Esta Corte declaró: IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos formulada por los abogados Matías Pérez Irazábal, María Auxiliadora Jurado, Ricardo Antonio Jaramillo Roa, María Alejandra Castillo González y Grelis Marcano Quintero respectivamente, actuando en nombre propio y en su condición de "miembros de la Junta Directiva" del COLEGIO VENEZOLANO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COVAPI), asistidos por los abogados Alexander Espinoza y Jhenny Rivas Alberti, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los números 44.503 y 100.075, respectivamente, contra el "AVISO OFICIAL" de fecha 15 de mayo de 2015, publicado en el Boletín de la Propiedad Industrial número 556 de esa misma fecha -según indican los demandantes-, el REGISTRADOR DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (SAPI).

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación interpuesto por la abogada Giuseppe Graterol Stefanelli, actuando con el carácter de apoderada judicial de la ciudadana María Pérez Diego, contra el auto dictado por el Juzgado de Sustanciación de esta Corte de fecha 2 de diciembre de 2013, mediante el cual declaró inadmisible la prueba de testigo experto promovida por la parte actora; SIN LUGAR la apelación interpuesta; CONFIRMÓ el auto apelado; y ORDENÓ la remisión del expediente a la Secretaría de esta Corte para que practique las notificaciones correspondientes y una vez conste en autos las mismas.

Esta Corte dictó decisión que declaró:1.- COMPETENTE para conocer de los recursos de apelación interpuestos; contra la sentencia dictada por el Juzgado A Quo el 4 de julio de 2016, que declaró SIN LUGAR el recurso interpuesto 2.- CON LUGAR la apelación interpuesta 3.- REVOCA la sentencia dictada en fecha 4 de julio de 2014. 4.- PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso interpuesto. 5.- VÁLIDO el acto administrativo N° DG-010-2015 de fecha 21 de abril de 2015. 6.- NULA la notificación N° 0070-15, de fecha 21 de abril de 2015 7.- ORDENA, la reincorporación del querellante al cargo que ejercía al momento de su remoción e ilegal retiro o uno de igual o superior jerarquía, así como la realizaci de las gestiones reubicatorias respectivas al período de disponibilidad. 8.- ORDENA el pago de los salarios dejados de percibir desde desde el momento de su retiro hasta la fecha de su incorporación 9.- SE ORDENA, realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con el 239 del C.P.C.

Esta Corte declaró: 1.- La LITISPENDENCIA de la presente causa con respecto a la que cursa en el expediente Nº AP42-G-2014-000053. 2.- EXTINGUIDA la presente causa, y en consecuencia, se ordenó el archivo de la misma. 3.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO de la solicitud de acumulación formulada en fecha 16 de febrero de 2017, por la apoderada judicial de la parte demandante.

Esta Corte dicto decision me diante ordenó SOLICITAR a la ciudadana Yamilet Josefina Medina García, a la Universidad de Oriente (UDO) y a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010

Esta Corte dictó auto para mejor proveer a los fines de SOLICITAR al ciudadano Carlos Lara Romero, a la Universidad de Oriente (UDO) y a la Directora de la Inspectoría Nacional y Otros Asuntos Colectivos de Trabajo del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo, documento o información relativa a la validez o no de la I Convención Colectiva de Trabajo UDO-ASPUDO 2007-2010, la cual deberá ser consignada dentro del lapso de diez (10) días de despacho siguientes a la notificación del presente auto, contados una vez vencidos los cinco (5) días continuos correspondientes al término de la distancia, con la advertencia que una vez transcurridos los referidos lapsos, se dictará sentencia conforme a los alegatos y la documentación que conste en autos.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:1.- IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada en el marco de la demanda de nulidad, interpuesta por los abogados Matías Pérez Irazábal, María Auxiliadora Jurado, Ricardo Antonio Jaramillo Roa, María Alejandra Castillo y Grelis Marcano Quintero, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 108.353, 77206, 98767, 99.250 y 103.393 respectivamente, actuando en nombre propio y en su carácter de miembros de la junta directiva del COLEGIO VENEZOLANO DE AGENTES DE LA PROPIEDAD INDUSTRIAL (COVAPI), inscrita en la Oficina Subalterna del Tercer Circuito de Registro del entonces Departamento Libertador del Distrito Federal, el 29 de septiembre de 1966, bajo el Nº 45, Tomo 2, contra el aviso oficial de fecha 15 de mayo de 2015, dictado por la DIRECCIÓN GENERAL DEL SERVICIO AUTÓNOMO DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:CON LUGAR la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Héctor Ali Rojas García, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 178.085, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PERUVEN TEXTIL C.A., inscrita en el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda, bajo el Nº 70, tomo 73-A.sgdo, de fecha 4 de mayo de 2007, y en consecuencia, NULO el acto administrativo Nº CPA-E-2975-14 de fecha 20 de octubre de 2014 y notificado por medio de correo electrónico el 18 de diciembre de 2014, mediante el cual se autorizó el pago de la solicitud de autorización de adquisición de divisas Nº 15433847, dictado por la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI), hoy el CENTRO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR (CENCOEX), y, se ORDENA al referido organismo el pago de la factura comercial Nº 001631 de conformidad con la motiva de este fallo.

Esta Corte dictó decisiòn mediante la cual declaró: Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de octubre de 2003, por la abogada Luisa Natacha Barrios Bustillos, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 30.807, actuando con el carácter de apoderada judicial de la parte recurrente, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Norte de fecha 14 de julio de 2003, que declaró sin lugar la demanda de nulidad con amparo cautelar interpuesta por el ciudadano ALBERTO RAMÓN LEÓN contra el INSTITUTO AUTÓNOMO REGIONAL DE VIALIDAD DEL ESTADO CARABOBO; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y FIRME el fallo apelado.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró:QUE ES COMPETENTE para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de septiembre de 2016, interpuesto por las abogadas Sonia Domar Pellicer y Enza Femminella Sarli, en representación del ciudadano JESÚS EDUARDO ORTIZ RONDÓN, contra la sentencia 17 de mayo de 2016, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el prenombrado ciudadano contra el CUERPO DE INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS, PENALES Y CRIMINALÍSTICAS (C.I.C.P.C). 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA la sentencia apelada.