Ahora bien, no existe en autos prueba alguna de que la prestación de servicios se prolongará más allá del tiempo señalado por las demandadas, por lo tanto se tiene que la misma finalizó el 31 de diciembre de 2008, teniendo la parte actora hasta el 31 de diciembre de 2009 para presentar la demanda, y hasta el último de febrero del 2010 para notificar al empleador. Al folio 140, consta en autos acta levantada por la Inspectoría del Trabajo, consignada por la trabajadora en la prolongación de la audiencia de juicio, que por su carácter de documento administrativo y al no ser impugnado por las partes, se le otorga pleno valor probatorio, en el que se observa se dio por concluido el reclamo presentado por la actora en fecha 08 de junio de 2010; señalándose en la misma que dicho procedimiento fue iniciado el 04 de mayo de 2010; es decir fuera del lapso previsto. Además, no se evidencia se haya notificado al empleador en dicho procedimiento. Igualmente se observa, que la presente demand.....

Por todo lo expuesto, existen los requisitos necesarios para declarar que la responsabilidad por el accidente laboral sufrido por el actor tuvo lugar por la prestación del servicio y por una circunstancia insegura provocada por la demandada, quien no cumplió con las normas de prevención y seguridad de sus trabajadores, debiendo pagar al actor la indemnización prevista en el Artículo 130, Numeral 3, de la Ley de Prevención, Condiciones y Medio Ambiente de Trabajo, por lo que se ordena a la demandada a pagar seis (6) años de salario, con base al diario devengado por el actor Bs. 21,66, el cual no fue rechazado por el demandado y se tiene como cierto (Artículo 135 LOPT), por lo que se condena la indemnización por un monto de Bs. 47.435,40.

Ahora bien, ante la falta de cumplimiento de la providencia administrativa invocada; y al no existir en autos pruebas que justifiquen la actitud asumida por el querellado, es evidente la directa violación del Derecho al Trabajo previsto en el Artículo 87 de la Constitución, por lo que se declara con lugar la pretensión constitucional solicitada. En consecuencia, se concede a la querellada cinco (05) días hábiles para el cumplimiento voluntario de esta decisión, de conformidad con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, lapso que comenzará a contar al día siguiente de la publicación de ésta decisión. Así decide.