La Corte decretó la EJECUCUCION FORZOSA de la sentencia dictada por esta Corte en fecha 24 de mayo de 2.002, en la que ordenó a Inversiones Yara C.A. abstenerse de realizar cualquier actividad que pueda afectar la producción agrícola desarrollada por los accionantes y, asimismo, ORDENA remitir copias certificadas del expediente al Ministerio Público, en vista de las atribuciones previstas en los numerales 1 y 2 del artículo 285 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.