Esta Corte declaró SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto conjuntamente con medida cautelar de suspensión de efectos, por los Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil BANCO CARONÍ, C.A., BANCO UNIVERSAL, contra la Resolución Nº 752.09 de fecha 18 de diciembre de 2009, dictado por la SUPERINTENDENCIA DE BANCOS Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS (SUDEBAN)

En la apelación interpuesta por el ciudadano Eduardo Martínez, asistido de la Abogada Lidia Vivas contra la decisión de fecha 26 de enero de 2005, emanada del Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, de Tránsito, de Protección del Niño y del Adolescente y Contencioso Administrativo del Segundo Circuito del estado Bolívar, que declaró la suspensión de la causa principal por existir prejudicialidad, esta Corte dictó auto para mejor proveer, mediante el cual ORDENÓ oficiar a la Alcaldía del Municipio Caroní del estado Bolívar, para que en el lapso de 10 días de despacho remitiera copia certificada de la autorización que establece el artículo 154 de la Ley del Poder Público Municipal.

Por las razones precedentemente expuestas, esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad de la Ley, declara el DECAIMIENTO DEL OBJETO la demanda por abstención o carencia interpuesta por el Abogado Giuseppe Antonio Tobia Frino, actuando con el carácter de Apoderado Judicial de los ciudadanos ROMÁN MARTÍN FERNÁNDEZ y YOLANDA TERESA RODRÍGUEZ DE MARTÍN, contra la abstención en que presuntamente incurrió la ciudadana Carmen Cecilia Morantes en su carácter de Directora General de Inquilinato del MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA VIVIENDA Y HÁBITAT.

En el presente recurso contencioso administrativo esta Corte Ordena: oficiar al Municipio Miranda del estado Zulia, a los fines de que remita los antecedentes administrativos correspondiente a la ciudadana Alain Yoleine Luzardo Lubo, así como a la empresa municipal Gas Miranda C.A., (GASMICA) con el objeto que consigne ante esta instancia el expediente de personal de la prenombrada ciudadana, dentro del lapso de diez (10) días hábiles, una vez transcurridos ocho (8) días continuos como término de la distancia, contados a partir del recibo de los oficio que se ordenen librar con ocasión del presente auto.

En esta misma fecha, esta Corte dictó decisión, mediante la cual declaró: 1. Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto en fecha 13 de diciembre de 2012, por la Abogada Abogada Deisy Andreína Rojas Paredes, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la ciudadana MARÍA EUGENIA HERNÁNDEZ MENDOZA, contra la sentencia dictada en fecha 19 de julio de 2012, por el Juzgado Superior de lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, mediante la cual declaró Sin Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la referida ciudadana, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2. DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3. FIRME la sentencia apelada.

Esta Corte dictó decisión mediante la cual declaró: Su COMPETENCIA para conocer de la demanda de nulidad interpuesta por la Abogada Marianela Zubillaga, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el Nro. 31.322, actuando con el carácter de Apoderada Judicial de la Sociedad Mercantil ALIMENTOS ARCOS DORADOS DE VENEZUELA C.A., contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa Nº CAD-DEC-00103 de fecha 3 de febrero de 2009, emanada de la COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN DE DIVISAS (CADIVI). SIN LUGAR la demanda de nulidad interpuesta.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por los Abogados José Valentín González, Álvaro Guerrero Hardy y Andreina Martínez Veracoechea, actuando en su carácter de Apoderados Judiciales de la Sociedad Mercantil MOLIENDAS PAPELÓN, S.A. (MOLIPASA), contra la Providencia Administrativa Nº 104 de fecha 19 de marzo de 2010, emanada del INSTITUTO PARA LA DEFENSA DE LAS PERSONAS EN EL ACCESO A LOS BIENES Y SERVICIOS (INDEPABIS); y SIN LUGAR el recurso contencioso administrativo de nulidad ejercido.

Esta Corte declaró: Su COMPETENCIA para conocer del recurso de apelación interpuesto por el Abogado Bill Abel Venegas, actuando con el carácter de Apoderado Judicial del CONCEJO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO ALTUVES DEL ESTADO AMAZONAS, contra la decisión dictada en fecha 17 de diciembre de 2012, por el Juzgado Superior estadal de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial del estado Amazonas, mediante la cual declaró Con Lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana ROSA YEZENY MARTÍNEZ MORALES, contra el referido Órgano Administrativo; DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto; y FIRME la sentencia apelada.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: TEMPESTIVA la solicitud de aclaratoria de la sentencia dictada por este Órgano Jurisdiccional en fecha 2 de agosto de 2012, realizada por las Sustitutas de la Procuraduría General de la República. PROCEDENTE la solicitud de corrección material realizada por las Abogadas Nelly Berrios y Ada Miguelina Ortega Zamora, actuando con el carácter de Sustitutas de la Procuraduría General de la República, respecto de la sentencia Nº 2012-1340 dictada por esta Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, en fecha 2 de agosto de 2012, en consecuencia se corrigen los errores materiales tal y como se expuso en la presente decisión.

Se dictó sentencia mediante la cual esta Corte: ACEPTA LA DECLINATORIA DE COMPETENCIA efectuada por el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, para conocer del recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto; CONVALIDA las actuaciones procesales llevadas a cabo por ante el Tribunal Superior Quinto de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, salvo la sentencia Nro. 1.762 de fecha 20 de octubre de 2010 y el auto de fecha 26 de enero de 2011, respectivamente, las cuales se consideran anuladas por las sentencias 739 de fecha 21 de junio de 2012, dictada por la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia y la Nro. 1.171 de fecha 28 de noviembre de 2011, dictada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia; SIN LUGAR el recurso interpuesto.