Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la presente apelación mediante la cual solicitó al Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del Estado Aragua, el Expediente Administrativo del ciudadano Fraco Bacalao José de los Santos donde rielan las actas del expediente disciplinario instaurado en su contra, que fue utilizado por el Tribunal de A quo para motivar su decisión, pero no fue remitido a esta Alzada. Esto deberá ser consignado dentro del lapso de diez (10) días de despacho, mas dos (2) días continuos como término de la distancia contados a partir de la constancia en autos de haberse practicado la última de las notificaciones ordenadas, con la advertencia que una vez transcurrido el lapso fijado en el presente auto, se dictará sentencia conforme a los alegatos y la documentación que conste en autos.

En el recurso de apelación interpuesto contra la decisión dictada en fecha 6 de abril de 2016, por el Juzgado A quo que declaró Sin Lugar la querella interpuesta por CARLA PATRICIA CALDERA DUBEN contra el INSTITUTO VENEZOLANO DE SEGUROS SOCIALES (I.V.S.S.) esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación; 2. SIN LUGAR el recurso; 3. REVOCA el fallo apelado; 3. CONFIRMA el fallo apelado.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia en la presente demanda de contenido patrimonial en la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer la apelación interpuesta en fecha 10 de agosto de 2017, por la abogada Nathalie Gómez, apoderada judicial de la sociedad mercantil SEGUROS ALTAMIRA C.A, contra la sentencia dictada en fecha 14 de febrero de 2017, por el Juzgado Superior Décimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital que acordó reponer la causa instaurada con motivo de la demanda patrimonial interpuesto contra el INSTITUTO AUTONOMO DE INFRAESTRUCTURA, OBRAS Y SERVICIOS DEL ESTADO MIRANDA (INFRAMIR), SIN LUGAR la apelación interpuesta, SE CONFIRMÓ con reforma el auto apelado.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de octubre de 2017, por la Representación Judicial de la parte querellante, contra la sentencia dictada el 27 de ese mismo mes y año, por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, que declaró Inadmisible el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JONATAN EZEQUIEL CORCINO DALIS, contra la POLICÍA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE GUÁRICO, esta Corte dictó sentencia definitiva en la que declaró: 1. Su COMPETENCIA ; 2. SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido. 3. CONFIRMÓ la decisión dictada en fecha 27 de octubre de 2017 por el Juzgado Superior Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, en la que declaró Inadmisible la querella interpuesta.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia en la presente consulta mediante la cual: Se ORDENÓ la reposición de la causa al estado que el Juzgado Superior Segundo en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital oiga la apelación interpuesta en fecha 08 de marzo de 2017, por la abogada María Eugenia Sánchez Carbajal, apoderada judicial del Instituto Autónomo de Policía del estado Miranda contra la decisión dictada el 23 de febrero de 2017, por el juzgado en referencia y se ordenó la NULIDAD de las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad a la decisión dictada por el referido Juzgado Superior en fecha 23 de febrero de 2017, salvándose las notificaciones de la misma, ordenadas en el auto de 9 de marzo de 2017, y sus respectivas resultas.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dicó sentencia en la presente apelación mediante la cual declaró: su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 22 de mayo de 2017, por el abogado Luis Alfredo Lemus Sifontes, apoderado Judicial del ciudadano Franco Scopa Rebolledo , contra la sentencia dictada en fecha 20 de abril de 2017, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la Dirección Ejecutiva de la Magistratura. (D.E.M); DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto y FIRME el fallo apelado en consulta obligatoria.

En la querella funcionarial incoada por Carlos Rodríguez contra el Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó auto mediante el cual se ordenó solicitar al referido Servicio, la consignación del Manual Descriptivo de Cargos, el Registro de Asignación de Cargos y el Registro de Información de Cargos vigentes para el momento en que el recurrente ingresó al organismo y al momento de su retiro y donde se refleje el detalle de los cargos objeto de la presente controversia (Profesional Aduanero y Tributario Grados 9 y 12), ello con base en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En la demanda por abstención o carencia interpuesta por los voceros del Cosejo Comunal " Fuerza hacia Rosa Ines"·contra la Taquilla Única de Registro del Poder Popular para las Comunas del estado Monagas, esta Corte dictó sentencia interlocutoria mediante la cual declaró: 1.ACEPTÓ LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Superior Estadal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, para conocer y decidir la demanda por abstención o carencia interpuesta; 2. ADMITIÓ la demanda; 3. ORDENÓ las notificaciones respectivas.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo dictó sentencia en la presente demanda por ejecución de hipotecas donde decidió: HOMOLOGÓ el desistimiento de la acción incoado por el apoderado judicial de la parte actora.

Esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, dictó sentencia en la presente medida mediante la cual declaró: su COMPETENCIA para conocer de la medida cautelar de suspensión de los efectos, requerida por los abogados Octavio Frías Peraza, Gregory Ifill y Yael de Jesús Bello Toro, actuando en su carácter de apoderados judiciales del Consorcio Boyaca- la Guaira contra el silencio administrativo del presidente y demás miembros de la Comisión de Administración de Divisas, actualmente Centro Nacional de Comercio Exterior (ahora CENCOEX), al negar las solicitudes de Autorización de Adquisición de Divisas (AAD) Nros. 15457786, 15457978 y 15458030; IMPROCEDENTE la solicitud de medida cautelar de suspensión de efectos solicitada y ORDENÓ remitir el presente expediente al Juzgado de Sustanciación a los fines legales consiguientes.