Este Juzgado se pronunció acerca de la demanda de nulidad interpuesta por Lubin José Aguirre Martínez, debidamente inscrito en el Instituto de previsión Social del Abogado bajo el Nº 27.024, actuando en carácter de apoderado judicial de la ciudadana Kemberllys Gregoria Ostos Osorio, titular de la cédula de identidad Nº V-15.088.092, contra la Resolución emanada de la Dirección de la Contraloría de Determinación de Responsabilidades del Estado Cojedes y contenida en el oficio Nº DDR-0127/2012 de fecha 19 de julio de 2012, y notificada en fecha 12 de noviembre de 2012, mediante el cual se declaró sin lugar el recurso de reconsideración ejercido por la referida ciudadana, confirmando así la declaratoria responsabilidad administrativa de la demandante.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en fecha 15 de enero de 2013, con ocasión de la celebración de la Audiencia de Juicio, por la abogada Shiu Carilish Segovia Zambrano, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 182.067, actuando con el carácter de representante judicial de la República Bolivariana de Venezuela.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación se pronunció en relación a la admisibilidad de las pruebas promovidas en fecha 15 de enero de 2013, con ocasión de la celebración de la Audiencia de Juicio, por los abogados Joaquín Dongoroz Porras e Isabel Rada, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nros. 117.237 y 178.196, respectivamente, actuando con el carácter de apoderados judiciales de la sociedad mercantil Bimbo de Venezuela, C.A.

Mediante la cual este Juzgado de Sustanciación considera competente para conocer del presente recurso contencioso tributario interpuesto por la sociedad mercantil Rodríguez & Asociados, C.A. contra el acto administrativo Nº 283-2010-08-308, dictado en fecha 30 de agosto de 2010, emanado de la Gerencia General de Tributos del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES), a los Juzgados Superiores de lo Contencioso Tributario de la Región Capital.

Este Juzgado de Sustanciación se pronuncia acerca de la admisibilidad del presente recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el ciudadano Edgar Simói Flores Boggio contra el acto administrativo signado en el expediente Nº17, emanado de la Dirección de Determinación de Responsabilidades de la Contraloría General del estado Apure.

Auto mediante el cual este Juzgado de Sustanciación providenció el escrito contentivo de la demanda de nulidad interpuesta por el abogado Iván Eduardo Rodríguez Graterol, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 137.226, actuando con el carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil Seguros Nuevo Mundo, S.A., inscrita ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Distrito Federal y Estado Miranda en fecha 11 de junio de 1956, bajo el Nº 32, Tomo 12-A-Pro., siendo su última reforma estatutaria en fecha 09 de abril de 2012, inscrita por ante el Registro Mercantil antes indicado, quedando anotada bajo el Nº 43, Tomo 58-A, contra las Providencias Nº PROV-ADM-134-12 y PROV-ADM-135-12, ambas de fecha 03 de julio de 2012, emanadas de la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI).

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- SU COMPETENCIA para conocer de la apelación interpuesta por por el abogado Omar Morales, en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil SURAL, C.A., inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del Distrito Capital y estado Miranda en fecha 17 de septiembre de 1975, bajo el Nº 8, Tomo 2 Sgdo. de los Libros de Registro de Comercio correspondiente al año 1975, contra la Providencia Administrativa Nº 2009-623 de fecha 17 de diciembre de 2009, emanada de la INSPECTORIA DEL TRABAJO ALFREDO MANEIRO, DE PUERTO ORDAZ, DEL ESTADO BOLÍVAR. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación ejercido.3.- FIRME el auto dictado por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, en fecha 29 de julio de 2010.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria y ampliación del fallo de fecha 17 de octubre de 2011, por la apoderada judicial del Estado Zulia. 2.-Procedente la solicitud sólo por lo que respecta a la ampliación, en el marco de la demanda por cobro de Bolívares incoada por el Estado Zulia contra las sociedades mercantiles Constructora Costa del Lago, S.A. y Universal de Seguros, C.A. En consecuencia, se agregó al punto 2.1- del dispositivo del fallo registrado bajo el Nº 2011-1479, lo siguiente: "SE CONDENA a la sociedad mercantil CONSTRUCTORA COSTA DEL LAGO, S.A. (CONSTRUCOL, S.A.) a pagar al ESTADO ZULIA la suma de BS. 146.317,24, más los intereses de mora calculados 1% mensual, desde el 22 de agosto de 2001", para lo cual se ordenó la realización de una experticia complementaria del fallo. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta el 26 de mayo de 2010, por el abogado Jesús Eduardo Alfonzo Ramírez, actuando con el carácter de Síndico Procurador del Municipio Carrizal del Estado Miranda, contra la decisión dictada por el Juzgado Superior Tercero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 26 de mayo de 2010, mediante la cual declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSÉ LUIS ZAMBRANO GONZÁLEZ, asistido por la abogada Justina Belisario, contra la CONTRALORÍA MUNICIPAL DE CARRIZAL DEL ESTADO MIRANDA. 2.- CON LUGAR la apelación ejercida. 3.- REVOCA el fallo apelado. 4.- SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó la notificación. Se ordenó la remisión del expediente al tribunal de origen.

Esta Corte dictó auto para mejor proveer mediante el cual ORDENÓ requerir al apoderado judicial de la parte accionante indicara de manera explícita si en definitiva desiste de la acción o del procedimiento, e indicara igualmente de manera pormenorizada que actúa en nombre de todos sus poderdantes identificados en los (2) poderes otorgados, todo ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para lo cual se le otorgó un lapso de diez (10) días de despacho. Se ordenó notificar.