Así las cosas, visto que en la presente causa se ventila la ejecución de un acto administrativo de efectos particulares emanado de la Inspectoría del Trabajo, que no afecta el orden público y las buenas costumbres, se ha constatado que se encuentran cubiertos los requisitos legales, no evidenciándose renuncia de los derechos laborales, ya que el actor se reservó el derecho de ejercer las acciones correspondientes ante la jurisdicción ordinaria. En consecuencia, quien Juzga homologa el desistimiento manifestado por la parte querellante, conforme a lo dispuesto en el Artículo 25 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales. Así se decide.

Quien Juzga observa que el actor ocupa un cargo dentro de la administración pública, siendo su ingreso mediante nombramiento, consignado en autos –ya analizado-, estando inmersa en una serie de características que lo hacen ser funcionario público, por lo que debe ser llevada la presente causa ante su Juez natural, conforme lo establece el Artículo 49 de la Carta Fundamental. Como ya se estableció, el Artículo 6 de la Ley Orgánica del Trabajo, las Trabajadoras y los Trabajadores excluye del régimen económico y jurisdiccional a quienes ejerzan actividades como empleados públicos, por lo que debe este Juzgador declinar la competencia en el Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, a quien corresponderá pronunciarse sobre la procedencia de la pretensión propuesta en razón de la materia, conforme a lo dispuesto en el Artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, en conexión con el Artículo 25 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencio.....