En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por el Abogado Stalin Rodríguez, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada en fecha 27 de septiembre de 2007, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que declaró Inadmisible la prueba de experticia promovida en el recurso contencioso administrativo funcionarial contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN y 2. EL DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de hecho interpuesto por el ciudadano JESÚS ALEXANDER ARMAS MONASTERIOS, debidamente asistido por la Abogada Libia Briceño de Zambrano, contra el auto dictado en fecha 23 de enero de 2012, por el JUZGADO SUPERIOR SÉPTIMO DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA REGIÓN CAPITAL que oyó en un solo efecto el recurso de apelación interpuesto en fecha 17 de julio de 2014, contra la sentencia interlocutoria dictada por el referido Juzgado en fecha 14 de julio de 2014, que declaró Improcedente el amparo cautelar y negó la medida innominada de suspensión de efectos, 2. SIN LUGAR el recurso de hecho interpuesto y 3. CONFIRMA el auto dictado por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 21 de julio de 2014, con la reforma expuesta en el presente fallo.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte CONFIRMA, con la reforma expuesta ut supra la sentencia dictada en fecha 14 de mayo de 2012, por el Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital.

En el recurso contencioso administrativo por "ABSTENCIÓN O CARENCIA" interpuesto por los ciudadanos DAGOBERTO DEL VALLE VALDÉZ CAMACHO y FERNANDO RAFAEL SOTO GONZÁLEZ, debidamente asistidos por el Abogado Agustín Pineda Moreno, contra "la negativa emanada de la REGISTRADORA PÚBLICA DEL PRIMER CIRCUITO DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS...", esta Corte dictó sentencia que declaró: 1. ORDENA la reposición de la causa al estado de que se notifique a los ciudadanos Dagoberto Valdez y Fernando Soto, así como a la Sociedad Mercantil Proyectos y Construcciones Proconca C.A., y al ciudadano Procurador General de la República, siendo que una vez consten en autos dichas notificaciones, se procederá a fijar la oportunidad para la celebración de la Audiencia de Juicio en la presente causa

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: 1-Su COMPETENCIA para conocer los recursos de apelación de fechas 12 y 14 de agosto de 2009. 2-CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la querellada. 3-Se ANULA el fallo apelado. 4-Se declara INOFICIOSO pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por el querellante. 5-SIN LUGAR la denuncia de vías de hecho y la solicitud de reincorporación del querellante. 6-PARCIALMENTE CON LUGAR la solicitud de pago de las prestaciones sociales del querellante y demás beneficios: 6.1-Se ORDENA el pago de las prestaciones sociales al ciudadano Juan Luis Suarez, en virtud del tiempo de servicio prestado dentro del organismo querellado, junto con los derechos generados en virtud de su prestación efectiva de servicio que no le hayan sido cancelados. 6.2-Se NIEGA la cancelación del beneficio de cesta tickets.7-Se ORDENA una experticia complementaria del fallo

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1. IMPROCEDENTE LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA planteada por el Juzgado de Sustanciación en fecha 9 de junio de 2014, en la presente demanda por cumplimiento de contrato interpuesta por el Abogado Henry Williams Machado Velasco, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del INSTITUTO AUTÓNOMO REGIONAL DEL AMBIENTE (IARA), contra la Sociedad Mercantil VENEZOLANA DE LA CONSTRUCCIÓN COMPAÑÍA ANÓNIMA (VENCON C.A), y la Sociedad Mercantil PROSEGUROS S.A. 2. ORDENA a la Secretaría de esta Corte proceda a notificar al Instituto Autónomo Regional del Ambiente (IARA) (parte demandante) y al Procurador General del estado Zulia de la presente decisión a objeto de ponerlos en conocimiento que de la presente causa, para que éstos realicen las actuaciones procesales tendientes a impulsar el proceso; y una vez conste en actas la práctica de dichas notificaciones, continúe con el procedimiento de Ley.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte ORDENA a la Secretaría de esta Corte solicitar al INSTITUTO AUTÓNOMO DE POLICIA DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MÉRIDA, de conformidad con lo previsto en el artículo 79 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, para que en el lapso de diez (10) días hábiles siguientes a la constancia en autos de haberse practicado su notificación, consigne ante éste órgano jurisdiccional los antecedentes administrativos del caso a los fines de verificar su contenido, legalidad y procedencia, indicándole que una vez los documentos solicitados sean consignados, la contraparte, podría si así lo quisiera impugnar los mismos dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos la remisión del expediente administrativo y disciplinario, para lo cual se abrirá, el día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 40 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer el recurso de apelación ejercido por la Abogada Karina Querales, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la parte demandante, contra la decisión dictada en fecha 28 de mayo de 2007, por el Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, que negó la prueba de exhibición promovida, en el recurso contencioso administrativo funcionarial contra la CONTRALORÍA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO EL HATILLO DEL ESTADO MIRANDA y 2. DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 2 de octubre de 2007, por el Abogado Stalin Rodríguez, actuando en su carácter de Apoderado Judicial del ciudadano PEDRO RAFAEL MATURET, contra el auto dictado por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, en fecha 27 de septiembre de 2007, mediante la cual inadmitió la prueba de experticia contable promovida por el Apoderado Judicial de la querellante, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el mencionado ciudadano, contra la República Bolivariana de Venezuela, por órgano del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN y 2.- El DECAIMIENTO DEL OBJETO en el recurso de apelación interpuesto.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte ORDENA a la Secretaría de este Órgano Jurisdiccional, notificar del presente auto al ciudadano Euclides Oliveros Borre, a los fines que una vez sean consignados en autos el expediente y/o antecedentes administrativos, así como el manual descriptivo de cargos por parte del Organismo querellado, pueda -si así lo quisiera- impugnar la documentación constante en el mismo, dentro de los cinco (5) días de despacho siguientes a que conste en autos lo solicitado, para lo cual se abrirá, el día siguiente a la impugnación, la articulación probatoria prevista en el artículo 40 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa. Así se decide.