este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la pretensión contenida en la presente demanda, en virtud de haberse conformado defectuosamente un litisconsorcio pasivo en la presente causa.

-III- Por las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara HOMOLOGADO EL DESISTIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO, en el juicio que por RESOLUCION DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO sigue el ciudadano EDUARDO JOSE ALVAREZ CASTRO contra el ciudadano GERARDO ALVAREZ, ambas partes identificadas con anterioridad, en el presente expediente No. AP31-V-2013-001419 de la nomenclatura particular de este Despacho, y se procederá como sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con el Artículo 263 del Código de Procedimiento Civil, concatenado con el Artículo 265 eiusdem. Regístrese, publíquese la presente decisión y déjese copia. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Décimo Cuarto de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. E.....

Se dictó Sentencia Interlocutoria con Fuerza Definitiva, mediante la cual se declaró: Homologado el Desistimiento del "procedimiento" ejercido por la parte actora.

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRANSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, Administrando Justicia en nombre de la REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por la Autoridad de la Ley, de conformidad con lo estatuido en los artículos 12, 242, 243 y 267 del Código de Procedimiento Civil, declara: LA PERENCION DE LA INSTANCIA en el Juicio intentado por BANCO CANARIAS DE VENEZUELA, BANCO UNIVERSAL contra SOCIEDAD MERCANTIL GRANELEROS DEL CENTRO GRANCECA, C.A, ambas partes identificadas en el inicio de la presente decisión. De conformidad con lo que dispone el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, no se causan costas dada la naturaleza de la decisión.

Se DECLARA a la niña (SE OMITEN DATOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), CARGA FAMILIAR del ciudadano TOMAS ISRAEL ELIZANDRE MEDINA, mayor de edad, venezolano y titular de la cédula de Identidad N° V-18.042.605, quedándose en todo caso a salvo los derechos de terceros.

Se publicó el extenso del fallo que declaro Parcialmente Con Lugar la demanda que por ACCION MERO DECLARATIVA DE UNIÓN ESTABLE DE HECHO DENOMINADA CONCUBINATO que intentara la ciudadana VERÓNICA MARGARITA SILVA FALCÓN, venezolanVERÓNICA MARGARITA SILVA FALCÓNa, mayor de edad, portadora de la Cédula de Identidad N° V-13.686.169 en contra PABLO JOSÉ GONZÁLEZ HERNÁNDEZ.

Se se AUTORIZA suficientemente a la ciudadana ZAYRA ADELA BELFORT ISTURIZ, mayor de edad, venezolana y titular de la cédula de identidad Nº V.-6.915.186, para que realice todas las diligencias necesarias por ante El Servicio Administrativo De Identificación, Migración Y Extranjería (SAIME), a los fines de obtener el pasaporte de su hija, la niña (SE OMITEN DATOS DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES), en el entendido que la expedición del pasaporte no concede permiso a la mencionada niña para salir del Territorio de La República Bolivariana de Venezuela.

Sobre la base de los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Segundo de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley decide, HOMOLOGAR la liquidación y partición amistosa de los bienes de la comunicad de ganancias que existió entre los ciudadanos Ingrid Zuleima Castro Aldana y José Luís Morgado Osorio, titulares de las cédulas de identidad números 6.445.833 y 6.193.075, respectivamente, en los términos por ellos convenidos en el escrito autenticado en fecha 11 de diciembre de 2013, ut supra referido, de conformidad con el precepto contenido en el artículo 788 del Código de Procedimiento Civil

II Con fundamento en las razones de hecho y de derecho antes expuestas, este Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario, decide: PRIMERO: Se ADMITE, cuanto ha lugar en derecho, el presente recurso contencioso tributario. SEGUNDO: Se ordena proceder a la tramitación y sustanciación del expediente hasta su decisión definitiva. Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 del Código Orgánico Tributario, visto que la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario (SIB) no formuló oposición a la admisión; se entenderá según lo dispuesto en el artículo 268 ejusdem, que el primer día de despacho siguiente, la causa quedará abierta a pruebas. Dado, firmado y sellado en la Sala del Despacho del Tribunal Superior Tercero de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, al octavo (08) día del mes de enero de dos mil catorce (2014). Años 203º de la Independencia y 154º de la Federación. LA JUEZA, .....

En este sentido, a los fines de unificar criterios y de cumplir con la finalidad última de la jurisprudencia, tanto como fuente de inspiración normativa y orientadora del ordenamiento jurídico, siendo una herramienta fundamental de la certeza jurídica y del derecho garantista de la estabilidad de los pronunciamientos judiciales y por tratarse del máximo intérprete del texto constitucional, este Tribunal de conformidad con el artículo 321 del Código de Procedimiento Civil (aplicable analógicamente al presente proceso judicial) y el artículo 335 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y como quiera que la competencia es de orden público y puede ser revisada por el juez de la causa de oficio en cualquier grado y estado del proceso, teniendo la facultad de corregir y controlar dicho presupuesto procesal, en virtud de la función de dirección a que lo autoriza y en virtud del criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia sobre el caso concreto, con.....