En consecuencia y siendo que los Tribunales de Municipio tienen competencia para conocer de los asuntos contenciosos hasta por la cantidad de TRESCIENTOS OCHENTA Y UN MIL BOLÍVARES (Bs.381.000,00), siendo que el valor de cada Unidad Tributaria es de CIENTO VEINTISIETE BOLIVARES (Bs.127,00), y tomando en cuenta que la suma estimada es superior a la mencionada, es por lo que este Juzgado Vigésimo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, se declara incompetente por la cuantía, para conocer de la presente controversia y DECLINA LA COMPETENCIA, a los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, a tal fin se ordena la remisión del presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de los Tribunales de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que se.....

este Tribunal acuerda en conformidad. En consecuencia, se ordena notificar a la parte co-demandada, ciudadanos LUBERTO CONTRERAS y JORGE ALEJANDRO SAYEGH CHIDIAC, venezolanos, mayores de edad y titulares de las cédulas de identidad Nros. 269.118 y 2.814.661, respectivamente, y/o en la persona de sus apoderados judiciales, abogados JUDITH RAMOS y RAFAEL OSORIO, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 37.043 y 107.051, respectivamente. Todo de conformidad con lo establecido en los artículos 233 y 251 del Código de Procedimiento Civil. Líbrese boleta de notificación. Cúmplase.

Este JUZGADO SEPTIMO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, TRÁNSITO y BANCARIO DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL AREA METROPOLITANA DE CARACAS, administrando justicia en nombre de la Republica y por autoridad de la Ley, de conformidad con lo estatuido en los artículos 12, 242, 243, 255, y 256 del Código de Procedimiento Civil en concordancia con lo estatuido en los artículos 1.713 y 1.714 del Código Civil, IMPARTE LA HOMOLOGACIÓN A LA TRANSACCION JUDICIAL, presentada por las partes en el presente juicio identificadas en la primera parte de la presente decisión.

Este Tribunal declaró: PRIMERO: IMPROCEDENTE la defensas previa opuesta por los apoderados judiciales del demandado. SEGUNDO: IMPROCEDENTE la OPOSICIÓN formulada por el demandado TERCERO: CON LUGAR la partición del bien inmueble ampliamente identificado, en la proporción de un 50% a cada uno de los comuneros, y se fijó para las dos de la tarde (2:00 P.M.), del décimo (10º) día de despacho siguiente a la constancia en autos de la última notificación que de las partes se haga, para que tenga lugar el nombramiento del partidor. CUARTO: SIN LUGAR por IMPROCEDENTE, la petición de la venta del bien inmueble objeto de partición, al precio actual del mercado inmobiliario, y el pago de los frutos que ha debido producir el bien inmueble de partición.

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos de hecho y de derecho expuestos, esta Sala Siete (7) de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto el 14 de enero de 2015, por el ciudadano JAIRO CHIRINOS, Defensor Público Centésimo Noveno (109º) Penal del Área Metropolitana de Caracas, actuando en su carácter de defensor del ciudadano RONALD ALEXANDER DIAZ BERRIOS, titular de la cédula de identidad número V-20.132.001, con fundamento a lo establecido en el artículo 439 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal; en contra de la decisión dictada por el Tribunal Duodécimo (12º) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decretó en contra del referido ciudadano medida de pr.....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos esta Sala Sexta de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, admite el Recurso de Apelación interpuesto por la Profesional del derecho KARLA SANTIAGO, en su condición de Defensora Pública Centésima Décima (110ª) del Área Metropolitana de Caracas, quien recurre de conformidad con lo establecido en el artículo 439 numeral 4 del Código Orgánico Procesal Penal, contra la decisión dictada el 17 de enero de 2015, por el Juzgado Décimo Cuarto (14°) de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, mediante la cual decreta la Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, al ciudadano STEVEN MANUEL PEREZ, a quien se le sigue la presente causa por el delito de HOMICIDIO CALIFICADO CON ALEVOSÍA POR MOTIVOS FUTILES, previsto y.....

D I S P O S I T I V A A la luz de las consideraciones anteriormente expuestas, esta Sala Cuatro de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la inhibición planteada por la DRA. MARILDA RÍOS HERNÁNDEZ, en su carácter de Juez Presidente de esta Sala N° 4 de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, de conformidad con lo establecido en el artículo 99 en concordancia con lo señalado en el artículo 89 numeral 7 ambos del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese, Diarícese, Déjese Copia de la presente Decisión.

Ahora bien, estando dentro de la oportunidad procesal para admitir la presente querella funcionarial prevista en el artículo 98 de la Ley del Estatuto de la Función Pública publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.522 del 06 de septiembre de 2002, revisadas como han sido las causales de inadmisibilidad previstas en el artículo 35 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa publicada en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.447, del 16 de junio de 2010, reimpresa por error material en Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 39.451 del 22 de junio de 2010 y verificados los requisitos exigidos en el artículo 33 de la indicada Ley que regula la Jurisdicción Contencioso Administrativa, este Tribunal ADMITE cuanto ha lugar en derecho la querella funcionarial ejercida por la mencionada ciudadana. En consecuencia, se ordena citar a la ciudadana PROCURADORA GENERAL DE LA REPÚBLICA, a los fines que.....

Primero: Sin lugar la cuestión previa contenida en el ordinal 7º del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, promovida por la representación judicial de la parte demandada en la presente contienda judicial. Segundo: Se condena a la parte demandada en la presente incidencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil.

PRIMERO: decreta MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO, sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada, hasta cubrir la cantidad de UN MILLON CUATROCIENTOS ONCE MIL CIENTO SESENTA Y UN BOLIVARES CON TREINTA Y CUATRO CENTIMOS (Bs1.411.161,34), suma esta que comprende el doble de la cantidad demandada, más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Tribunal, en un veinticinco por ciento (25%), las cuales ascienden a la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y CINCO BOLIVARES CON SETENTA CENTIMOS (Bs. 156.795,70). En caso de que dicha medida recayese sobre sumas líquidas de dinero, la misma deberá ser practicada hasta por la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO BOLIVARES CON cincuenta Y DOS CENTIMOS (Bs. 783.978,52), la cual corresponde a la suma líquida demandada más las costas supra señaladas SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, dada la naturaleza de la presente decisión.