Se dictó decisión a través de la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer la inhibición formulada por el ciudadano Héctor Luis Salcedo López, en su carácter de Juez del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, en el recurso contencioso administrativo de nulidad, interpuesto por el abogado Ricardo Rafael Baroni Uzcátegui inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.220, actuando con el carácter de apoderado judicial de la empresa OFICINA TÉCNICA TAINA, C.A, contra la CORPORACIÓN DE SERVICIOS Y MANTENIMIENTO DEL ESTADO MIRANDA, S.A. 2.- CON LUGAR la inhibición propuesta. 3.- SE ORDENÓ NOTIFICAR de la presente decisión, dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes a la publicación del presente fallo al ciudadano Héctor Luis Salcedo López, en su carácter de Juez del Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital. Se ordenó notificar y remitir el expediente.....

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la regulación de competencia solicitada el 23 de abril de 2013, por el apoderado de PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES RAM-VEN, C.A., contra la decisión del 16 de abril de 2013, mediante la cual el referido Juzgado se declaró incompetente para conocer del recurso de marras. 2.- Efectuada la regulación de competencia, esta Corte resulta COMPETENTE para conocer del recurso de nulidad ejercido por la referida empresa contra la Providencia Administrativa Nº 100, emanada de la DIRECCIÓN ESTADAL AMBIENTAL NUEVA ESPARTA DEL MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE. 3.- ADMITIÓ el recurso a los fines del pronunciamiento sobre la solicitud de amparo cautelar. 4.- IMPROCEDENTE el amparo cautelar. 5.- ORDENÓ la remisión del expediente al Juzgado de Sustanciación, a los fines de que éste se pronuncie sobre la caducidad del recurso interpuesto. Se ordenó notificar.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte mediante la cual esta Corte declaró que: 1.- No ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental, en fecha 31 de enero de 1997, para conocer de la acción de amparo interpuesta por el ciudadano JOSÉ ALFREDO ZAMBRANO PERDOMO, asistido por el abogado Héctor Leáñez Díaz, contra la sociedad mercantil RADIO GUADALUPANA, C.A., y el COLEGIO NACIONAL DE PERIODISTAS SECCIONAL FALCÓN. 2.- REMITIÓ a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, el presente expediente a los fines de que conozca el conflicto negativo de competencia que debió ser planteado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Occidental. Se ordenó la remisión del expediente a la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia.

Esta Corte declara CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la ciudadana Lilian Josefa Mendieta Oporta, contra la Corporación de Salud del Estado Aragua, y en consecuencia, homologa el ajuste de pensión y ordena el pago de la diferencia del monto de pensión de jubilación desde el momento en que se hizo efectiva la misma -esto es- en fecha 1º de noviembre de 2009, hasta la fecha de ejecución del presente fallo, el cual hará por la cantidad de trescientos bolívares fuertes con nueve céntimos (Bs.F 300,09), y se declara procedente la solicitud relacionada con la inclusión de los años en que se encontraba de reposo la querellante al cálculo de sus prestaciones sociales. Así se declara. Visto lo anterior, este Tribunal Colegiado ordena la realización de una experticia complementaria del fallo, de conformidad con lo previsto en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, a los fines de la determinación de los montos acordados.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: DESISTIDO el recurso contencioso administrativo de nulidad conjuntamente con solicitud de medida cautelar, interpuesto por el ciudadano RAFAEL ESCARRÁ MARTÍNEZ, actuando con el carácter de Presidente de la Junta Directiva de la sociedad mercantil DESARROLLO AGROINDUSTRIAL AGUA SANTA S.A., asistido por los abogados Filippo Tortorici Sambito y Rafael Ygnacio Carvajal Orduz, contra el acto administrativo de fecha 2 de julio de 2008, mediante el cual la INSPECTORÍA DEL TRABAJO DEL ESTADO TRUJILLO, ordenó la inscripción del Sindicato de Trabajadores al Servicio de la Empresa Desarrollo Agroindustrial Agua Santa S.A., en el Libro de Registro de Organizaciones Sindicales llevado por esa Inspectoría. Asimismo, se ordenó notificar a las partes.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta en fecha 11 de abril de 2013, por el apoderado judicial de la parte recurrente contra el fallo dictado por el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en fecha 27 de julio de 2012, mediante la cual declaró parcialmente con lugar, el recurso contencioso administrativo funcionarial ejercido por el ciudadano ANDRÉS FERNÁNDEZ BRICEÑO, asistido por el abogado Junior José Hidalgo Guevara, contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano de la GOBERNACIÓN DEL ESTADO PORTUGUESA. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- CONFIRMÓ, el fallo dictado por el Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, de fecha 27 de julio de 2012, que declaró parcialmente con lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto. Se ordenó la remisión del expediente.

Esta Corte declara: 1.- NO ACEPTA LA COMPETENCIA DECLINADA por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Guárico, en fecha 30 de abril de 2013, para conocer en primer grado de jurisdicción de la demanda de indemnización de daños y perjuicios, interpuesta por los ciudadanos ALBERTO JOSÉ ORTEGANO GUDIÑO y ALBERTO JOSÉ RODRÍGUEZ, debidamente asistidos por el abogado Edmundo Bruno Guida Contreras, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.747, contra la CORPORACIÓN ELÉCTRICA NACIONAL, S.A. (CORPOELEC). 2.- PLANTEA CONFLICTO NEGATIVO DE COMPETENCIA ante la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia. 3.- Ordena REMITIR el presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia de la República Bolivariana de Venezuela.

Esta Corte declaró: 1.- Que NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuera declinada en fecha 12 de noviembre de 2012 por el Juzgado Superior de lo Contencioso Administrativo de la Región Centro-Occidental, para conocer del recurso de apelación intentado por el abogado Yvonne Fernando Nadal, actuando en representación del ciudadano demandante SIMÓN EDUARDO REYES MONTOYA, contra la sentencia dictada el 8 de abril de 2008 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, mediante la cual declaró sin lugar la demanda por daño moral intentada contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO AGUA BLANCA DEL ESTADO PORTUGUESA y el ciudadano WILLIAM DOMINGO MORALES MONTILLA; 2.- En consecuencia, ORDENA la remisión del presente expediente a la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de que resuelva el conflicto de competencia suscitado en el presente caso.

Se dictó decisión mediante la cual esta Corte declaró: 1.- Que es COMPETENTE para conocer el recurso de apelación ejercido el 16 de julio de 2008, por el abogado Rafael Pérez Moochett, actuando con el carácter de apoderado judicial de la ciudadana DANIELA ISABEL DÍAZ AYALA, contra la decisión dictada en fecha 14 de julio de 2008, por el Tribunal Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, mediante la cual declaró sin lugar el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto contra la República Bolivariana de Venezuela por órgano del MINISTERIO PÚBLICO. 2.- DESISTIDO el recurso de apelación interpuesto. 3.- FIRME la sentencia apelada.

Por las razones antes expuestas, esta Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: 1.- QUE ES COMPETENTE para conocer de la apelación interpuesta por el abogado Ángel Alexis Madriz Cruces, actuando en su carácter de sustituto de la Procuradora General de la República, contra la decisión dictada el 13 de diciembre de 2010, por el Juzgado Superior Noveno de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital. 2.- SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto. 3.- Se CONFIRMA la sentencia apelada.