1. INADMISIBLE la OFERTA REAL DE PAGO, intentada por MARIA CRISTINA YÉPEZ DE VÁSQUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédulas de identidad N° V 5.260.903, a favor de SUCESIÓN JUAN RUPERTO CORDERO SUÁREZ, quien en vida fuera venezolano, mayor de edad, titular del a cédula de identidad Nº 445.844 y de este domicilio. 2. NO HAY CONDENATORIA EN COSTAS por la naturaleza de la decisión.

En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Juzgado Tercero de Municipio de Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: 1. CON LUGAR la solicitud de Divorcio, de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil y consecuencialmente declara disuelto el vínculo matrimonial existente entre los ciudadanos BLADIMIR ALFREDO PERNALETE HERNANDEZ y YOLEIDA PASTORA CARRILLO PEREZ, venezolanos, mayores de edad, cónyuges entre si, titulares de las cédulas de identidad Números V- 7.374.806 y 10.775.285, respectivamente, de este domicilio, cuyo vínculo aparece constatado según acta expedida por la Parroquia Concepción del Municipio Iribarren del Estado Lara, la cual corre inserta bajo el N° 675, folio N° 348 fte del libro de matrimonios llevados por ese despacho durante el año 1985. 2. En consecuencia, ofíciese a la Parroquia Concepción del Municipio Iribarren de.....

En consecuencia, por las razones antes expuestas, este Juzgado Tercero de Municipio de Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, NIEGA LA ADMISIÓN de la demanda interpuesta por el procedimiento monitorio. Y así se decide

Este Tribunal con fundamento en el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil y en aras de mantener el orden en la presente causa, preservar y enaltecer el derecho a la defensa y proteger el derecho al debido proceso, los cuales se encuentran contenidos en nuestra Carta Magna, REPONE la causa al estado de intimar al defensor ad-litem a los fines de formular la respectiva oposición dentro de los diez días siguientes a su intimación, de conformidad con el Art. 651 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.