En fecha 26 de enero de 2015, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual declaró competente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo para conocer de la presente demanda de nulidad, ejercida por las abogadas Daniela Eugenia Carrera Martínez y Katy Salcedo Cárdenas, actuando con el carácter de apoderadas judiciales de la sociedad mercantil Preparados Alimenticios Internacionales (PAICA), C.A., contra el recurso de reconsideración ejercido en fecha 26 de marzo de 2014, contra los actos administrativos MINCOMERCIO-SIEX DTT307-2013 y MINCOMERCIO-SIEX DTT240-2013, ambos notificados en fecha 26 de febrero de 2013, dictados por la Superintendencia de Inversiones Extranjeras (SIEX), asimismo, ordenó la notificación de los ciudadanos Vice-Procurador General de la República, Fiscal General de la República y Demandado a quien se le solicitó el expediente administrativo de la presente causa.

En esta misma fecha 26 de enero de 2015, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual ordenó remitir el presente expediente a la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo a lo previsto en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, por cuanto ninguna de las partes promovió medio de prueba alguno en la presente causa.

En fecha 26 de enero de 2015, este Juzgado de Sustanciación acordó admitir la presente demanda de nulidad interpuesta por la abogada Ruby Cuello Melgarejo, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nro. 45.438, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana Ruby Isabel Ferrari Cuello, contra el acto administrativo Nº PRE-CJ-030101, de fecha 10 de noviembre de 2014, emanado de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) hoy Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX), notificado en fecha 13 de enero de 2015.

En fecha 26 de enero de 2015, este Juzgado de Sustanciación acordó admitir las pruebas promovidas por por los abogados, Gretty Josefina Laffee Fernández y José Ángel Siso Ruiz, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 81.740 y 59.517, respectivamente, actuando en su carácter de apoderados judiciales de la Caja de Ahorros y Previsión Social del Ministerio de Infraestructura (CAPREMINFRA).

En fecha 26 de enero de 2015, este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual a los fines de la continuación de la causa ordenó la notificación de la ciudadana Flor Alicia Pérez de Manzo, y del Rector de la Universidad de Carabobo, en el expediente contentivo de la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con acción de amparo cautelar y medida cautelar innominada por el Abogado Diego Enrique Riera Blanco, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana Flor Alicia Pérez De Manzo, titular de la cédula de identidad Nº 3.665.113, contra el Consejo Universitario de la Universidad de Carabobo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.-Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 12 de noviembre de 2014, por el Abogado Juan Alberto Merchán Fernández, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano FRANKLIN JOSÉ YEGRES CAÑA, contra la sentencia de fecha 3 de noviembre de 2014, dictada por el Juzgado Superior Estatal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre, mediante la cual se declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y 3. FIRME el fallo apelado.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre de fecha 22 de octubre de 2014, mediante la cual se declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CRUZ FELIPE SALAZAR MOTA, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO RIBERO DEL ESTADO SUCRE, 2.- IMPROCEDENTE la consulta obligatoria del fallo y 3.- FIRME el fallo dictado por el Juzgado A quo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la consulta prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Sucre de fecha 27 de octubre de 2014, mediante la cual se declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ANA TERESA BERMÚDEZ RUIZ, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO RIBERO DEL ESTADO SUCRE, 2.- IMPROCEDENTE la consulta obligatoria del fallo y 3.- FIRME el fallo dictado por el Juzgado A quo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la solicitud de regulación de competencia, solicitada de oficio por el Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano CARLOS MIGUEL GUTIERREZ, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES DE INTERIORES Y JUSTICIA, 2.- COMPETENTE al Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, para conocer y decidir en primera instancia judicial sobre el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto y 3.- Se ORDENA remitir el presente expediente al Juzgado Superior Estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Nueva Esparta, a fin de que conozca en primer grado de Jurisdicción del presente recurso contencioso administrativo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declara: HOMOLOGA el desistimiento planteado por la ciudadana Ramona Omaira Camacho Carrión, actuando con el carácter de Procuradora General del estado Miranda en la acción de amparo interpuesta.