Recibido como ha sido comunicación suscrita por la Supervisora de la Unidad de Atención a la Victima en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada a los denunciantes de un delito contra las personas, Ciudadano ILDEMARO SÁNCHEZ ARIAS, es por lo que se ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCION acordada en fecha 30-05-03 por este Tribunal al prenombrado ciudadano y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

Recibido como ha sido comunicación suscrita por la Supervisora de la Unidad de Atención a la Victima en la cual informa la necesidad de mantener la medida de protección policial acordada a los denunciantes de un delito contra las personas, Ciudadana HEIDI ANDRADE TRILLO, es por ello que este Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 9, ACUERDA RATIFICAR LA MEDIDA DE PROTECCION acordada en fecha 3-10-03 por este Tribunal a la prenombrada ciudadana y a su familia. Todo de conformidad con lo previsto en el artículo 55 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el artículo 23 del Código Orgánico Procesal Penal.

En virtud a las consideraciones expuestas, este Juzgado Superior Tercero Agrario, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA SIN LUGAR el recurso de apelación ejercido por el abogado Luis Meléndez, apoderado intimado en fecha 21 de octubre de 2003 contra la sentencia dictada por el Juzgado de Primera Instancia Agraria de la Región Agraria del Estado Lara, en fecha 17 de septiembre de 2003 (fs. 343 al 348). Por cuanto se observa renunciado por la parte intimada el derecho a la retasa, SE DECLARA en consecuencia firme los Honorarios Profesionales intimados por los abogados Oscar Giménez Martínez y Julio Corrales Medina en contra de la ciudadana Olinda Josefina Alvarez Cabrera. SE CONDENA a la parte Intimada OLINDA JOSEFINA ALVAREZ CABRERA a cancelar a los profesionales del derecho intimantes Oscar Giménez Martínez y Julio Corrales, la cantidad de cincuenta y siete millones cuatrocientos mil bolívares (Bs. 57.400.000,oo) .....

este Tribunal, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara PERIMIDA LA INSTANCIA, en la presente causa, conforme alo establecido en el Artículo 267 del Código de Procdedimiento Civil,

este Tribunal actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordenar proceder en esta causa como en sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el Artículo 651 del Código de Procedimiento Civil.

Se declara firme el decreto intimatorio.