esta Sala Séptima de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de conformidad con el encabezamiento del artículo 455 del Código Orgánico Procesal Penal, ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la ciudadana ANA VIRGINIA GUERRA, Defensora Pública Sexagésima Segunda (62°) Penal del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de Defensora del ciudadano OSMER RAFAEL MONSALVE, contra de la sentencia definitiva dictada por el Juzgado Vigésimo Quinto de Primera Instancia en Función de Juicio del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 05 de octubre de 2007 y publicado su texto integro el día 22 de octubre de 2007, en virtud de la cual condenó al mencionado ciudadano a cumplir la pena de NUEVE (09) AÑOS DE PRISIÓN, más las penas accesorias, por la comisión del delito de CO AUTOR EN EL DELITO DE ROBO IMPROPIO, prev.....

DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por los Abogados Felix Antonio Bravo Mayol y Félix Enrique Bravo Hevia, actuando con el carácter de víctima; y en consecuencia CONFIRMA de la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Noveno de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 28 de Junio de 2007, mediante la cual Declaró con Lugar la solicitud de sobreseimiento fiscal a tenor de lo dispuesto en el primer supuesto del artículo 318.2 del Código Orgánico Procesal Penal

ESTA SALA 7 DE LA CORTE DE APELACIONES DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y POR AUTORIDAD DE LA LEY: DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por los ciudadanos abogados AMBIORIX POLANCO PEREZ y JAQUELINE DEL VALLE RAMOS GONZALEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los números 52.919 y 80.812, respectivamente, en su condición de defensores de los ciudadanos HENRY OMAR GRANADOS, MONCADA REY RODIN ISAAC, EVERTH JOHAN GOMEZ SANGUINO y PEDRO JULIO HERNANDEZ ANGARITA, con fundamento en el artículo 447 ordinal 4º del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada por el Juzgado Trigésimo Tercero de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de fecha 29 de septiembre de 2007, mediante la cual decretó la medida de privación judicial preventiva de libertad, contra los mencionados ciudadanos, de conformidad con los .....

declara CON LUGAR el Recurso Contencioso Administrativo Funcionarial interpuesto por el ciudadano HANOY ERNESTO BORRERO SÁNCHEZ, portador de la cédula de identidad Nro. 12.113.142, representado por el abogado Manuel Assad Brito, inscrito en el Instituto de Previsión Social del abogado bajo el Nro. 31.580, contra el acto administrativo de fecha 19 de enero de 2007, emanado de la Presidenta de Fondo de Desarrollo Microfinanciero, en consecuencia se ordena la reincorporación del recurrente al cargo de Supervisor de Servicios Generales de FONDEMI, así como el pago de los sueldos dejados de percibir, desde el retiro hasta la fecha de su efectiva reincorporación

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la querella interpuesta por el abogado GABRIEL JESUS ESPINOZA GARCIA, apoderado judicial de la ciudadana LOURDES VENTURA GARCIA, antes identificados, contra la ALCALDIA DEL DISTRITO METROPOLITANO DE CARACAS.

Se da por terminado el juicio y ordena el archivo del expediente. Téngase como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada en los mismos términos en que ha sido suscrita por la actora.

El tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA MEDIDA PREVENTIVA DE EMBARGO sobre bienes propiedad de la parte demandada antes identificada.

El tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, la admite cuanto ha lugar en derecho.

El tribunal de conformidad con lo establecido en el artículo 640 del Código de Procedimiento Civil, la admite cuanto ha lugar en derecho.

El tribunal de conformidad con lo dispuesto en el artículo 590 de nuestra norma procesal civil, exige caución o garantía suficiente para responder a la parte contra quien se dirige la medida, de los daños y perjuicios que éste pudiera ocasionarle.