Como se aprecia de la cita parcial que antecede, la Sala efectuó un análisis al Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas Decreto-Ley así como a normas contenidas en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, dejando claramente establecido la no paralización arbitraria de los procesos judiciales iniciados con anterioridad al aludido Decreto, lo cual generaría una situación de anarquía judicial tan peligrosa como el mal que se pretende evitar a través de desalojos arbitrarios, determinando que lo correcto es la prosecución de los juicios hasta llegar a la fase de ejecución de sentencia, donde deberán suspenderse hasta tanto se apliquen y verifiquen los mecanismos procedimentales que establece el Decreto Ley; motivo por el cual este Juzgado Superior Segundo hace suyo el criterio establecido por la mencionada Sala y acuerda reanudar la presente causa. Así se decide.

En consecuencia, congruente con todo lo expuesto y visto que la sentencia dictada por el juzgado a quo que declaró inadmisible la presente demandada en razón de que no cumplía con los presupuestos establecidos en el artículo 340, específicamente el ordinal 6º del Código de Procedimiento Civil, no se encuentra ajustada a derecho debido a que no se exhortó a la parte actora a consignar los documentos fundamentales de la demanda, emitiendo despacho saneador dada las circunstancias aducidas en el tribunal que primigeniamente conoció la causa, instando a la actora a consignar los recaudos pertinentes a los fines de la admisión de la demanda. Conforme con todo lo antes descrito, este jurisdicente declara con lugar el medio recursivo ejercido y revoca la sentencia objeto de apelación, y así se dispondrá de manera positiva y precisa en la sección dispositiva de este fallo judicial. Así expresamente se decide. III DISPOSITIVA En mérito de las anteriores consideraciones, este Juzga.....

De conformidad con los criterios doctrinal y jurisprudencial parcialmente plasmados en la presente motiva, los lapsos procesales establecidos en la ley no son relajables en virtud de que se encuentran previstos a los fines de garantizar la igualdad entre las partes interesadas en una controversia en específico, protegiendo a su vez el efectivo ejercicio de la defensa a dichas partes interesadas. Ahora bien, indica la recurrida que la fase probatoria se inició el 4 de febrero de 2015 y culminó el 30 de abril de 2015, ambas fechas inclusive, y al no haber sido solicitada la prórroga del lapso de evacuación de pruebas por parte de la representación judicial de la accionante, dicho lapso expiró, feneció, culminó fatalmente el 30 de abril de 2015, no estando permitido a algunas de las partes ni al Tribunal complementar o impulsar cualquier actividad vinculada al lapso probatorio ya que había concluido, sin que se evidencie de autos que la promovente haya requerido o dado cumplimiento a l.....