Se declaró PERIMIDA LA INSTANCIA en el presente juicio por COBRO DE BOLIVARES (PROCEDIMIENTO INTIMATORIO) intentado por MARÍA M. DEL CARMEN SALAS MENDOZA contra LUIS GUERRA ESTRADA y ERNESTO OCANTO. De conformidad con lo previsto en el artículo 283 ejusdem, no hay lugar a costas procesales.

Con fundamento a las anteriores consideraciones este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo dispuesto en el primer aparte del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con el artículo 269 Ejusdem, produciéndose en consecuencia, los efectos indicados en el artículo 271 ibidem. Dada la naturaleza del presente fallo y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no hay especial condenatoria en costas. REGÍSTRESE y PUBLÍQUESE la presente decisión. Dada, firmada y sellada en Caracas, a los Tres (03) días del mes de Agosto del año 2.006. Años 196° y 147°. LA JUEZ TITULAR Dra. LORELIS SANCHEZ LA SECRETARIA TITULAR VERHZAID MONTERO MARTINEZ En esta misma fecha, siendo las 9:00 a.m., se registró y publicó la anterior sentencia. LA SECRETARIA TITULAR VERHZAID MONTERO MARTINEZ .....

SE DECLARO PERIMIDA LA INSTANCIA

Se declaró Improcedente en Derecho la solicitud realizada en la demanda por la parte actora, relativa al decreto de la medida de secuestro sobre el inmueble arrendado constituido por un apartamento tipo Town House, distinguido con el numero 6, del Parque Residencial La Unión, ubicado en la carretera la Unión, sector Tovar, Municipio El Hatillo, Estado Miranda, solicitada por la parte accionante; todo ello conforme a lo previsto en los artículos 38 y 39 de la Ley de Arrendamientos Inmobiliarios; y con fundamento en que uno de los requisitos exigidos por el citado artículo para su procedencia, como lo es la naturaleza del contrato, está discutido en juicio, y el correspondiente pronunciamiento -como defensa de fondo que es- debe ser emitido por este Despacho en la sentencia defintiva a dictarse en la controversia.

Fue practicada medida de Secuestro sobre el inmueble objeto de la presente medida y se puso en posesión de la parte actora en la persona de su apoderada judicial Abogada SORELENA PRADA, quien lo recibió libre de bienes y personas en el acto, comprometiéndose a cumplir con todas las disposiciones legales establecidas en la Ley Sobre Depósitos Judiciales y demás leyes, tal como fuera ordenado por el Tribunal de la causa.

declara IMPROCEDENTE la petición formulada en fecha 11.07.2006, por la abogada Lisett Carolina Perdomo, actuando en su carácter de apoderada judicial del Municipio Libertador del Distrito Capital, de conformidad con lo establecido en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y en consecuencia, se AFIRMA la competencia funcional que tiene atribuida este Tribunal para conocer en primera instancia de la demanda de tercería propuesta el día 17.11.2005, por la abogada Mariflor Hernández Sánchez, actuando en su carácter de apoderada judicial del Municipio Libertador del Distrito Capital, por lo cual se ordena su desglose para dispensar su trámite procedimental en cuaderno separado

(...) En consecuencia, cumplido tales extremos, este Juzgado Superior Primero declara ADMISIBLE el Recurso de Casación anunciado por los abogados JUAN PÉREZ APARICIO y MARITZA ALVARADO MENDOZA, en sus caracteres de apoderados judiciales de la parte demandada, ciudadanas LILIA ESTHER PICHARDO SÁNCHEZ y LIZ JOHANA PICHARDO PICHARDO, en fecha 18.07.2006. Haciendo constar que el último de los diez (10) días que se dan para el anuncio lo fue el día martes dos (02) de agosto de 2006. Y ASÍ SE DECIDE. Remítase, con oficio, el presente expediente a la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia. Líbrese oficio.- EL JUEZ DR. FRANK PETIT DA COSTA LA SECRETARIA ABOG. FLOR CARREÑO En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado por el auto que precede.- LA SECRETARIA ABOG. FLOR CARREÑO

quien aquí decide, en uso de sus facultades legales establecidas en los artículos 646 y 647, literal “h”, Ejusdem, considera PRIMERO: Que lo procedente y ajustado a derecho es decretar la CESACIÓN DE LA MEDIDA PRIVATIVA DE LIBERTAD, impuesta en su oportunidad al adolescente: (IDENTIDAD OMITIDA), como consecuencia del cumplimiento efectivo de la sanción, pues del análisis practicado las actuaciones procesales del expediente en todo evento, se evidencia que se encuentran satisfechos los extremos legales para su procedencia, en consecuencia se decreta su LIBERTAD, a tenor de lo previsto en el artículo 647 literal “h” en relación con el artículo 645 ambos Ibidem. SEGUNDO: Observando que el sancionado supra mencionado debe continuar con el cumplimiento de las medidas de LIBERTAD ASISTIDA, por el lapso de dos (02) años y REGLAS DE CONDUCTA, por el lapso de un (01) año, dispuestas por el Tribunal sentenciador para ser cumplidas en forma sucesiva, para un total de tres.....

este Juzgado en uso de sus facultades legales conferidas por los artículos 646 y 647 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente acuerda: UNICO: diferir dicho acto para el día 17 de Agosto de 2006, a las 9:00 a.m. En consecuencia notifíquense a las partes y líbrese oficio a la Jefe de la Policía Metropolitana de Caracas, remitiéndole anexo Boleta de Citación a nombre del mencionado sancionado, a los fines de que funcionarios adscritos a ese Cuerpo Policial, hagan efectiva la entrega de la misma. Provéase lo conducente. Cúmplase.-

se aprecia de las actuaciones de investigación que el ciudadano JOSÉ VICENTE ALVARADO DIAZ, compró el vehículo: PLACAS AAD-64V, MARCA CHEVROLET, MODELO BLAZER, AÑO 1995, COLOR BLANCO, USO PARTICULAR, CLASE CAMIONETA, TIPO SPORT-WAGON, USO PARTICULAR, SERIAL DE CARROCERIA C1T6WSV312127, SERIAL DE MOTOR WSV312127, de buena fe, por lo tanto, acuerda la entrega del referido automóvil al citado ciudadano JOSÉ VICENTE ALVARADO DÍAZ, titular de la cédula de identidad No 6.041.202, en calidad de depósito mientras se continúa con las investigaciones, en virtud de que no hay denuncia de que el referido vehículo haya sido objeto de algún delito y por otra parte no ha sido posible la identificación de los seriales originales de seguridad, carrocería y motor, y tampoco existe un tercero reclamante, todo de conformidad con el artículo 311 del Código Organico Procesal Penal primer aparte.