Se dictó y publicó decisión mediante la cual se proveyó el escrito de pruebas presentado en fecha 25 de marzo de 2013 por la apoderada judicial de la parte demandada de la siguiente manera: 1.- En relación a la documental promovida se admitió en cuanto ha lugar en derecho se requiere, salvo su apreciación en la definitiva y por cuanto cursan en el expediente mantengase en el mismo; 2.- En relación al mérito favorable, se advirtió que lo que consta en autos no constituye per se medio de prueba, por lo que corresponderá al Juez de mérito su valoración en la oportunidad de decidir sobre el fondo del asunto.-

Se dictó y publicó resolución mediante la cual se proveyó sobre el escrito de pruebas presentado por la representación judicial de la parte demandada admitiéndose las pruebas documentales del Capítulo I del escrito probatorio. En relación al mérito favorable de autos invocado en el Capítulo II del escrito, se advirtió que el mismo no constituye medio probatorio en virtud de los principios de comunidad de la prueba y exhaustividad previstos en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil.

Se dictó decisión mediante la cual: admitió las pruebas promovidas en el Capítulo I del escrito probatorio; en cuanto al Capítulo II el mismo constituye una invocación al principio de la exhaustividad, previsto en el artículo 509 del Código de Procedimiento Civil, y en ningún caso, un medio probatorio sometido a las normas adjetivas de nuestro ordenamiento jurídico. En consecuencia, corresponderá a la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo en la sentencia de fondo, la valoración de la totalidad de las pruebas promovidas.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide y declara: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta el día 9 de enero de 2012 por la sustituta de la Procuraduría General de la República, contra la sentencia dictada por el referido Juzgado Superior Quinto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10 de octubre de 2011, a través de la cual declaró parcialmente con lugar el recurso interpuesto por la apoderada judicial del ciudadano JAVIER POLANCO DURÁN contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE PLANIFICACIÓN Y FINANZAS. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- REVOCA el fallo apelado, en consecuencia;4.- Se declara SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación ejercido por la representación judicial de la parte recurrente contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10 de octubre de 2012 mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por los abogados Gustavo Adolfo Martínez Morales, Eva Álvarez Figuera y Crizeida Salazar Velásquez, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nº 72.089, 41.569 y 60.283, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la ciudadana MILAGROS ANDREINA FARFÁN SALCEDO, titular de la cédula de identidad Nº V- 14.163.874, contra el INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE (I.N.T.T.). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por la parte recurrente. 3.- Se CONFIRMA la sentencia dictada por el Juzgado Superior.

Esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la consulta del Ley a la que se encuentra sometido el fallo dictado por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 22 de marzo de 2012, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. 2.- PROCEDENTE la consulta de Ley. 3.- Conociendo de la consulta, REVOCA PARCIALMENTE el fallo dictado por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 22 de marzo de 2012, en lo que respecta a las diferencias por pago de intereses moratorios del régimen anterior.

1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso apelación interpuesto en fecha 19 de septiembre de 2012 por la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SUCRE DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano LEÓN PALATZ ROMI. 2.- CON LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3.- Se REVOCA el fallo de fecha 14 de agosto de 2012 proferido por el referido Juzgado Superior y en consecuencia: 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial incoado por el ciudadano León Palatz Romi.

Considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez.

Considera quien aquí decide que existen elementos suficientes para señalar que efectivamente el referido Juez se encuentra incurso en la causal de recusación establecida en el numeral 6° del artículo 42 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa; en consecuencia, se declara con lugar la inhibición planteada por el Juez Gustavo Valero Rodríguez.

Esta Corte declara SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por los abogados Lorena Lemos, Nelmarys Marrero, Penélope Rodríguez, Humberto Gamboa León y Katherin Yimaira Ramírez, actuando con el carácter de apoderados judiciales de los ciudadanos Gabriela Pizzorni de Dorado y Maximilian Matalon Pizzorni, en su carácter de únicos accionistas de la Sociedad Mercantil ITALBURSÁTIL CASA DE BOLSA, C.A; contra el acto administrativo contenido en la Resolución Número 059 de fecha 11 de marzo de 2011, publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela No. 39.364 de fecha 15 de marzo de 2011, emanada de la SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE VALORES.