. En consecuencia se ACUERDA. PRIMERO: El obligado ciudadano PASTOR EDUARDO MARTINEZ QUERALES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. 23.573.600, suministrará a favor de sus hijos (OMISION QUE SE HACE CONFORME AL ARTICULO 65 DE LA LOPNNA un monto de QUINIENTOS BOLÍVARES EXACTOS (Bs. 500,00) semanal, es decir, la cantidad de Dos Mil Bolívares exactos (Bs. 2.000,00) mensuales, para cubrir los gastos de la Manutención, suma esta que equivale aproximadamente al 26,94 % sobre el Salario Mínimo Nacional vigente y la misma aumentará en base a dicha cantidad de dinero en un veinte por ciento (20%) en forma anual.

Este Tribunal, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio de conformidad con el artículo 185-A del Código Civil en consecuencia disuelto el vínculo matrimonial contraído por los ciudadanos HERNAN OSWALDO MORALES SARMIENTO Y DANNY MAYENI ALVARADO GUDIÑO, antes identificados, celebrado en fecha de 28 de julio de 1983 ante el Registro Civil de la Parroquia Catedral del Municipio Iribarren del estado Lara, cuya ACTA quedó inserta bajo el Nº 452, del Libro de Registro Civil de Matrimonios llevados por ese despacho durante el año 1983.

Ahora bien, en dicho caso, tratándose de una pretensión de amparo constitucional donde los derechos que se ventilan se encuentran por encima de los derechos de contenido patrimonial, se observa que la referida Sala Constitucional aplicó la figura del abandono de trámite por la pérdida del interés procesal. Esto se observa igualmente en sentencia dictada por la misma Sala en fecha 06-11-2003, Expediente Nº 02-3121, caso Orlando Pérez en la que expresó: Ahora bien establecido lo anterior, se observa que luego de la presentación del escrito contentivo de la acción de amparo el 13 de diciembre de 2002, y de la diligencia presentada el 27 de marzo de 2003, la parte accionante a partir de allí y hasta el presente, no ha realizado ninguna actuación en el proceso. Omissi... La no actuación de la parte accionante en el presente caso, quien solicitó la tutela preferente del amparo, con miras supuestamente a una solución urgente, durante mas de siete (7) meses, encuadra dentro de los extremos.....

Es decir, debido a una inacción por la parte demandante en impulsar o hacer valer su interés en el trámite del proceso, acarrea indefectiblemente un abandono en su trámite, con la consecuente decisión de dar por terminado el procedimiento. En ese sentido se observa que desde el día 20-06-12, fecha en que fue presentada la presente solicitud, hasta la presente fecha han transcurrido mas de 3 años sin que la parte solicitante haya dado muestras de interés en continuar con el presente procedimiento, es por lo que este Tribunal administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA EL ABANDONO DEL TRÁMITE y en consecuencia terminado el presente procedimiento, relativo a solicitud de TITULO SUPLETORIO presentada por el ciudadano PEDRO RAMON MARIN ARANGUREN

DECISIÓN En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Primero Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, declara SIN LUGAR la apelación interpuesta por los ciudadanos los ciudadanos WILFREDO JOSÉ ESPI y YAMILETH COROMOTO CORDERO ESPI, oferentes en el presente asunto, debidamente asistidos por el abogado Albert Martín Prieto Arias, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 25.942, en contra de la sentencia dictada en fecha 19 de febrero de 2015, por el JUZGADO SEXTO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA. Se declara INADMISIBLE la OFERTA REAL DE BIENES realizada por los ciudadanos ESPI WILFREDO JOSE Y CORDERO DE ESPI YAMILETH COROMOTO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 9.314.699 y 10.844.165, respectivamente, a favor de la firma mercantil INVERSIONES SAN MIGU.....

En consecuencia, este Tribunal a los fines de dar continuidad a la ejecución de la sentencia, concede a la parte demandada, ciudadano RAFAEL RAMÓN ATACHO PERAZA, seis (06) días de despacho contados a partir que conste en autos, la notificación del referido ciudadano, a cancelar a la parte demandante, la cantidad de CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO BOLÍVARES CON SESENTA Y SEIS CÉNTIMOS (Bs. 48.264,66) por concepto de intereses de mora correspondientes al pagaré No. 86801044 y la cantidad de DIECISEIS MIL CIENTO OCHENTA Y TRES BOLÍVARES CON TREINTA Y TRES CÉNTIMOS (Bs. 16.183,33) por concepto de intereses de mora correspondientes al pagaré No. 86801210; todo ello a los fines de dar cumplimiento voluntario a la sentencia dictada por este Tribunal en fecha 27 de abril del 2015; en caso de incumplimiento, se procederá a la Ejecución Forzosa. Notifíquese mediante boleta al demandado.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Con lugar el Ofrecimiento Obligación de Manutención y Régimen de Convivencia Familiar, acorde al compromiso suscrito por los ciudadanos René José Vásquez Rodríguez y Sonia Del Carmen Rojas Rojas, antes identificados, todo de conformidad con lo previsto en la norma del artículo 470 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

Este Juzgado Primero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Con lugar el Ofrecimiento Obligación de Manutención, acorde al compromiso suscrito por los ciudadanos Antonio Humberto Morillo Meléndez y Rosi Andreina Lameda Pérez, antes identificados, todo de conformidad con lo previsto en la norma del artículo 470 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes.

SE DICTO SENTENCIA HOMOLOGANDO DESISTIMIENTO, ASIMISMO, SE DIO POR TERMINADO LA PRESENTE SOLICITUD Y SE ORDENO LA DEVOLUCION DEL DOCUMENTO ORIGINAL. SEGUIDAMENTE SE CUMPLIÓ CON LO ORDENADO.

PRIMERO: CON LUGAR el recurso de apelación interpuesto por la parte demandada, y se ANULA el auto dictado el 14 de mayo de 2015 por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, respecto al pronunciamiento sobre la inadmisión de la inspección judicial. SEGUNDO: Se inadmite la prueba de inspección judicial solicitada por la parte demandada, por ser impertinente, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 75 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.