En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos por la Sociedad Mercantil FORD MOTOR DE VENEZUELA, S.A., contra el acto administrativo s/n de fecha 17 de septiembre de 2007, notificado en fecha 28 de enero de 2009, dictado por el INSTITUTO NACIONAL PARA LA DEFENSA Y EDUCACIÓN DEL CONSUMIDOR Y EL USUARIO (INDECU), hoy en día, INSTITUTO NACIONAL PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS), mediante el cual sanciona con multa de 200 Unidades Tributarias, equivalente a la cantidad de siete millones quinientos veintiséis mil cuatrocientos bolívares con cero céntimos (Bs. 7.526.4000,00), esta Corte dictó sentencia y declaró: 1.- SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Representación Judicial de la Sociedad Mercantil Banco Occidental de Descuento Banco Universal C.A., contra la Resolución Nº 031.09 de fecha 19 de enero de 2009 emanada de la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (SUDEBAN), esta Corte declara: 1.- Sin Lugar el recurso interpuesto.

En el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Representación Judicial de la empresa Plan Ford, S.R.L. contra el Instituto para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios (INDEPABIS), esta Corte dictó sentencia, mediante la cual declaró: 1. La Competencia y; 2. Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto.

En el recurso de apelación interpuesto en fecha 7 de agosto de 2012, por la Abogada Lahosie Sarcos, actuando con el carácter de Apoderada Judicial del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, contra la sentencia dictada en fecha 31 de julio de 2012 por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano JOSE ANTONIO ROJAS, esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto 2. SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto 3. CONFIRMA el fallo apelado

En en cuaderno separado contentivo de la medida cautelar de embargo de bienes muebles solicitada por la Representación Judicial del Fondo para el Desarrollo Económico del estado Bolívar contra las empresas Comercializadora 200570, C.A. y Zurich Seguros, S.A., respectivamente, esta Corte dictó decisión, mediante la cual DECRETÓ la referida medida de embargo sobre las mencionadas Sociedades Mercantiles; se Ordenó oficiar a la Superintendencia de la Actividad Aseguradora; se Ordenó oficiar al Juzgado Ejecutor de Medidas que correspondiera y; se Ordenó anexar la presente decisión en la causa principal signada bajo el Nº AP42-G-2013-000393.

En virtud de la declinatoria dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en la demanda por vías de hecho interpuesta conjuntamente con medida cautelar innominada, por los ciudadanos Deide Josefina Castellano y Adrián Orellana Escudero, actuando la primera, con el carácter de Presidenta, y el segundo, como Directivo de la Junta Directiva de la Asociación Civil COMUNITARIA INTEGRAL DE VIVIENDA (OCV) EL PRADO,, contra la DIRECCIÓN MINISTERIAL DE VIVIENDA Y HÁBITAT EN EL ESTADO YARACUY, esta Corte dictó sentencia y declaró: 1. ACEPTÓ la declinatoria de competencia efectuada por el Juzgado Superior antes referido. 2. INADMISIBLE el referido recurso.

Esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer de la Consulta de Ley prevista en el artículo 72 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley de Reforma Parcial del Decreto con Fuerza de Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 3 de junio de 2013, por el Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y del Municipio Arismendi del estado Barinas, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana BLANCA ESPERANZA CASTILLO, asistido por el Abogado Frederick Antonio Díaz viera, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. 2.- CONFIRMA la sentencia dictada en 3 de junio de 2013, por el mencionado Juzgado Superior

Esta Corte declaró: PERIMIDA LA INSTANCIA en el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con acción de amparo cautelar, por el ciudadano ANTONIUS WANDERS, actuando con el carácter de copropietario del navío "LA MINERA", debidamente asistido por el Abogado José Rafael Gutiérrez, contra el acto administrativo contenido en el oficio N° CCG-0186, de fecha 18 de marzo de 2005, dictado por la CAPITANÍA DE PUERTO DE CIUDAD GUAYANA, perteneciente al INSTITUTO NACIONAL DE ESPACIOS ACUÁTICOS E INSULARES (INEA), adscrito al MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA TRANSPORTE ACUÁTICO Y AÉREO, mediante el cual prohibió el zarpe de la referida embarcación, por haberse determinado presuntas irregularidades en cuanto al rol de la tripulación, y se ORDENA el archivo el expediente.

Esta Corte dictó auto, mediante el cual requerió a la Sociedad Mercantil Petróleos de Venezuela S.A, la consignación de la autorización conferida por la Junta Directiva de la prenombrada sociedad mercantil a favor de su Representante Legal Armando Giraud Torres o en su defecto de la Abogada Catherine Guerrero, quien actúa en la presente causa como su Apoderada Judicial. En este sentido, se fija el término de diez (10) días de despacho, contados a partir de que conste en autos la notificación de la presente decisión, para que consigne la autorización requerida.

Esta Corte con fundamento en lo establecido en el artículo 39 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, solicitó al ciudadano Ministro del Poder Popular para la Energía Eléctrica, que remita a esta Alzada en el lapso de diez (10) días de despacho, contados a partir que conste en auto su notificación, Resolución o documentación alguna de la cual se desprenda la existencia de la prórroga del lapso de intervención de la Sociedad Mercantil Corporación Eléctrica Nacional S.A. (CORPOELEC), a los fines de proveer en relación a la solicitud de suspensión. Igualmente, se hace necesario destacar, que la omisión o retardo en la remisión a esta Corte de dicha información, podrá ser sancionada con multa hasta por doscientas unidades tributarias (200 U.T.), conforme a lo establecido en el artículo 122 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, aplicable por remisión expresa del artículo 31 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.