Ley DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público Tercero Penal LUIS BERBESI, en contra de la sentencia dictada en fecha 14 de abril del año 2005 por el Juzgado Primero de Juicio Circunscripcional, mediante la cual acordó condenar a la ciudadana ALICIA GAMEZ SILVA, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION por la comisión del delito de TRANSPORTE ILICITO DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTROPICAS, previsto y sancionado en el artículo 34 de la Ley Orgánica sobre Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas, de conformidad con lo establecido en el último aparte del artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, se CONFIRMA el fallo apelado.

Declara Con Lugar el recurso de apelación interpuesto por la abogada MARIANELA AGUILERA CEDEÑO, en su condición de Fiscal Tercero del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del Estado Vargas, en contra del auto dictado en fecha 13 de mayo del año en curso, por el Juzgado Segundo de Control de este Circuito Judicial Penal en la causa signada bajo el No. WP01-P-2005-005776, mediante el cual niega la solicitud presentada por la Representante del Ministerio Público, en cuanto a la Medida Innominada de Enajenar y Gravar sobre un inmueble ubicado en el Junko Contry Club, Kilómetro 19, No. 600, El Junquito, y en consecuencia ANULA el auto de remisión y ordena que el Juez Segundo de Control se pronuncie con relación a la solicitud Fiscal, ello por violación de la norma contenida en el artículo 173 del Código Orgánico Procesal Penal.

Declara SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la profesional del derecho Elena Tovar de Greco, actuando en su carácter de defensora del ciudadano ROGER LUIS CEPEDA ROMERO, contra la decisión de fecha 25 de mayo de 2005, dictada por el Tribunal de Primera instancia en Función Segundo de Control Circunscripcional, mediante la cual decretó al mencionado imputado la privación judicial preventiva de libertad. Todo por estar garantizado el principio contenido en el artículo 190 del Código Orgánico Procesal Penal, y por haberse verificado la sustitución de la privación judicial preventiva de libertad, por una medida cautelar sustitutiva menos gravosa.