este Juzgado Superior Quinto de lo Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, una vez verificado que no existe violación de norma de orden público, declara PERIMIDA la instancia en la querella interpuesta por el ciudadano Juan Antonio Poleo, titular de la cédula de identidad N° 4.277.704, asistido por la abogada Martha López, Inpreabogado Nº 55.981, contra la Cámara Municipal de la Alcaldía del Municipio Libertador del Distrito Capital.

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, esta Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella interpuesta por los abogados WILLIAM F. BENSHIMOL R., LAURA R. BENSHIMOL DOZA y LEON S. BEMSHIMOL SALAMANCA, actuando con el carácter de apoderados judiciales del ciudadano FRANK RIVERO VAZQUEZ, antes identificados, contra la GOBERNACIÓN DEL ESTADO MIRANDA. En consecuencia se declara: PRIMERO: Se ordena a la Gobernación del Estado Miranda ajustar la pensión de jubilación del ciudadano Frank Rivero Vázquez con base al sueldo actual correspondiente al cargo de Director de Presupuesto. SEGUNDO: Se niega el resto de las solicitudes de conformidad con lo establecido en la parte motiva del presente fallo. Se ordena notificar de la presente decisión al Presidente o Representante Legal del Instituto Venezolano de los Seguros S.....

Por las consideraciones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Cuarto en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto por la abogada NILIA VELÁSQUEZ, apoderada judicial de la ciudadana MARIA DE JESUS ALVARADO DE MARRERO, antes identificadas, contra el MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN, y en consecuencia: 1.- SE ORDENA: El pago de los intereses de mora generados por el retardo en el cumplimiento del pago de las prestaciones sociales, de conformidad con el artículo 92 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, tomando en cuenta para ello la tasa prevista en el literal C del artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en consecuencia, debe pagársele a la actora los intereses moratorios producidos desde el 01 de Octubre de 2003, calculados .....

Por las razones expuestas, este Juzgado Superior Primero en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Capital, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la querella interpuesta por el ciudadano LUÍS ANTONIO HUISE PEREZ, asistido por la abogada GREGORINA SOTO VELASCO, ambos plenamente identificados en la parte motiva del presente fallo, contra el acto administrativo contenido en la Resolución Nº 007354 de fecha 30 de agosto de 2006 dictada por el ciudadano Alcalde del Distrito Metropolitano de Caracas.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo para el Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, declara PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación opuesta por la parte demandada contra la sentencia de fecha 24 de mayo de 2006, dictada por el suprimido Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Régimen Procesal Transitorio del Trabajo del Circuito Judicial del Área Metropolitana de Caracas. SEGUNDO: SIN LUGAR la defensa de prescripción de la acción opuesta por la demandada. TERCERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por la el ciudadano Romel Gavotti Franquinez contra la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (C.A.N.T.V.) por reclamación de derecho de jubilación especial y demás beneficios. CUARTO: SE CONDENA a la demandada a pagar de manera vitalicia a la actor.....

Se ordeno agrgar escritos . Igualmente se Nego Inspección ocular.

Por recibido el presente expediente proveniente Juzgado Noveno de Municipio de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, el cual esta formado por un cuaderno principal en 311 folios útiles, bajo el oficio número 338-2007, de fecha 22 de junio de 2007.- El Tribunal le da entrada, ordena anotarlo en los libros respectivos.- En consecuencia, se avoca al conocimiento de la presente causa, y fija el vigésimo (20º) día de despacho siguiente a la presente fecha, para que las partes presenten sus informes, todo de conformidad con lo previsto en el artículo 517 del Código de Procedimiento Civil

Por todo lo anteriormente expuesto, esta Sala Uno de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, Administrando Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: ADMITE el recurso de apelación interpuesto por la Abogada SONIA DOMMAR PELLICER, Defensora Pública Septuagésima Tercera de la Unidad de Defensa del Área Metropolitana de Caracas, en su carácter de defensora del ciudadano PONCE BARRIOS JOSE DANIEL, en contra de la decisión dictada en fecha 23 de Mayo de 2007, por el JUZGADO NOVENO DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE CONTROL DEL CIRCUITO JUDICIAL PENAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS, en la que dicta el siguiente pronunciamiento: “…de tal manera que es forzoso para este Tribunal declarar sin lugar la solicitud presentada por la Defensora Pública N° 73 Penal Abg. SONIA DOMMAR, por improcedente…”, y en consecuencia, esta Sala de Apelaciones resolver.....

CON LUGAR LA RECTIFICACION DE ACTA DE MATRIMONIO

PRIMERO: Se anula el auto dictado en fecha 19 de marzo de 2002, por el Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Agrario del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, de conformidad con el artículo 206 del Código de Procedimiento Civil. SEGUNDO: Se repone la causa al estado de que el Tribunal de Primera Instancia Marítimo con competencia nacional y sede en la ciudad de Caracas emita su pronunciamiento sobre las oposiciones formuladas a las pruebas promovidas, tal como lo ordena el artículo 399 del Código de Procedimiento Civil, en su parte in fine. TERCERO: No hay condenatoria en costas por la naturaleza del fallo