DECLARA IMPROCEDENTE el recurso de apelación interpuesto por el abogado DONALDO BARROS, en su condición de defensor de la imputada MARIA ALEXANDRA PARDO DIAZ, en contra de la decisión dictada por el Juzgado Primero de Control Circunscripcional mediante la cual acordó decretar en su contra la privación judicial preventiva de libertad, por considerar que están llenos los extremos legales exigidos en los artículos 250 y 251 del Código Orgánico Procesal Penal.

DECLARA INADMISIBLE el recurso de revisión interpuesto por el profesional del derecho, abogado WILMAR LOPEZ, sobre la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Juicio Circunscripcional en fecha 22MAY2003, en la que CONDENO a los acusados ALVARO MOSQUERA y MARIA MARLENE GIL de MOSQUERA a cumplir la pena de DIEZ (10) AÑOS DE PRISIÓN, por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y penado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, en aplicación al procedimiento por admisión de hechos, previsto en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, todo ello a tenor de lo dispuesto en el artículo 437 literal ¿c¿ ejusdem.

DECLARA SIN LUGAR la recusación efectuada por los profesional del derecho, Abogados LUIS ARGENIS VIELMA y JOSE VICENTE ARVELAIZ en su condición de defensores del imputado GUILLERMO ALFREDO RENDON HERRERA, por no darse los supuestos legales contenidos en los ordinales 6º y 7º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal.

declara la NULIDAD de la sentencia pronunciada en audiencia oral y pública celebrada en fecha 15ABR2003 y motivada en fecha 05MAY2003 por el Juzgado Segundo de Juicio Circunscripcional, mediante la cual CONDENO al imputado ABELARDO MANUEL RIVERA LARREAL a cumplir la pena de SEIS (6) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PRISIÓN, como COMPLICE en el delito de TRANSPORTE ILICITO DE ESTUPEFACIENTES y se ordena en consecuencia la celebración de un nuevo juicio oral y público ante un Juez distinto al que pronunció la sentencia aquí anulada, quien deberá informar al referido imputado de las medidas alternativas a la prosecución del proceso, todo de conformidad con la sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia dictada en fecha 24ABR2003.