sociedad Mercantil CORPORACIÓN ALCASPE 66, C.A. CON LUGAR la apelación interpuesta en fecha el 4 de octubre de 2017, por el apoderado judicial de la parte recurrente, contra la sentencia proferida por el Juzgado A quo de fecha 9 de marzo de 2017. SE REVOCA la sentencia apelada. Se INSTA al Juzgado de cognición solicitar las facturas números "2900024321, 2900024530, 2900024752 y 7100088526". SE ORDENA al A quo, se pronuncie sobre el fondo del asunto.

Esta Corte dicó decisión mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 22 de enero de 2014, por el abogado Agustín Olis Jiménez, actuando con el carácter de apoderado judicial de la parte recurrente, contra la decisión dictada en fecha 15 de marzo de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial, interpuesto por la ciudadana ERIKA NEREIDA SALAZAR contra la CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO APURE. Se REVOCA el fallo apelado. CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial. SE ORDENA la reincorporación de la ciudadana ERIKA NEREIDA SALAZAR al cargo que venía desempeñando o a otro de similar jerarquía.

Esta corte declaró que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 20 de septiembre de 2017, por la parte recurrida, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Norte en fecha 31 de mayo de 2017, que declaró con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ MIGUEL HENRÍQUEZ, debidamente asistido por la abogada Ana Cruses Díaz, contra el MUNICIPIO MONTALBAN DEL ESTADO CARABOBO; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; PROCEDENTE la consulta prevista en el artículo 84 del Decreto Nº 6.286, con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en consecuencia; se CONFIRMA el fallo dictado por el Juzgado a quo el 31 de mayo de 2017.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual, esta Corte Segunda administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, salva las omisiones y rectificar el error material de la sentencia N° 2017-00820 de fecha 8 de noviembre de 2017.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 30 de julio de 2014, por la Abogada Yescenia Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana LIZZETE IVONNE ROJAS LEY, contra la sentencia dictada el 21 de julio de 2014, por el Juzgado Superior Sexto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA SALUD. Esta Corte dictó sentencia definitiva mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación incoado; 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto; 3.- CONFIRMÓ bajo las consideraciones explanadas el fallo apelado.