Se dictó sentencia declarando: 1.- PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda por ejecución de fianza ejercida por los Abogados Nelson Montoya, Eudis Areyan, Gisela Flores y Alba García, respectivamente, actuando con el carácter de Apoderados Judiciales de la FUNDACIÓN PARA LA ASISTENCIA SOCIAL DE LA POLICÍA METROPOLITANA (FUNDAPOL), contra la Sociedad Mercantil AFIANZADORA VENEZUELA LOS ANAUCOS C.A. 2.- SE ORDENA a la demandada el pago equivalente a seiscientos doce mil bolívares (Bs.F. 612.000,00), correspondiente al monto afianzado, con su consecuente indexación. 3.- SE ORDENA experticia complementaria del fallo a los fines de la indexación. 4.- NIEGA el pago de los intereses moratorios.

En esta misma fecha, esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1. La NULIDAD de todas las actuaciones suscitadas con posterioridad al auto de fecha 31 de enero de 2006, exceptuando la constitución y reconstitución de este Órgano Jurisdiccional. 2. Se ORDENA la remisión de la presente causa a la Secretaría de esta Corte, a los fines que realice las actuaciones necesarias para la notificación de las partes, con la advertencia que una vez conste en autos la última de las notificaciones ordenadas se dará inicio al procedimiento de segunda instancia previsto en los artículos 90, 91 y 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por la parte recurrida, contra la decisión dictada en fecha 27 de febrero de 2013, por el Juzgado Superior Estatal Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Monagas con Competencia en el estado Delta Amacuro, que declaró el Decaimiento del Objeto en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto con medida cautelar innominada, por los ciudadanos CELIA PIÑANGO y ALFREDO RENDÓN, asistidos por el Abogado Pedro Urrieta Figueredo, contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MATURÍN DEL ESTADO MONAGAS. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. FIRME el fallo dictado en fecha 27 de febrero de 2013, por el mencionado Juzgado Superior.

En la demanda por resolución de contrato y ejecución de fianza interpuesta conjuntamente con solicitud de medida preventiva de embargo y de prohibición de enajenar y gravar, por la Síndica Procuradora Municipal del MUNICIPIO SIMÓN BOLÍVAR DEL ESTADO ANZOÁTEGUI, contra la Sociedad Mercantil TIANNONG OIL SERVICES, C.A., y contra la Sociedad Mercantil TRANSEGURO, C.A., DE SEGUROS. Esta Corte dicto sentencia mediante la cual declaró: 1.- QUE EL PODER JUDICIAL NO TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir la demanda por ejecución de fianzas respecto de la sociedad mercantil Transeguro C.A., de Seguros; 2.- QUE EL PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer de la demanda contra Tiannong Oil Service C.A., y en consecuencia: 2.1.- SE ORDENA la remisión del presente expediente al Juzgado de Sustanciación ; 3.- SE ORDENA anexar copia de la presente decisión en el cuaderno separado; 3.- SE ORDENA la remisión de copia certificada del expediente a la Sala Político Administrativa del TSJ.

Esta Corte dictó sentencia mediante la cual declaró: 1.- Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 31 de enero de 2013, por la Representación Judicial de la ciudadana PILAR PARDO DE RAMÍREZ, contra la sentencia de fecha 6 de noviembre de 2012, dictada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante el cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMA el fallo dictado en fecha 6 de noviembre de 2012.

En esta misma fecha, esta Corte dictó la decisión, mediante la cual declaró:1. La INCOMPETENCIA de la jurisdicción contencioso administrativa para conocer de la demanda de nulidad interpuesta. 2. ANULA la sentencia dictada en fecha 4 de junio de 2012, por el Juzgado Superior Estatal de la Jurisdicción Contencioso Administrativo del estado Bolívar mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por el Apoderado Judicial de la Sociedad Mercantil C.V.G. BAUXILUM, C.A., contra la certificación Nº 363-09, dictada en fecha 22 de octubre de 2009, por el Doctor Rainiero Silva, en su condición de Médico Especialista en Salud Ocupacional de la DIRECCIÓN ESTADAL DE SALUD DE LOS TRABAJADORES DE LOS ESTADOS BOLÍVAR Y AMAZONAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE PREVENCIÓN, SALUD Y SEGURIDAD LABORALES (INPSASEL). 3. DECLINA la competencia en el Juzgado Distribuidor de los Juzgados Superiores del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar.

En el recurso de apelación ejercido en fecha 27 de abril de 2005, por la ciudadana LUISA SUNIAGA FIGUERA, actuando en su propio nombre y representación, contra el fallo dictado por el Juzgado Superior Segundo de Transición de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, en fecha 20 de enero de 2004, que declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra MINISTERIO DEL INTERIOR Y JUSTICIA, hoy, MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LAS RELACIONES DE INTERIOR, JUSTICIA Y PAZ, esta Corte dictó sentencia por medio de la cual declaró:. 1. La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 10 de agosto de 2005, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa, así como la nulidad de todas las actuaciones procesales suscitadas con posterioridad al mismo; 2. Se ORDENA la reposición de la causa al estado que la Secretaria de esta Corte, notifique a las partes de la remisión a este Órgano Jurisdiccional

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 21 de junio de 2007, por el Abogado Dom Gonzalo Crespo, actuando con el carácter de sustituto de la Procuraduría General del estado Vargas, contra la sentencia dictada por el Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en fecha 10 de mayo de ese mismo año, mediante la cual declaró Parcialmente Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el ciudadano NELSON ALEXIS IZAGUIRRE SUAREZ, debidamente asistido por la Abogada María Teresa González, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO VARGAS; CON LUGAR el recurso de apelación ejercido; REVOCA la sentencia apelada; y SIN LUGAR el recurso interpuesto.

Esta Corte declaró: Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas, en el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por el Abogado Marcos Goitia, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del ciudadano ALEXANDER RAMÓN CHOURIO QUINTERO, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO APURE. CON LUGAR la inhibición propuesta. SE ORDENA NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo, a la ciudadana Hirda Soraida Aponte, en su carácter de Jueza Provisoria del Juzgado Superior en lo Civil (Bienes), Contencioso Administrativo y Agrario de la Circunscripción Judicial del estado Apure y Municipio Arismendi del estado Barinas.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: La NULIDAD parcial del auto emitido por este Órgano Jurisdiccional en fecha 30 de octubre de 2012, únicamente en lo relativo al inicio de la relación de la causa. Se REPONE la causa al estado que la Secretaría de esta Corte notifique a las partes del inicio del lapso de fundamentación de la apelación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 92 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.