Este Juzgado de Sustanciación dictó auto mediante el cual declaró: COMPETENTE para conocer como Juez de Mérito de la solicitud de indexación efectuada por la Abogada Ilse Margarita Cova Castillo; PROCEDENTE la solicitud de indexación de los honorarios profesionales; ESTABLECE como lapso para actualizar monetariamente el monto adeudado desde el 9 de abril de 2012 hasta el 24 de enero de 2013; ORDENA oficiar al B.C.V. a los fines de solicitar su colaboración en la realización de una experticia complementaria del fallo; ORDENA notificar de la presente sentencia a la Universidad de Carabobo y a la PGR; DEJA SIN EFECTO los autos dictados por este Juzgado en fechas 9 de marzo de 2012 y 30 de enero de 2013.

Se dictó y publicó decisión mediante la cual se admitió el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto, se ordenó notificar a los ciudadanos Presidente del Consejo Disciplinario de la Región Central del C.I.C.P.C., FGR, PGR, Ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Director General Nacional, del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas; y a la parte demandante, en tal sentido, una vez cumplidas las notificaciones ordenadas se remitirá el presente expediente a la CSCA, para que fije la oportunidad procesal para que tenga lugar audiencia de juicio, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 82 de la LOJCA.-

Mediante la cual este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la competencia y la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo de nulidad presentado por parte del ciudadano Javier Portillo Rosales contra el acto administrativo Nº 0005/2011 de fecha 10 de enero de 2012, el cual fue objeto de recurso de reconsideración interpuesto en fecha 08 de febrero de 2012, decidido en fecha 15 de marzo de 2012 y notificada su decisión en fecha 25 de abril de 2012, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría del Municipio San Cristóbal del estado Táchira, declarando el mismo como admisible. Se ordenó la notificación de los ciudadanos Procuradora General de la República, Fiscal General de la República, Sindico Procurador Municipal del Municipio San Cristóbal del estado Táchira y Director de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General del estado Táchira.

Se dictó sentencia mediante el cual este Juzgado de Sustanción declara Inadmisible la demanda de nulidad interpuesta por haber operado la caducidad de conformidad con el artículo 35 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Mediante la cual este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la admisibilidad el presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la sociedad mercantil Promociones y Desarrollos MG 2005, C.A. contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa sin número, de fecha 10 de mayo de 2011, emanado del Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), declarándose la inadmisibilidad del mismo por haber operado la caducidad de la acción prevista en el artículo 32 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa

En la acción de amparo constitucional ejercida por ROGERS DAMASO CARPIO APONTE contra la actuación omisiva de la ZONA EDUCATIVA DEL ESTADO ARAGUA, esta Corte declara: 1. ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Central, hoy Juzgado Superior en lo Civil (Bienes) y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Aragua. 2-. EXTINGUIDO EL PROCESO POR LA PÉRDIDA DEL INTERÉS, en el amparo constitucional ejercido.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por la parte querellante contra el auto dictado por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital el 26 de mayo de 2009, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar la oposición formulada por la parte querellada a las pruebas promovidas por la parte actora, y en consecuencia, niega la admisión de la prueba de informes promovida por el querellante en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano FRANKLIN AINAGAS PRIETO, contra la FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA y 2. EL DECAIMIENTO DEL OBJETO, y EXTINGUIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- La NULIDAD parcial de todas las actuaciones procesales suscritas por esta Corte incluyendo el auto de fecha 9/8/2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo y 2.- ORDENA la reposición de la causa al estado en que la Secretaría de esta Corte notifique a las partes para que se dé inicio a la relación de la causa, contado a partir de que conste en autos la última notificación de las mismas, de conformidad con lo establecido en el primer aparte, del artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela -aplicable rationae temporis-.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por ROMEL JOSÉ ESCALONA PÉREZ contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA, esta Corte declara: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. REVOCA la decisión dictada por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto, por violación de orden público. 4. INADMISIBLE el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

En el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por VILMA CABEZA BENAVENTE contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, esta Corte declara: 1.- La NULIDAD de todas las actuaciones procesales suscitadas a partir del 8 de octubre de 2012, fecha desde la cual inició el lapso de contestación a la fundamentación de la apelación. 2. ORDENA la reposición de la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a la parte recurrida para que se dé inicio al lapso de contestación, contado a partir de que conste en autos la notificación de la misma, de conformidad con lo establecido en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.