Con fundamento en lo antes expuesto, este Juzgado Superior Octavo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la abogada Tailandia Márquez, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nro. 87.317, en su carácter de defensora judicial designada a la parte demandada, en fecha 13 de noviembre de 2001, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Séptimo Itinerante de Primera Instancia en lo Civil y Mercantil Bancario con Competencia Nacional y sede en la ciudad de Caracas (siendo hoy, Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario) en fecha 24 de mayo de 2001. En consecuencia, se CONFIRMA la sentencia apelada en toda y cada una de sus partes, y declara: PRIMERO: CON LUGAR la demanda incoada por BANCO CONSTRUCCIÓN, C.A., en contra de la sociedad mercantil VALENTINO VALENTE C.A., y los ciudadanos ELIO MARTINISI DE LUCIA y JANETH CARBONE MERY DE MARTINIS.....

Se dictó sentencia interlocutoria con fuerza de definitiva mendainte la cual, este Juzgado Duodécimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara la PERENCION DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, en la demanda que por COBRO DE BOLIVARES ha incoado ADMINISTRADORA INTERCANARIVEN, C.A., contra FELIX EDMUNDO DOMADOR ROJAS

CON LUGAR, Inhibición planteada por la ciudadana Doctora MIGDALIA MARÍA AÑEZ GONZALEZ, en su condición de JUEZ DEL TRIBUNAL CUADRAGÉSIMO SÉPTIMO (47º) DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, de conocer de la causa signada con el N° 47°C-S498-09 (Nomenclatura del Tribunal Cuadragésimo Séptimo (47°) de Primera Instancia en Función de Control) seguida en contra de los ciudadanos UBALDO RAMÓN SANTANA SEQUERA, DIEGO RAFAEL PADRÓN SÁNCHEZ, ADAN AUGUSTO RAMÍREZ ORTIZ, HILARIO PULIDO LEÓN, ROSA VIRGINIA MORAKIS, JESUS ANTONIO PETIT DA COSTA GÓMEZ, VLADIMIR JESUS PETIT MEDINA, WLADIMIR LANCIANESE FIADONE, CARLOS ALBERTO BOULLY GOMEZ y FLOR MILAGROS GAGGIONI, de conformidad con lo establecido en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y, en los artículos 86 ordinal 7°, 87 y 90, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en concordancia con el artículo 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

ÚNICO: DECLARA SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la Defensa de los ciudadanos BERNARDO BARRACAL ARZUZA y FREDDY MELITON GODOY PALMARES, DRA. MARILYN MEDINA RIVAS, contra la decisión dictada por el Tribunal Quincuagésimo Segundo (52°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, a cargo del ciudadano Juez DR. JOSE MANUEL POLEO CABRERA, de fecha 10 de febrero de 2011, cuya decisión motivada fue publicada en esa misma fecha (10 de febrero de 2011), mediante la cual decretó Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra de los ciudadanos Imputados BERNARDO BARRACAL ARZUZA y FREDDY MELITON GODOY PALMARES, por la presunta comisión del delito de TENTATIVA DE ROBO DE VEHÍCULO AUTOMOTOR, previsto y sancionado en el artículo 7 de la Ley Sobre el Hurto y Robo de Vehículo Automotor; de conformidad con lo establecido en el artículos 250 numerales 1, 2 y 3, 251 numeral 3, ambos del Código Orgánico Procesal Pe.....

Se DECLARA ACEPTADA A BENEFICIO DE INVENTARIO LA HERENCIA a favor de la niña de autos dejada por su progenitora causante, la de cujus YULEIMA ALEJANDRA ORTEGA HERNÁNDEZ, y por su abuela materna, la de cujus EFIGENIA HERNÁNDEZ de ORTEGA formada por el trece coma ochenta y ocho por ciento (13,88%) sobre el bien inmueble señalado en el fallo, a tenor del artículo 998 del Código Civil, en concordancia con el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Se declara: PERECIDO EL RECURSO DE APELACIÓN, interpuesto por la Abg. ANA MARÍA VILLARREAL, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 81.936, apoderada judicial del ciudadano JUAN BERNARDO GONZALEZ GARCÍA, mayor de edad y titular de la cédula de identidad V-10.180.386, contra la decisión dictada en fecha 18/02/2011, por la Jueza del Tribunal Quinto de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial del Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el último aparte del Artículo 488-A de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.- Publíquese, regístrese, y una vez quede firme la presente decisión, remítase junto con oficio el presente expediente al Tribunal de la causa.- Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del TRIBUNAL SUPERIOR SEGUNDO DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRIBUNAL DE PROTECCIÓN DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LA CIR.....

Por todo cuanto antecede, esta Corte Superior de la Sección de Adolescentes del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: admite a trámite el recurso de apelación interpuesto por el Defensor Público 14 de Adolescentes. SEGUNDO: Admite a trámite el escrito de contestación presentado por la Fiscal 115 del Ministerio Público. En consecuencia, la precedencia de los mismos, será resuelta dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de este auto, tal como lo establece el tercer aparte del artículo 450 del Código Orgánico Procesal Penal.

Por todos los razonamientos antes expuestos de hecho y de derecho este JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIÓN DE JUICIO DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley acuerda lo siguiente: ÚNICO: NIEGA la solicitud de fecha 30 de marzo de 2011, interpuesta por la ciudadana ABG. MARIZAI ROJAS GUTIERREZ, Defensora Publica Nº 95 Penal, en su carácter de defensora del ciudadano PEDRO PABLO PEDRIQUE LUGO, acusado en la causa signada bajo el Nº 1J-577-10, de la nomenclatura llevada por este Tribunal, mediante el cual requiere a este Juzgado el examen y revisión de la medida de privación judicial preventiva de libertad a la que se encuentra actualmente sometido su defendido por cuanto las circunstancias que dieron origen a la medida impuesta no han variado, razón por la cual se mantiene la medida impuesta en las mismas condiciones en las que fue otorgada.

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Sexto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: SIN LUGAR, el recurso de apelación interpuesto por la abogada ANITZA MACKENZIE VALLEJO, inscrita en el Inpreabogado bajo el Nº 57.554, actuando como apoderada judicial de la Sociedad Mercantil Compañía Nacional Anónima de SEGUROS LA PREVISORA, contra la decisión dictada en fecha 10 de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, que declaró con lugar la demanda que por Cumplimiento de Contrato de Seguro incoara el ciudadano ELIEZER ALEXANDER PEREZ contra la hoy apelante. SEGUNDO: SE CONFIRMA, la decisión apelada dictada en fecha 10 de agosto de 2009 por el Juzgado Tercero .....

Por las razones de hecho y de derecho anteriormente señaladas, este Juzgado Superior Sexto del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: ÚNICO: DESISTIDA la apelación interpuesta por la parte actora contra la decisión de fecha 16 de diciembre de 2011, emanada del Juzgado Octavo (8º) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, en consecuencia queda firme la decisión recurrida. No hay condenatoria en costas.