Pues bien, oída la planificación del auxiliar de justicia, esta Juzgadora pasa a establecer que se requiere 3 horas por la realización de la misma, encontrándose justificado de acuerdo a los parámetros establecidos en el la decisión del Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de esta Circunscripción de fecha 13/10/2017; y las formalidades para la realización de dicha experticia, en consecuencia, visto que el valor de la hora hombre es de Bs. 376,851,56, pues bien, al multiplicar el valor de esta por 3 horas esto da la cantidad de Bs. Bs. 1.130.572,68 monto en el cual este Juzgado fija los honorarios del auxiliar MIGDALY ISTURIZ. Así se establece Queda establecido que la presente fijación de honorarios profesionales, no obsta para que la parte demandada pueda con la intervención del Juez celebrar convenios sobre los derechos que habrán de pagar a dicha auxiliar de justicia. Todo de conformidad con los artículos 54 y 55 de la Ley de Arancel Jud.....

Por las motivaciones de hecho y derecho antes expuestas este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, declara: Primero: Homologada la transacción en la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoada por el ciudadano Gustavo Ignacio Jiménez Pérez, contra la entidad de trabajo C. A. Cigarrera Bigott Sucs, ambos identificados en autos. Segundo: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. Tercero: Se acuerda expedir por Secretaría las copias certificadas requeridas, a tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, instando a las partes a consignar los fotostatos correspondientes.

Se imparte la HOMOLOGACIÓN respectiva del DESISTIMIENTO

Se dictó y publicó Sentencia interlocutoria N° 05/2018, mediante la cual el Tribunal ADMITE el recurso contencioso tributario interpuesto.

Este Juzgado Séptimo (º7) Superior del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PRIMERO.- SIN LUGAR la apelación interpuesta por el ciudadano Andrés Sabatino Basile contra la entidad de trabajo denominada «INSTITUTO METROPOLITANO DE ASEO URBANO (IMAU) actualmente MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL ECO SOCIALISMO y AGUAS.» contra la sentencia de fecha 16 de noviembre de 2017, emanada del Juzgado Noveno (9°) de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE CONFIRMA la decisión recurrida en la que se declaró EXTINGUIDO EL PROCESO, en el juicio incoado por el ciudadano ANDRES SABATINO BASILE, contra el INSTITUTO METROPOLITANO DE ASEO URBANO (IMAU) hoy MINISTERIO PARA EL PODER POPULAR DEL ECO SOCIALISMO Y AGUAS.

SIN LUGAR el Recurso de Apelación, ejercido por la parte demandante contra la decisión de fecha 06 de diciembre de 2017, emanada del Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de esta Circunscripción Judicial. ASI SE DECIDE. SEGUNDO: SE CONFIRMA la recurrida decisión en todas y cada una de sus partes y, en consecuencia, se declara INADMISIBLE la medida cautelar, solicitada por el ciudadano LUIS ALBERTO TORRES DARIAS contra la empresa BNP PARIBAS, ambas partes plenamente identificadas a los autos. ASI SE DECIDE. TERCERO: De conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, se condena en costas a la parte recurrente. ASI SE DECIDE.

......Por las razones y consideraciones expuestas, este Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de este Circuito Judicial del Trabajo, administrado Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la INADMISIBILIDAD de la demanda incoada por el ciudadano NAPOLEÓN MORETA, ya identificado, actuando en su carácter de apoderado de la ciudadana YERITZA SORIEL MORETA AYALA, asistida por los abogados NOLAN FAJARDO y JHONNATHAN MORENO, inscritos en el Inpreabogado bajo los N° 187.820 y 280.610. Y así se decide. PUBLIQUESE y REGISTRESE LA PRESENTE DECISIÓN. AÑOS: 207° y 159°.- LA JUEZ NEREIDA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ LA SECRETARIA YESENIA FUENTES En la misma fecha se dictó, publicó y diarizó la presente decisión. LA SECRETARIA YESENIA FUENTES

Se dictó decisión mediante el cual se entiende renunciado el derecho a retasa ejercido por la parte intimada de autos, conforme a los lineamientos explanados en el fallo, y se declaró firme el monto de los honorarios demandados por Jorge José Melechón y Rafael Campos Azuaje, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, abogados en ejercicio, titulares de las cedulas de identidad Nros. V-2.969.646 y V-4.589.041, inscritos en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo los Nos. 25.228 y 24.890, respectivamente.

Por las motivaciones de hecho y derecho antes expuestas este Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de Ley, declara: Primero: Homologada la transacción en la demanda por cobro de diferencia de prestaciones sociales y otros conceptos laborales incoada por la ciudadana Maria Lucia de Montilla, titular de la cédula de identidad Nº V.-13.814.411, contra la entidad de trabajo AB. Proyectos e Inspeciones C.A., ambos identificados en autos. Segundo: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. Tercero: Se acuerda expedir por Secretaría las copias certificadas requeridas, a tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 21 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, instando a las partes a consignar los fotostatos correspondientes.

Se dicto decisión mediante la cual se declaro improcedente la solicitud de reposición de la causa realizada el día 20 de febrero de 2018, por frank freytes nuñez identificado en auto en su carácter de apoderado judicial, toda vez que sería reabrir el lapso probatorio el cual se encuentra totalmente vencido.