Por las razones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Noveno en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, actuando como tribunal de alzada, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: En virtud de las razones expuestas, SE DECLARA LA DEBIDA HOMOLOGACIÓN DEL DESISTIMIENTO DE LA ACCIÓN Y DEL PROCEDIMIENTO que en la presente causa efectuó la abogada intimante, Rayza Salazar Arocha, mediante diligencia consignada el 17 de enero de 2007 (F.250), en virtud de lo cual se declara consumado tal acto, procediéndose como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada. SEGUNDO: Como consecuencia del anterior particular, se ordena remitir en su forma original al tribunal de origen, a los fines indicados. Publíquese, regístrese, diarícese, notifíquese, déjese copia certificada de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 del Código de Proc.....

este JUZGADO CUARTO SUPERIOR DEL CIRCUITO JUDICIAL DEL TRABAJO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara como punto PRIMERO: SIN LUGAR la apelación interpuesta por la parte demandada, contra la decisión de fecha diecinueve (19) de Junio de dos mil diecisiete (2017), emanada del Juzgado Décimo Segundo de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SE CONFIRMA la sentencia de instancia con otra motiva. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada.

En mérito de las consideraciones anteriores, este Juzgado Vigésimo Tercero (23°) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Con lugar la demanda intentada por el ciudadano FRANKLIN MÉNDEZ contra la entidad de trabajo FESTEJOS DEL PRADO, C.A., DEBIDAMENTE INSCRITA EN EL REGISTRO MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL DISTRITO FEDERAL Y ESTADO MIRANDA EN FECHA 05/10/1976, BAJO EL NRO. 74, TOMO 104-A SGDO. Y EL CIUDANO ANTONIO LÓPEZ EN FORMA PERSONAL. SEGUNDO: Se condena a la parte demandada al pago de Bolívares DOS MILLONES QUINIENTOS SECENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA CON CUARENTA CÉNTIMOS (2.565.390,40.) de prestaciones sociales y los conceptos laborales establecidos en la motiva de la presente decisión, los intereses sobre prestaciones sociales que resulten.....

SE ADMITE el presente recurso contencioso administrativo funcionarial cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública. Así se decide. III DECISIÓN Por las razones antes expuestas, este Juzgado Superior Octavo de lo Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Capital, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: PROCEDENTE el amparo cautelar interpuesto conjuntamente con el recurso contencioso administrativo funcionarial por la ciudadana BEREMIG DEL CARMEN RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la Cédula de Identidad No. 13.720.522, abogada inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 85.844, actuando en su propio nombre y representación, contra el acto administrativo contenido en la Resolución No. 1256, de fecha 31 de julio de 2017, dictada por la ciudadana Fiscal General de la República. .....

Ahora bien, de todo lo anteriormente expuesto se desprende claramente el cumplimiento de la referida sentencia, en consecuencia, este Órgano Jurisdiccional declara TERMINADO el proceso en el presente juicio, ordena el archivo del presente expediente, y remítase si lo hubiere el expediente administrativo del caso, en su debida oportunidad a la oficina administrativa de origen. LA JUEZ, YARITZA VALDIVIEZO ROSAS LA SECRETARIA ACC, JEANNETTE RUIZ YVR/JR/yc.- Exp: 5678

Ahora bien, en el caso de autos, se observa que el bien inmueble objeto de la acción de prescripción adquisitiva (usucapión) interpuesta por el demandante, ciudadano GUSTAVO ENRIQUE CROCKER, en contra del FONDO DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LOS DEPÓSITOS BANCARIOS (FOGADE), en su carácter de Ente Liquidador de la entidad financiera, BANCO DE LOS TRABAJADORES DE VENEZUELA C.A., (B.T.V.), de acuerdo a la interpretación vinculante señalada, siempre que exista la liquidación de la empresa o ente financiero sometido a Regulación Especial, si bien es cierto, procede la tramitación de cobro ante el órgano liquidador, haya o no habido sentencia definitivamente firme, pues a partir de la publicación en Gaceta Oficial, habrá una pérdida sobrevenida de la Jurisdicción del Poder Judicial frente al órgano liquidador, quien en todo caso, es el encargado de pagar las acreencias a que hubiere lugar, no es menos cierto que, el objeto de la presente acción es sobre la acción de prescripción adquisitiva (usuca.....

DISPOSITIVO Por todas las razones que anteceden, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara CON LUGAR la INHIBICIÓN, planteada en fecha diecisiete (17) de julio de dos mil diecisiete (2017), por la Juez del Tribunal Superior Primero en lo Civil, Mercantil, del Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Dra. INDIRA PARIS BRUNI en el juicio que por TACHA DE FALSEDAD siguen los ciudadanos THAMARA SOFIA MONCADA CHOURIO, ANNABEL DEL CARMEN MONCADA CARBAJAL y OSCAR ENRIQUE MONCADA ARTETA contra la ciudadana MARIA ELENA DELGADO. Líbrense los oficios acordados en esta decisión al Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas; y al Juzgado Superior Octavo en lo .....

Por las razones antes expuestas este Juzgado Superior Décimo en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: SIN LUGAR la recusación propuesta el 30 de junio del 2017 por el abogado LUIS FRANCISCO MELÉNDEZ MARTÍNEZ, actuando en su propio nombre y representación, contra la abogada CAROLINA GARCÍA CEDEÑO, Jueza del Juzgado Noveno de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Dando cumplimiento a lo ordenado por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en su sentencia Nº 1175 del 23 de noviembre del 2010, se ordena la notificación de la presente decisión mediante oficio a los Juzgados Noveno y Séptimo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Transito y Bancario Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Car.....

En el mismo orden de ideas, de una revisión exhaustiva de los autos no consta que el acta del remate celebrado en fecha 23 de abril de 2013, haya sido debidamente protocolizada ante el respectivo registro inmobiliario, tal como dispone el ordinal 1º del artículo 1.920 del Código Civil, requisito indispensable para que la propiedad de inmueble sea oponible a terceros. Ahora bien, pese a dicha circunstancia, se deja constancia que la indicada acta de remate mal podría trasladar la propiedad y posesión de dicho lote de terreno al adjudicatario, pues el mismo fue expropiado por causa de utilidad pública, que resulta un acto traslativo de propiedad de naturaleza preponderante, en virtud del interés general que se antepone al interés particular del adjudicatario. Sin perjuicio de lo anterior, el acta de remate podrá servir como título del adjudicatario para reclamar la justa indemnización por parte del Estado, en el contexto del indicado procedimiento de expropiación. Así se establece.-

Este Tribunal acuerda expedir copia certificada solicitada, así como de la diligencia que la solicita y del presente auto que lo acuerda, todo en conformidad con los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil.